Los representantes de las empresas que realizaron labores de auditoría e inventariado de las obras del cable de la red troncal del Occidente (entre Vegadeo y Cudillero) negaron ayer en la Junta haber recibido presiones o advertencias por parte del Principado o de la sociedad pública GITPA en su trabajo. Mientras el PSOE insistió en que había habido transparencia, el portavoz del PP en la comisión de investigación, José Agustín Cuervas-Mons, afirmó que había quedado constatado que los procedimientos de contratación "estaban lejos de la transparencia, la legalidad y la forma de actuar que debe primar en una empresa pública". Los responsables de Discable y de ICV, las empresas a las que inicialmente GITPA había adjudicado la auditoría de la red troncal del Occidente, explicaron que se les había llamado directamente y que se les había dicho que tendrían que competir con otras empresas pero que desconocían qué otras compañías habrían enviado presupuesto.

El ingeniero Héctor Alonso, que participó en la elaboración de la auditoría, negó haber recibido presiones del Principado y dijo que se había presentado un segundo documento para corregir deficiencias del primero atendiendo a una carta de la Consejería de Empleo e Industria. Añadió que efectivamente los errores que se indicaban eran ciertos. También insistió en que las obras que había inventariado no se correspondía con el proyecto, que había sobreprecios en algunos elementos y que la valoración económica la había hecho porque le parecía apropiado, no porque se le hubiera pedido. El auditor explicó que parte de los errores cometidos se debió en parte a la valoración del terreno donde se realizaron las zanjas para enterrar el cableado y recomendó centrarse en las mediciones y no en la valoración económica, que calificó de "endeble y con un margen de error que puede ser del cien por ciento".

El portavoz del PP en la comisión de investigación, Cuervas-Mons, incidió ayer en que "todo es absolutamente anormal", porque primero la sociedad pública contrató su propia auditoría y después dio las instrucciones para corregir la definitiva, "participando así activamente en ella. Todo es un despropósito absoluto de irregularidades", afirmó.

Reforma electoral

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado un total de 36 enmiendas a la propuesta de reforma de la Ley sobre el Régimen de Elecciones en la Junta General del Principado, iniciativa conjunta del PSOE, IU y Ciudadanos en la que el PP aprecia una "hiperrergulación" que "no añade" garantías democráticas ni participativas, sino "complicaciones en su gestión y sospechas".