Los responsables de las empresas que fueron contratadas inicialmente para auditar a la sociedad pública GITPA aseguraron ayer en el Parlamento Regional que en ningún momento recibieron instrucciones o presiones del Principado, y acusaron a los políticos de haberles causado un grave daño económico y de imagen por haberles "metido en un follón" ajeno a la profesionalidad de su trabajo y a sus compañías. El Principado rescindió estos contratos de auditoría al entender en la Junta General que una empresa pública como GITPA no puede contratar a las empresas auditoras. El trabajo se adjudicó finalmente a Arroyo Norte.

Jorge González Menéndez, director General de Distecable, indicó que se le había adjudicado la auditoría de la red de cable en la red troncal occidental, de Vegadeo a Cudillero, y que cuando llevaban analizado aproximadamente la mitad del recorrido se les comunicó que se les rescindía el contrato. "No se nos explicó por qué. Suponemos que por cuestiones políticas", afirmó. También indicó que en lo que ellos habían revisado, la instalación de la fibra de cable estaba bien instalada, pero que presentaba problemas por falta de mantenimiento.

El director general de Distecable reprochó a los políticos los daños económicos y de imagen que le han causado a una compañía con amplia experiencia y prestigio en su campo por cuestiones ajenas a ellas. Y les recomendó que cuando se liciten obras públicas "llamen a las pequeñas y medianas empresas asturianas, porque tienen conocimiento y eso permitiría que nos ayudaran".

Juan Lago Urtiaga, director de Comunicación y Ventas de Distecable, señaló que esta empresa "perdió más de 4.000" euros con la cancelación del contrato y que la explicación que le dieron fue que era porque GITPA no podía contratar a la empresa que le auditara, y que él había recomendado demandar al Principado, pero que el director gerente se negó. También indicó que cuando volvió a salir a adjudicación la auditoría "ni nos avisaron ni tuvimos ningún interés en volver a presentarnos" teniendo en cuenta los daños causados.

Marcos López, responsable de los contratos de la Empresa ICV (Infraestructuras Canalizaciones y Vías ) y firmados con la empresa GITPA justificó su contratación por parte del GITPA porque "son muy pocas las compañías y personas que están autorizadas por el Adif para ejecutar las labores especializadas que había que realizar". Indicó que tuvo que firmar dos contratos, uno de cinco días y otro de diez, porque hubo que contratar un operario más de lo previsto y surgieron imprevistos con la maquinaria. Añadió que en ningún momento se recibió instrucción alguna por parte del Principado y lo que facturaron lo cobraron.

"ICV no tenía relación ni conocía al GITPA ni a nadie, tampoco a Distecable. Los trabajos fueron realizados, facturados y cobrados. Pero pueden entender el desasosiego que han creado por vernos metidos en este jaleo. Para un contrato que hacemos con la Administración, miren el follón", concluyó López.