"En España hay cinco mil jueces. Un 85 por ciento de ellos viven totalmente ajenos a la politización de la justicia, que se concentra en los puestos de la élite judicial". El catedrático de Derecho Administrativo y exeurodiputado Francisco Sosa Wagner apuntó ayer en su discurso de ingreso en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia tres medidas que contribuirían a salvaguardar, de manera definitiva, la independencia judicial que, en su opinión, no depende tanto de la tan cuestionada designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial como de apostar por un procedimiento regulado para nombrar a los jueces que deben ocupar los principales puestos del escalafón.

"Centrar la crítica mediática, que se realiza en los periódicos, las televisiones y las radios, sobre las designaciones del Consejo General del Poder Judicial supone un debate totalmente equivocado", planteó, de entrada, Sosa Wagner, para quien "lo realmente importante es la independencia judicial". ¿Y cómo lograr ese objetivo? El catedrático, que fue recibido por el constitucionalista Ramón Punset, vicepresidente de la Academia, apuntó tres medidas que combinadas alejarían buena parte de las sombras de sospecha existentes actualmente.

Acabar con los nombramientos discrecionales. Sosa Wagner plantea que los puestos de la élite judicial se asignen, al igual que los del resto de jueces, por oposición y concursos. "Hay que acabar con la fórmula de que los magistrados del Supremo, de las distintas Salas, y de las Audiencias, y de los Tribunales Superiores de Justicia sean nombrados de manera discrecional. Esos nombramientos deberían realizarse a través de un procedimiento regulado. La élite judicial no puede escapar de los mecanismos regulados de selección. Hay que evitar que las elites estén en manos de las cúpulas de las asociaciones judiciales".

Evitar las puertas giratorias. Impedir que los jueces que se pasan a la política puedan retornar a la actividad judicial como magistrados, "volver a ponerse la puñeta", expresión empleada por Sosa Wagner en referencia al encaje bordado que llevan jueces y fiscales en las bocamangas de sus togas. "Todos los días tenemos ejemplos de este tránsito, que debería ser suprimido", afirma el catedrático de Administrativo.

Suprimir los nombramientos políticos de jueces. Ahora los parlamentos autonómicos tienen la capacidad de proponer nombramientos para la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. "Se da la circunstancia de que estas salas son las que luego deben conocer de sobre los asuntos que afectan a los aforados", destaca Sosa Wagner. El exeurodiputado afirmó que la aplicación de estas medidas supondría un "paso de gigante en la independencia judicial" y tendrían la ventaja de que no sería preciso "abordar la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que obligaría a modificar la Constitución" .