Los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de España aprobaron ayer una batería de propuestas para modernizar y agilizar la administración judicial. Las principales reivindicaciones se centran en la elaboración y aplicación de un plan nacional de justicia electrónica y la revisión de la distibución territorial de los partidos judiciales.
El objetivo de estas exigencias es conseguir una justicia "más moderna, capaz de dar respuesta a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia".
La reunión anual de los presidentes de los tribunales superiores de justicia, las máximas autoridades judiciales de las comuniddes autónomas, se celebró ayer en Logroño y a ella asistió Ignacio García Vidau por Asturias.
Los planteamientos defendidos y aprobados por unanimidad en dicho encuentro coinciden plenamente con las reclamaciones realizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en sus últimas intervenciones. Más allá de mejorar las infraestructuras inmobiliarias, fundamentales para el desarrollo del trabajo diario, los jueces reclaman la implantación de los "más modernos métodos de organización e instrumentos para la gestión procesal en todos los órganos judiciales".
Las máximas autoridades judiciales de las comunidades autónomas defienden la "necesidad de reformar la estructura organizativa judicial", avanzando a los órganos jurisdiccionales unipersonales para una mejor distribución del trabajo y compartir recursos e información, lo que se traducirá en un ahorro de costes.
También plantean reordenar la distribución territorial de los juzgados, como se lleva reclamando en Asturias desde hace tiempo. Con las nuevas infraestructuras, la proximidad a los ciudadanos ya no debe ser un criterio básico de planificación, afirman.
Los jueces también quieren que se implante un plan nacional de digitalización que sea común para todas las comunidades autónomas con independencia de que las competencias en materia de Justicia estén o no transferidas. Con una hoja de ruta común, aseguran, se deberían planificar los procesos de implantación de la justicia digital al mismo ritmo en todo el país.
La litigiosidad
La tasa de litigiosidad en Asturias se situó en el segundo trimestre de este año cuatro décimas por debajo de la media nacional, al bajar el 9,2% respecto del mismo periodo de 2015 y bajar a 33,8 puntos por cada mil habitantes, según los datos publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La jurisdicción de lo social es la que presenta un mayor número de casos, liderando el ránking nacional. Le siguen la Civil, la Penal y la Contencioso-Administrativa.
La tasa de congestión de los juzgados asturianos se sitúa entre las mejores del país, y la ratio de sentencias dictadas ofrece los segundos mejores resultados, sólo superada por La Rioja.
