La continuidad de las cercanías de vía estrecha en Asturias está en entredicho a partir de 2017. La prórroga de la condición de servicio público que obliga al Ministerio de Fomento a mantener operativas todas las líneas, incluso las más deficitarias, concluye el 31 de diciembre. A partir de ahí, las opciones de renovarla se complican por la brutal pérdida de pasajeros y las carencias en las infraestructuras y en el parque móvil. Los ferroviarios no esconden su preocupación ante la posibilidad de que la malla de Feve no cumpla los parámetros necesarios para continuar en servicio sin el paraguas del Estado y reclaman el compromiso de todas las fuerzas políticas regionales para evitar que se produzcan cierres.
El Ministerio de Fomento, todavía con Ana Pastor al frente, firmó con la operadora ferroviaria la obligación de servicio público para toda la red regional de vía estrecha en diciembre de 2013, por un periodo de dos años que expiró el pasado mes de diciembre. Entró entonces en vigor una prórroga que concluirá a finales del presente año, si es que el Ministerio no accede a prolongarla en el tiempo, a la vista de que la situación política que atraviesa el país dificulta que Fomento pueda tomar una decisión definitiva sobre las cercanías.
Cuando se integró en Renfe y en el Adif -pronto hará tres años de ello- Feve presentaba una calamitosa situación económica, con una deuda de 600 millones y unas pérdidas anuales por encima de los 147 millones. Además, los ingresos por viajeros apenas cubren dos de cada diez euros de los costes de explotación, a causa de la espectacular caída del número de pasajeros que se inició hace una década.
Salvo sorpresa, las líneas de vía estrecha de la antigua Feve en la región cerrarán el año por debajo de los dos millones de pasajeros, cuando en 2005 movían cerca de cinco millones. Según los últimos datos conocidos, entre los meses de enero y julio de este 2016 el desplome fue de 168.561 clientes con respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.
