La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide revisar las marcas de calidad que las comunidades autónomas asignan a sus productos alimentarios. A juicio del organismo, las Denominaciones de Origen (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) generan "importantes restricciones" en el sector. En concreto, limitan la entrada de nuevos operadores, merman la capacidad de competición de otros elaboradores y establecen límites a la producción y la transformación. Asturias tiene nueve consejos reguladores: Afuega`l Pitu, Cabrales, Vino de Cangas, Chosco de Tineo, Faba Asturiana, Gamonedo, Queso Casín, Sidra de Asturias y Ternera Asturiana.

El organismo que garantiza la libre competencia en España pone el foco en estas figuras ante el imparable aumento de productos protegidos y su valor económico. Prueba de ello es que las Denominaciones de Origen en nuestro país pasaron de 18 en 1990 a 186 en 2014. Actualmente, ya sobrepasan las 300. El caso de Ternera Asturiana pone de manifiesto la capacidad de crecimiento de estos sellos de calidad agroalimentaria. La institución sumó este año 126 nuevas explotaciones, que superan en un 19 por ciento las incorporaciones que se produjeron en 2015. En total, aglutina a 5.568 ganaderías y a 11.150 terneros.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Mercados opina que las Denominaciones de Origen no respetan la libre competencia al agrupar en sus estructuras a los elaboradores más importantes de un territorio. El organismo aprecia que "las amplias facultades que otorga la ley y el propio reglamento de los consejos reguladores" propicia que las figuras de protección alimentaria dejen sin competencia a los productores que no decidan obtener la certificación. Y no sólo eso. El organismo destaca en un informe, hecho público ayer, otras muchas restricciones. Entre ellas, que las Denominaciones de Origen dificultan la entrada a nuevos operadores por sus límites territoriales e impiden en otros casos aumentar su producción. Asimismo, piden requisitos demasiado exigentes en el procedimiento de registro.

La Comisión de Mercados propone que el control oficial de los productos no recaiga en una sola entidad -a menudo en el consejo regulador- como se viene haciendo ahora, sino en varias. Y va más allá al reclamar una separación de las funciones de control y gestión, además de una revisión de los costes, que no se ajustan a los incentivos deseables, según asegura. "Esto tiene efectos potencialmente negativos tanto en los propios operadores como en los consumidores en su conjunto, que podrían ver encarecidos los precios a pagar por estos productos", concluye.