La Junta General del Principado puede aprobar una ley ilegal, que afecta a miles de personas y que puede dar lugar a un conflicto de competencias con la Administración central. El portavoz socialista en la Junta Fernando Lastra da la señal de alarma sobre la proposición de ley de suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a los herederos de los usuarios fallecidos del ERA.
Un informe del letrado mayor de la Junta General señala categóricamente que "la proposición emplea términos para el fin que parece pretender que no son jurídicamente adecuados".
El principal escollo está en el texto de la proposición de ley que habla de la revisión de oficio de todos los expedientes de reclamación de deuda ya abonados para devolución, en su caso, de los ingresos indebidos.
El servicio jurídico de la Junta recuerda que este tipo de revisión de oficio es de "competencia exclusiva del Estado", y con sentencia por medio del Tribunal Constitucional.
El portavoz socialista Lastra asegura que "estamos ante un asunto muy grave. Esto es una enorme extravagancia, no hay situación parecido en ningún parlamento del mundo", y califica la actitud de los grupos que defienden la proposición de ley con el texto actual de "irresponsables".
La polémica salta unas horas después de que la Comisión de Servicios Sociales hubiera emitido anteayer dictamen favorable a la ponencia de esta iniciativa legislativa.
Por los pelos
Chocó, sin embargo, que tres grupos de la Comisión (PSOE, Foro y Ciudadanos) votaran en contra, en un asunto en el que en principio todos los grupos están de acuerdo. El dictamen favorable salió adelante, por los pelos, con los votos de los promotores de la proposición, Podemos, y por los miembros del PP y de Izquierda Unida.
Estamos en puertas de "una ley ilegal", dice Lastra, con riesgo de impugnación. "El buenismo para poder arreglar un problema que tiene mucha gente está generando un aumento de las expectativas a través de una solución imposible. Hay grupos en la Junta General que están cometiendo una ilegalidad a sabiendas, porque están advertidos desde hace tiempo".
El dictamen de la Comisión de Servicios Sociales pone la proposición de ley a las puertas del pleno de la Junta General. Lastra criticó especialmente la actitud del PP y de IU en apoyo de un texto que puede encallar, retrasando plazos, y lamentó que no se hubiera permitido en la citada Comisión un turno de fijación de posturas para explicar el voto de cada cual.
