El Gobierno central aportó el año pasado 22,9 millones de euros a la aplicación de la dependencia en Asturias, el 14,2% del total, cuatro puntos menos que la media nacional. Si la aportación del Ministerio hubiera sido como la del Principado, tal y como establece la ley, no habría lista de espera, ya que se podría haber atendido a 3.895 dependientes más. El gasto público en la región por cada dependiente es de 9.200 euros al año, 700 más que la media estatal.
Estas son las principales conclusiones a las que llega la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en su último informe sobre la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. Su presidente, José Manuel Ramírez Navarro, destacó que es la primera vez que la información con la que se ha elaborado el estudio "procede de los preceptivos certificados que las comunidades autónomas tienen que remitir al Ministerio".
El gasto público total que se dedica a la atención a la dependencia en Asturias ascendió el año pasado a casi 161,5 millones de euros. De esa cuantía, el Principado aportó el 85,8%, con casi 138,6 millones de euros.
El Gobierno central no sólo no aportó lo que fija la ley, igualando la cuantía del Gobierno regional, sino que la tasa es incluso inferior a la media nacional, que se situó en el 18,1%.
Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, de los 9.200 euros que se dedican en Asturias al año a la atención de cada dependiente, el Principado aporta 7.900, mientras que el Gobierno de España reduce su cuantía a 1.300. "El Principado es, en este sentido, la cuarta comunidad peor tratada en cuanto a la financiación estatal de la dependencia", asegura.
Añade el colectivo que encabeza Ramírez Navarro que "si la Administración General del Estado no hubiera realizado los recortes en la financiación de dependencia, Asturias recibiría cada año unos 11 millones de euros más. Eso permitiría atender a unas 1.300 personas más, con lo que se eliminaría un tercio del 'limbo de la dependencia' (lista de espera de los que tienen reconocido el derecho)". Además, en el Principado se crearían unos 500 empleos directos.
Según este observatorio, "el recorte acumulado por el Gobierno de Rajoy en dependencia supera los 2.865 millones de euros, según reconoce en el Plan de Estabilidad y en los planes de reformas remitidos a Bruselas". Y añade que el gasto público total certificado fue de 6.256 millones de euros, de los que el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales aportó 1.130 millones.
Pero va más allá la asociación, y afirma que si el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales aportase la misma cuantía que el Principado, Asturias no tendría lista de espera de dependientes para ser atendidos una vez que tienen reconocido el derecho de asistencia.
El Sistema de Atención a la Dependencia se nutre de la financiación estatal, de la autonómica y del propio usuario, mediante el sistema denominado "copago".
Un informe anterior de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales desveló que la media nacional de lo que abona el usuario para financiar los servicios de la dependencia es el 20% del total, pero en Asturias esa tasa se reduce al 16,5%. El decir, la persona dependiente paga más de lo que aporta el Estado, cuyos recortes en este capítulo han supuesto para la región un quebranto de casi 42,8 millones de euros desde 2012.
Otro de los informes realizados por este Observatorio de la Dependencia indica que en el conjunto de España, si se atendiera a las 368.583 personas que están en lista de espera se generarían más de 100.000 empleos directos. Respecto de estas cifras, Ramírez indicó entonces que a finales de 2015 había 182.000 empleos directos vinculados al Sistema de Atención de la Dependencia. "Es rentable cumplir la ley, además de un derecho", aseveró.
