La arquitectura institucional del Principado sobrepasa los treinta años y cada vez son más los partidos que urgen una renovación, una particular "mano de chapa y pintura" a las reglas del juego político de la región. Ciudadanos acaba de registrar una iniciativa para acabar con los aforamientos de los diputados autonómicos, el Parlamento regional tramita ya la reforma de la ley electoral de Asturias y el Gobiernos socialista y su socio de investidura, IU, estudian la fórmula para cambiar la ley de elección del presidente regional.
La exigencia de reformas legislativas está vinculada a la demanda de una regeneración de las instituciones, que contribuya a ralentizar e invertir el proceso de desafección y desconfianza de la sociedad hacia la política. El movimiento más reciente procede del partido de Albert Rivera, que presentó el pasado lunes una proposición no de ley en la Junta General que tiene como finalidad poner en marcha un procedimiento para eliminar el aforamientos de los diputados asturianos.
Esta iniciativa, que ya fue tumbada la pasada primavera en el Senado por el PP y Foro, requeriría una modificación parcial del Estatuto de Autonomía de Asturias, vigente desde 1981. El aforamiento impide que los diputados regionales puedan ser detenidos o retenidos en Asturias y establece que los únicos jueces que puedan decidir sobre su inculpación, prisión o procesamientos sean los del Tribunal Superior de Justicia de Asturias o, fuera de Asturias, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Esta iniciativa de Ciudadanos, suscrita por su portavoz en la Junta, Nicanor García, sostiene que el aforamiento supone "un privilegio" y que en otros países democráticos "no existe esa figura o se aplica a muy pocas personas". Por ejemplo, en Francia el aforamiento se limita al Presidente de la República, al Primer Ministro y a los ministros; en Portugal e Italia, tan sólo se aplica al Presidente de la República y en Alemania y el Reino Unido, no está previsto tal derecho.
El politólogo Daniel Guerra no tiene claras las ventajas que supone la eliminación de la figura del aforamiento. "Es una decisión que no debe tomarse a la ligera y que ha de seguir debatiéndose. No tengo claro que el aforamiento suponga un beneficio para los políticos porque esa condición les obliga a renunciar a, al menos, una instancia judicial, ya que tan sólo pueden ser enjuiciados por los Tribunales Superiores de cada comunidad autónoma o por el Tribunal Supremo". Guerra admite que "la supresión del aforamiento suena bien, en el momento actual de exigencia de regeneración, pero no soy muy favorable a esa medida".
La ley electoral asturiana se encuentra actualmente en plazo para la presentación de enmiendas por parte de los grupos de la Junta General del Principado.
El PSOE, IU y Ciudadanos han consensuado una propuesta pero los socialistas han advertido que sólo aceptarán la modificación de la actual ley, en vigor desde en 1986, si alcanza una mayoría reforzada. Podemos ha presentado varias enmiendas, entre las que destacan la limitación de dos mandatos (máximo de 8 años) para los diputados y la sustitución temporal de los parlamentarios investigados por la justicia, cuestiones sobre las que el PSOE no tiene intención de negociar. "En la limitación de mandatos no se puede hablar de una cuestión de legalidad, porque para eso están las reformas de la ley. Y no veo que sea inconstitucional porque Extremadura ha regulado la limitación del Presidente regional", apuntó Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. La afectación al derecho de sufragio pasivo, invocada por el PSOE, es cuestionada por Presno: "la limitación no inhabilita para la vida política, es una vía para favorecer la renovación, en este caso en el Parlamento asturiano, pero se puede elegir para otro cargo representativo como el de concejal, senador o diputado nacional".
El acuerdo de investidura entre el PSOE e IU, que allanó la elección de Javier Fernández como presidente del Principado incluye la reforma de la ley de elección del Presidente, aprobada en 1984. El Gobierno debe presentar el proyecto de esta ley antes del final de año. Los cambios consisten en establecer el procedimiento de investidura, que acepta el voto negativo a los candidatos y que ahora no está permitido a los diputados asturianos, así como limitar el mandato del Presidente a 8 años. Asturias y el País Vasco son las únicas comunidades autónomas que prohiben el voto negativo en la elección de su Presidente. "Esta fórmula evita el bloqueo para nombrar al Presidente pero pude propiciar legislaturas estériles, débiles y, a veces breves, como ocurrió con el Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos", valora Daniel Guerra.
