La Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, reclama en su Memoria de 2016 -referida al ejercicio 2015-, aún no difundida al público, la puesta en marcha de la llamada nueva oficina fiscal, una reorganización que permitirá a la Fiscalía contar con una plantilla de funcionarios propia y acorde al número de fiscales; así como un área de gestión que liberará a los fiscales de las tediosas labores burocráticas y centrarse en las tareas de investigación. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que acudió en la mañana de ayer a presentar a la nueva directora de Justicia, Concepción Iglesias, a la Fiscal Superior, indicó que en próximas reuniones se abordará la puesta en marcha de esta oficina fiscal.

Esther Fernández también reclama en su memoria de 2016 que se fije el número de funcionarios destinados en las Fiscalías, teniendo en cuenta la plantilla de fiscales y los distintos órganos que se atienden, acordando un aumento automático de plantilla cada vez que el número de fiscales o juzgados aumente, cubriéndose de forma provisional estas plazas con interinos, hasta la modificación de la relación de puestos y la convocatoria del correspondiente concurso.

También pide en la memoria un compromiso por parte del Gobierno autonómico para atender las necesidades de la Fiscalía en circunstancias excepcionales. Y un acuerdo entre distintas comunidades para acabar con las desigualdades entre las diferentes fiscalías territoriales.

De esta forma, la Fiscalía se evitará los problemas que tuvo que enfrentar con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que obligó a la revisión de cerca de cinco mil causas. Tal como se refleja en la memoria, Fernández reclamó a Presidencia un refuerzo de cuatro funcionarios para abordar esa revisión, que fue denegado. También se creó una nueva plaza de fiscal, y pese a la solicitud efectuada, no se procedió a la creación de la correspondiente plaza de funcionario, "ni tan siquiera por vía de refuerzo". Finalmente, la revisión de las 4.782 causas tuvo que hacerse con la asignación de tres fiscales de refuerzo de marzo a mayo. No hubo refuerzo de funcionarios: diez de ellos prolongaron su jornada en abril y mayo, los dos últimos meses establecido por el Ministerio de Justicia para completar la revisión. Tras la reunión de ayer, Guillermo Martínez aseguró que el Principado está invirtiendo un millón de euros en infraestructuras judiciales, y otros 350.000 para la adaptación al expediente digital.