"Por algo estamos aquí". Hasta su despido, hace seis años, Daniel Nespral fue responsable de ingeniería y construcción en el Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado (GITPA) y ayer sabía que estaba allí, en la comisión de investigación que rastrea en la Junta las posibles irregularidades en la sociedad pública del cable, como testigo de cargo de algunas de ellas. Nespral llamó la atención de los diputados con un inventario de anomalías asociadas al tendido de la red de fibra óptica que llegaron al "sumum", según su propia definición, en "la fase 2 del despliegue de Llanes", cuando en la acometida de Celorio el acta exigía, además de cablear, labores poco habituales como asfaltar una calle casi entera, "hacer una acera y rehacer un muro delante de la casa de un vecino que resultó ser Juan Manuel Rodríguez Bañuelos", exdirector general del GITPA.

Nespral, convocado a instancias de Podemos, habló asimismo de "deficiencias" constructivas que "están costando dinero en el mantenimiento de la línea" y dijo recordarse como "predicando en el desierto" al denunciarlas dentro de la empresa. Aseguró que con el mismo dinero se podrían haber cableado "muchas más viviendas si se hubiese hecho todo bien", habló de cables tendidos a quince centímetros de profundidad en lugar de a sesenta que se cortan cuando hay que rebajar las aceras y llegó incluso a relatar, a requerimientos de Podemos y del PP, que en una ocasión desde la empresa se le pidió firmar el acta de una mesa de contratación en la que no había estado presente.

En la sesión de ayer, mientras tanto, la directora general de Industria del Principado, Sandra Velarde, quiso incidir en que "la obra se hizo" y está en servicio y en que, si hubo sobrecoste, éste estuvo "dentro del límite legal". El relato posterior del actual director general de la empresa pública, Alfonso Oliva, centrado en la auditoría que el Principado efectuó de la sociedad, y sobre cuyas conclusiones el propio Oliva remitió sus correcciones a la Consejería, lleva al diputado popular José Agustín Cuervas-Mons a considerar que la mentada auditoría "carece de todo valor" y al parlamentario de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé a calificarla de "chiste".

Lorena Gil (Podemos) acompañó esas críticas con la sospecha, apoyada en el testimonio de los extrabajadores, de "indicios de prevaricación" en la actitud de Rodríguez Bañuelos, que pudo haber beneficiado a su antigua empresa, Aggarós, con multitud de contratos menores de asistencia de obra.