Los cajones de los ayuntamientos asturianos guardaban al cierre de 2015 facturas pendientes de pago sin imputar al presupuesto por un montante global próximo a los cinco millones y medio de euros. El mecanismo es legal y habilita un lugar de la contabilidad municipal, la llamada "cuenta 413", donde "archivar" impagos imprevistos, algo así como un aliado legítimo para auxiliar a corporaciones locales asfixiadas por las restricciones de los periodos de pago que el año pasado utilizaron 24 concejos asturianos, algo más de un tercio. El procedimiento permite guardar en esa cuenta gastos no programados, que no tengan consignación en el presupuesto.
El saldo asturiano de esta partida, oficialmente denominada de "acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto", superaba levemente el año pasado los 5,4 millones. Es el recuento del coste de los bienes y servicios ya recibidos pero aún no abonados ni consignados en los presupuestos, repartidos desigualmente entre los 24 ayuntamientos que decidieron servirse del procedimiento. Cincuenta de los otros 54 cerraron el ejercicio con esta caja a cero y de cuatro, Piloña, Ponga, Villanueva de Oscos y Villayón, no consta información en los registros del Ministerio de Hacienda.
Es Oviedo el principal usuario del cajón, el líder absoluto con 2,1 millones de euros, más de un tercio de todos los créditos "congelados" en los ayuntamientos del Principado. Según el último recuento disponible, actualizado al final del primer trimestre de este año, el consistorio de la capital había reducido sus pagos pendientes a más de la mitad, a 902.935 euros que sin embargo le mantenían en el primer puesto de la clasificación de los usuarios asturianos de la caja de las facturas dormidas. De los otros grandes municipios de la región, Gijón había enjugado a 31 de marzo los 260.000 euros en facturas pendientes que tenía al cerrar 2015, Siero tenía aplazados 139.835 de los 361.897 de fin de año y Avilés, Langreo y Mieres conservaban esa caja vacía en los dos recuentos.
Otros menos poblados no. La tabla del uso intensivo de la caja de las facturas sitúa por detrás de Oviedo a Amieva, que cerró el año pasado con 931.209 euros, y a Aller, con 839.083. El extraño caso del pequeño municipio oriental responde, no obstante, a una cierta anomalía contable, toda vez que ese casi millón de euros corresponde a facturas efectivamente pagadas ya a los suministradores del Ayuntamiento. Sucede que Amieva, que arrastraba de mandatos anteriores el lastre de una cuantiosa deuda, decidió no acogerse en 2012 al mecanismo de pago a proveedores de las entidades locales por su sospecha de que no podría afrontar los intereses del crédito que en ese caso le concedería el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Estado asumió entonces los pagos a los acreedores del municipio a cambio de retener parte de los fondos que corresponden a Amieva en el reparto de los tributos estatales. Así pasó a ser acreedor del Ayuntamiento, y como esta deuda ha de tener una aplicación contable, aunque los proveedores hayan cobrado el cargo figura en la "cuenta 413" de las facturas pendientes de pago.
En los primeros tres meses del año, el cargo total baja a 2,3 millones, pero sin que muchos concejos hayan remitido sus datos. Aller, tercer municipio con más recibos congelados al final de 2015, había rebajado a 776.000 los casi 840.000 de diciembre, y Laviana, el cuarto, no había informado a Hacienda sobre el estado en que se encontraban los más de 600.00 euros en facturas en el cajón al final del año pasado. Sólo 29 de los 78 ayuntamientos asturianos habían remitido sus datos actualizados al 31 de marzo, dieciocho tenían la cuenta a cero y once mantenían saldos pendientes, entre ellos Castrillón y Grado, los únicos que en esos tres meses pasaron de no tener deudas a contabilizar recibos aplazados impagados.
La admisibilidad de la "cuenta 413", entendida como una fisura consentida en la estricta vigilancia que Hacienda ejerce sobre las finanzas de los ayuntamientos, ha sido puesta en duda con cierta reiteración, entre otras por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por lo que puede tener de vía de escape al plazo máximo de pago de facturas que impone la ley, treinta días. Las voces críticas han pedido que se exija un examen concienzudo de la evolución de la cuenta y el Ministerio ha emitido una nota dirigida a las corporaciones en la que se les recuerda la "necesidad de dar cumplimiento a la obligación que tienen de controlar el desarrollo de la cuenta 413".
