Pineda, escriba treinta veces en la "pizarra" de Twitter la frase: "No volveré a insultar al portavoz de Facua". La orden y la sentencia son, por supuesto, totalmente figurados, pero algo de ese tono de castigo de la escuela de antes rezuma la condena que el Supremo acaba de ratificar contra el dueño de Ausbanc, Luis Pineda, que deberá tuitear durante un mes que ha sido condenado por difamar en Twitter al portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez. Alguno dirá que es el menor de los problemas al que se enfrenta Pineda, actualmente en prisión provisional por una supuesta trama de extorsión al alimón con "Manos Limpias". El fallo del Supremo, por otro lado, tiene aspectos más dolorosos, como los 4.000 euros que tendrá que pagar Pineda a Sánchez. Una cifra que se antoja benévola, si se tiene en cuenta que el dueño de Ausbanc faltó al portavoz de Facua hasta en 57 ocasiones, llamándolo "golfo", "imbécil", "vago" y hasta "corrupto", al acusarle de emitir facturas falsas. Tanta reiteración bien merece treinta tuiteos.
El caso es que no es la primera vez que algún insultador virtual se ve obligado a confesar en Twitter que ha sido condenado por echar la lengua a pasear. Otra Pineda -Ana Pineda Abel de la Cruz-, exconcejala de UPN en Navarra, se vio obligada en 2012 a dejar en su perfil de Twitter, durante dos meses, lo siguiente: "Publico este tuit en cumplimiento de la sentencia 11-10-12 del juzgado de 1ª Instancia 5 de Pamplona que declara que los tuits que remití el 18-3-11 vulneran el honor de doña Uxue Barkos". Pineda había publicado que Uxue Barkos, reincorporada a su puesto de concejala por Geroa Bai tras ser intervenida de cáncer de mama, había hecho un "desembarco mediático" "hurtando cobertura" a una propuesta de UPN contra la explotación sexual. Vamos, que utilizaba su enfermedad para salir en la foto.
El caso lo recuerda Miguel García Vigil, abogado de Ontier y experto en nuevas tecnologías, quien no se extraña nada de que los jueces ordenen la publicación en Twitter de rectificaciones o condenas, especialmente si se ha utilizado ese medio para cometer la ofensa. "Ya no solo se utilizan los medios tradicionales, y este tipo de sentencias serán cada vez más numerosas. Aun siendo un campo difícil, las redes sociales tienen cada vez menos bula y la Fiscalía está actuando contra los tuits que incitan al odio, como en el mundo real", dice García Vigil.
Según el catedrático de Derecho Penal Javier Gustavo Fernández Teruelo -juez sustituto en la Audiencia Provincial-, la reparación del daño se incluye en el artículo 216 del Código Penal, "que tiene una redacción muy abierta". Establece que las sentencias de delitos de injurias serán "publicadas en el tiempo y la forma que el juez o el tribunal consideren oportuno". Al ordenar la publicación del los tuits, el juez pretende asegurarse de que "los seguidores de la persona que ha realizado las expresiones injuriosas lean lo contrario", considera Fernández Teruelo.
Al profesor le chirría de todos modos el caso de Pineda. "Los calumniadores profesionales no lo harían así. Utilizarían cuentas falsas, manipulando la dirección IP, para dificultar su localización", cree. Claro que la cosa cambia cuando el insultador se considera impune.
