El Principado mantiene intacta su previsión de respuesta a los planes de empleo

El Gobierno prevé los mismos 700 contratos que vaticinó hace un año y defiende los cambios en el programa ante las dudas de los ayuntamientos

20.10.2016 | 04:20

El Gobierno del Principado autorizó ayer el lanzamiento de la convocatoria de ayudas para los planes locales de empleo con la misma dotación presupuestaria del año pasado, 9,78 millones de euros, e idéntica previsión de setecientas contrataciones de parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión social. La estimación de incorporaciones eleva notablemente la de este año, cuando el número de beneficiarios se rebajó a 555 en buena medida por la renuncia de varios ayuntamientos a participar en el programa. Desistieron acosados por la inseguridad jurídica originada por una cascada de denuncias que ocasionó en las arcas municipales un quebranto económico tan notable que en conjunto ha superado ya con creces los diez millones y, por tanto, también la cifra de inversión prevista por el Principado en este capítulo.

El Gobierno mantiene la previsión por su confianza en las modificaciones incluidas en la línea de subvenciones con el propósito de borrar las tentaciones de denuncia y los efectos de los reveses judiciales. En esencia, los cambios son los ya anunciados y pactados entre el Gobierno, la patronal, los sindicatos y la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que sin embargo no ha eliminado los recelos de algunos ayuntamientos. Este año renunciaron a aplicarlos en Avilés, Mieres y Langreo y al menos los dos primeros han planteado ya sus recelos sobre la eficacia de las reformas propuestas para evitar las denuncias. Consisten éstas en que la convocatoria deja de ser exclusivamente laboral para compatibilizar el trabajo en los ayuntamientos con la formación para el empleo. Los adjudicatarios prestarán servicios para los municipios durante un año, pero entre el séptimo y el duodécimo mes recibirán además adiestramiento a cargo del Servicio Público de Empleo y a continuación tendrán un seguimiento formativo indefinido y personalizado de sus posibilidades de inserción laboral.

El Gobierno llega así, en la versión que ayer dio el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, hasta el límite máximo al que "la Administración puede llegar para ofrecer la mayor garantía y evitar las reclamaciones". Son reformas "novedosas", añadió, que agotan lo que permite la legislación estatal que tutela estos contratos. Martínez destacó que la solución es el fruto del trabajo con la FACC, pero algunos municipios mantienen sus reticencias a participar en el programa. El equipo de gobierno socialista de Avilés ha asegurado ya, por ejemplo, que la nueva situación cambia "poco o nada" la anterior. Para ampliar las facilidades, el Principado ha ampliado el plazo para suscribir los contratos hasta el 31 de marzo de 2017 en lugar del 31 de diciembre habitual.

El gasto para poner en marcha los planes forma parte de una partida global de 27,1 millones aprobado ayer para cubrir diferentes estrategias de inserción laboral y favorecer la inserción laboral de un número de desempleados cifrado en 3.600.

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