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ALBERT CALDERÓ | Consultor especializado en sistemas de gobierno y dirección y gestión

"No hay precedentes de despidos de funcionarios; de hecho, son intocables"

"La Administración pública se mueve más por inercia que por los cambios legales"

Albert Calderó. LNE

Albert Calderó (Reus, 1949) es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, ejerció como funcionario del Área Metropolitana de Barcelona y fue Director de Organización y Personal del Ayuntamiento de Terrassa. Desde 1983 ejerce como consultor en las instituciones públicas, especializado en sistemas de gobierno y dirección y gestión de personas. Ha dirigido proyectos de consultoría en más de 150 instituciones públicas, y ha impartido formación en más de 50 universidades y escuelas de administración pública de España e Hispanoamérica. Calderó fue el fundador, en 1987, y el director hasta 2008 de Estrategia Local, una empresa consultora dedicada exclusivamente al sector público, en materia de planificación, organización, recursos humanos y comunicación. Actualmente es su subdirector.

-¿Qué le parece el conflicto en Asturias con los planes locales de empleo?

-Sorprendente. No tengo noticia de que haya ocurrido nada similar en ningún otro sitio.

-El Principado asegura que el problema es el tipo de contratación y que eso depende del Estado.

-Es cierto que en materia de contratación laboral la competencia es estatal, no autonómica. En eso tiene razón. Pero eso no significa que no haya soluciones.

-Volviendo a la legislación estatal y el contrato por obra y servicio, ¿qué opina de ello?

-Ahí está el error. El Derecho Laboral no está pensado para la Administración Pública. Si usted establece que se hace un contrato por obra y servicio, que es el que se adaptaría en el caso del Derecho Laboral, entonces se aplica el principio "in dubio pro operario", que establece que en caso de duda el protegido es el trabajador, que es la parte más débil. Pero en la Administración Pública no puede ser que el interés de un particular prevalezca sobre el interés público.

-¿Cuál es su propuesta?

-La propia ley da la solución con el Derecho Público, que establece el principio "in dubio pro imperio": en caso de duda, el interés protegido debe ser el interés público. Por eso la solución está en la figura del funcionario interino de programa. Es más, defiendo que para todo tipo de contrataciones no definitivas, la Administración debería usar siempre esta figura, porque es protectora para ella sin que suponga una merma de derechos para el trabajador.

-Pero una de las pegas que se le achaca es que es necesario un concurso-oposición.

-No es exacto. Lo que dice la ley es que debe haber un proceso de publicidad y selección por mérito, no habla de concurso-oposición. Dice que se debe aplicar un procedimiento ágil y que garantice la igualdad de oportunidades. Se trata de que sea un proceso con garantías y transparencia.

-En el pacto de concertación hay un compromiso de que tendrían prioridad las personas que cobran el salario social, que son parados de larga duración y en la mayoría de los casos con escasa cualificación.

-La legislación estatal no regula con detalle los procesos de selección de los funcionarios interinos de programa, solo establece principios generales. Con normativa autonómica se podrían muy bien compaginar estos principios generales con los objetivos específicos de estos programas de empleo y de estos pactos sociales. Lo que habría que hacer es fijar bien las condiciones mediante el consenso de los actores implicados. Es decir, en la normativa específica y en las bases de la convocatoria se pueden tener en cuenta las causas sociales, y también la publicidad y los méritos. ¿Dónde está el problema?

-La figura que usted plantea no se utiliza habitualmente.

-Es verdad. Porque es revolucionaria, y bastante reciente. Todo lo nuevo supone cambios, y la Administración pública se mueve más por inercia que por los cambios legales. Y en general el Derecho de la Función Pública está pensado para defender los derechos de los funcionarios más que la eficacia de la Administración. Es muy privatista. No es casual que se haya modificado muy poco en los años de democracia.

-¿Por eso se dice que los funcionarios son intocables?

-Hay una ley curiosa que muy resumida dice que si un funcionario hace una trastada pequeña, la sanción debe de ser pequeña; si la trastada es grande, pues la sanción debe ser grande, y si es tremenda, pues la sanción también debe de serlo. Esto que parece tan sencillo y proporcional, casi nunca se ha aplicado. No hay precedentes de despidos de funcionarios, salvo escasísimos casos muy puntuales. Sí, de hecho son intocables.

-Algunos han echado en cara a quienes han demandado a los ayuntamientos que lo hayan hecho, cuando se les dio un empleo por un año.

-Los trabajadores tienen derecho a usar la ley en su beneficio. Pero es que jamás de la vida le puede pasar a un ayuntamiento lo que le ha pasado en Asturias a tantos ayuntamientos con los planes locales de empleo.

-Las sentencias las dictan los jueces...

-Y quizás los ayuntamientos no se han sabido defender del todo bien. Los jueces no tienen la culpa, ellos aplican las leyes, aunque es cierto que pesa que haya sentencias anteriores en un mismo sentido. Eso pasa con el Derecho Disciplinario, que casi no se aplica, pero es porque generalmente los ayuntamientos hacen mal el expediente disciplinario y los jueces los rechazan.

-¿No le parece bien?

-Sí, estoy de acuerdo, porque para despedir a un funcionario hay que justificarlo muy bien, y si el expediente es un desastre, es lógico que el juez lo eche abajo.

-El Principado elabora las bases y publica la convocatoria, pero dice que las demandas y sentencias contra los ayuntamientos no son cosa suya.

-Un problema que tienen las comunidades autónomas uniprovinciales es que en muchas ocasiones se olvidan de su misión como diputación provincial que también son, y se les olvida el trabajo de apoyo técnico a los municipios. Una parte importante del dinero que recibe la autonomía del Estado es precisamente para ejercer ese papel. No son los ayuntamientos los que tienen que buscar una solución, sino la Administración regional la que tiene que trabajar intensamente en ello. No hay una solución milagrosa, de hoy para mañana. Pero he leído que IU propone una jornada técnica de estudio y me parece una gran idea. Deberían reunirse el Gobierno regional, los grandes ayuntamientos, la Federación de Concejos, los sindicatos y algunos expertos para analizar la situación y hallar una solución de consenso. Y eso se puede hacer.

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