Oviedo, José A. ORDÓÑEZ

La Unión Europea (UE) no obliga a convertir en pública la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa), como pretende el Gobierno regional entre críticas de los constructores. La única exigencia de Bruselas para que la entidad se adapte a las directrices comunitarias sobre libre prestación de servicios es que actúe en el mercado en igualdad de condiciones con el resto de operadores y que cada encomienda pase por el preceptivo concurso público. En esas condiciones, Sogepsa podría seguir funcionando perfectamente como sociedad mixta, según un informe del Consejo Consultivo del Principado sobre la modificación legal que plantea el Principado para cambiar la composición de la entidad, eliminando de su accionariado el 42% de parte privada. Se trata, apunta el dictamen del organismo que preside Bernardo Fernández, de una "opción legislativa concreta y legítima", pero no obligatoria.

El Gobierno regional calcula que comprar las acciones de la parte privada de Sogepsa, para convertirla en una entidad totalmente pública, supondría un desembolso de 9,4 millones de euros, aunque, de cara a una negociación con los socios, sostiene que el valor de mercado actual de la entidad es "prácticamente nulo". Teniendo en cuenta que el Principado ha decidido disolver la sociedad en el caso de que este proceso no esté culminado en un año, un informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo concluye que determinar ahora los efectos económicos que generaría la absorción de la parte privada es de "imposible concreción", dado que "entrarían en juego previsiblemente procesos de negociación con los acreedores", así como "procesos de realización de activos a un valor que podría apartarse en mayor o menor medida del actual valor existente".

La patronal de la construcción (CAC-Asprocon) considera que el Principado, al determinar por ley un periodo de un año para acceder al control público de Sogepsa, "so pena de proceder a la disolución de la misma", podría incurrir en "un acto de deslealtad societaria susceptible de responsabilidad patrimonial".

Preconcurso

Presidida por la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, Sogepsa acaba de salir de un preconcurso de acreedores, acumula una deuda de 150 millones de euros y tiene cientos de miles de metros cuadrados de terrenos residenciales e industriales a los que no logra dar salida. La mayor parte de ellos están en los polígonos de Bobes (Siero) y Lloreda (Gijón), operaciones que cuentan con avales del Principado por valor de 98,5 millones de euros

Sogepsa -fundada en 1984- está participada mayoritariamente por el Principado, que detenta el 45% del capital, mientras que el 13% está en manos de los ayuntamientos y el 42% restante se reparte entre firmas asturianas del sector. Las más representativas son Constructora Los Álamos, del Grupo Orejas; Coprosa y Ceyd, aunque también forman parte de la entidad otras como Constructora Principado y Arboleya Construcción y Promoción S. A.

La Comisión Europea (CE) abrió el 10 de julio de 2014 una carta de emplazamiento a España en la que advierte de que Sogepsa no cumple los principios de libre concurrencia, porque el accionariado privado no se seleccionó con "transparencia" en el momento en que se constituyó la entidad. En un primer momento, el Gobierno regional trató de facilitar la entrada en su capital social a nuevos operadores, pero fracasó rotundamente.

El PP ya ha anunciado que no apoyará el anteproyecto de ley, mientras que Foro exige la auditoría sobre la sociedad mixta que pidió la Junta antes de tomar cualquier decisión sobre ella, aunque no esconde sus dudas sobre la viabilidad del proyecto. De momento, solo IU se ha decantado por la continuidad.