26 de agosto de 2016
26.08.2016
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Los abogados de Educación revisarán la contratación de la exedil inhabilitada

La condena que pesa sobre la exconcejala de Cudillero plantea dudas sobre si podrá acceder a la plaza de profesora que sacó este verano

26.08.2016 | 02:58
Los abogados de Educación revisarán la contratación de la exedil inhabilitada

La consejería de Educación ha puesto en manos de sus servicios jurídicos la contratación de la ex concejal de Cudillero María Verena Prendes, inhabilitada mediante sentencia firme por un plazo de 3 años. La ex edil había superado la oposición de enseñanza Secundaria que ha llevado a cabo este verano la consejería de Educación y había obtenido una plaza en un centro público de Corvera. Su situación jurídica, por la condena que arrastra de su etapa de concejal en Cudillero, plantea ahora dudas sobre si el Principado podrá formalizar o no su contratación, según expertos en derecho administrativo consultados por LA NUEVA ESPAÑA.

María Verena Prendes García fue inhabilitada por tres años y condenada al pago de una multa de 3.600 euros por un delito de exacciones ilegales en un procedimiento en el que también resultó condenado Francisco González, por unos hechos que se remontan a su etapa como alcalde del PSOE en el ayuntamiento de Cudillero. La ahora opositora había sido concejal de Comercio cuando, entre 2003 y 2008, se cobró una tasa ilegal de 2.000 euros a cuatro chiringuitos que abrían en verano en el puerto pixueto. Ese dinero se destinaba a sobresueldos de los agentes de la Policía Local que se encargaban de la vigilancia de la zona y no constaba en las nóminas. La sentencia que inhabilitó tanto al exalcalde socialista de Cudillero como a la concejal fue considerada firme en marzo de este año, después de que el Tribunal Supremo ratificase los fallos dictados con anterioridad por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El Alto Tribunal rechazó los recursos presentados por González y Prendes al entender que el derecho penal "no admite" que los ciudadanos puedan ser "sometidos a la arbitrariedad de verse obligados a abonar cantidades que se han establecido de forma totalmente caprichosa por el Alcalde, sin sumisión a procedimiento alguno, por su mera y exclusiva voluntad, y sin dictar siquiera una resolución administrativa que se pudiese cuestionar o recurrir". Ello, admitía el fallo del Supremo, "con independencia de que la intención última del alcalde no fuese apropiarse de cantidad alguna, e incluso pretendiese actuar en beneficio del interés general imponiendo el pago de cantidades destinadas a abonar sobresueldos a los agentes municipales para sufragar el servicio de vigilancia nocturna de los chiringuitos".

La consejería de Educación publicó el pasado mes de julio el nombre de María Verena Prendes en la relación de destinos adjudicados para el curso 2016-2017, concretamente con un puesto en un centro público de Las Vegas, en el concejo de Corvera. "Tenemos detectada esta situación y ya está en manos de nuestros servicios jurídicos", manifestó un portavoz de la Consejería, que añadió que se tomará una decisión "en función de lo que determine" dicho departamento.

La situación jurídica de la exconcejal de Cudillero ante su acceso a la plaza que ganó en la oposición de enseñanza secundaria plantea consideraciones bien distintas entre expertos en derecho administrativo consultados por LA NUEVA ESPAÑA. Alejandro Huergo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, advirtió que este asunto puede acabar desembocando "en un nuevo pleito". En su opinión, la condena, ratificada por el Supremo, "no impide" a la exconcejal de Cudillero "presentarse a una oposición para un puesto público", ya que el delito de exacciones ilegales establece la suspensión para el ejercicio de un puesto público. Huergo añadió que el estatuto Básico del Empleado Público prohibe optar a una oposición a quien está inhabilitado "pero no dice nada del que está suspendido". Eso sí, apunta el catedrático, los condenados por suspensión no pueden prestar servicios en ninguna Administración durante el tiempo de condena; en este caso hasta que pasen los tres años que marca la sentencia.

Javier Junceda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Cataluña, sostiene que "incluso suspendida de empleo o cargo no puede acceder al puesto". A su juicio, la adjudicación de esa plaza sería "nula". La Administración "puede revisar de oficio este acto nulo o bien estimar un recurso administrativo que alguien interponga". Foro de Cudillero pedirá a su grupo parlamentario que exija responsabilidades por la adjudicación de la plaza a la exconcejal condenada, al Gobierno regional en la Junta General del Principado. "Estamos escandalizados por esa adjudicación (...) La exconcejala no tenía derecho a presentarse a ocupar un plaza en un colegio público, ya que está en pleno período de inhabilitación", valoró Juan Carragal, presidente de los foristas en Cudillero.

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