La mitad de los funcionarios de la cárcel asturiana se jubila en los próximos cinco años

Acaip pide a Instituciones Penitenciarias que rejuvenezca la plantilla y la aumente, toda vez que ahora ya hay 50 vacantes

21.10.2016 | 03:53
La mitad de los funcionarios de la cárcel asturiana se jubila en los próximos cinco años

Ningún funcionario de la prisión de Asturias tiene menos de 35 años, lo que habla del envejecimiento de la plantilla. El sindicato Acaip en la cárcel asturiana ha elaborado un informe según el cuál 179 de los 422 funcionarios, el 42,4 por ciento, se jubilará en los próximos cinco años. Esto se debe a la alta edad media de la plantilla, 55 años. Además, 345 funcionarios ha cumplido medio siglo. De ellos, 190 están en el área de vigilancia, y por tanto realizan labores que les obligan a estar muy en contacto con los presos. Los mayores de 50 años suponen el 80 por ciento del departamento de mayor riesgo.

Pero hay que tener en cuenta otro parámetro. A partir de los 56 años, los funcionarios pueden acogerse a la segunda actividad, que les permite dedicarse a tareas menos peligrosas. En los próximos cinco años podrán acceder a ella un total de 104 funcionarios de vigilancia, un 44.1 por ciento de los 236 trabajadores del servicio. A esa cifra hay que sumar los 82 funcionarios de vigilancia que se jubilarán, y que suponen el 34,7 por ciento. Uniendo los dos parámetros -y teniendo en cuenta solapamientos-, Acaip calcula que las labores de vigilancia sufrirán en cinco años una merma de 138 funcionarios, lo que dejaría el servicio con menos de cien.

Acaip exige no solo el rejuvenecimiento de la plantilla, sino el incremento. En la prisión de Asturias ya hay 50 vacantes (son 1.700 en todo el Estado). Los 422 funcionarios de Asturias se ocupan de una población de 1.306 reclusos. La ocupación se sitúa en un 129 por ciento. La del Centro de Inserción Social (CIS) es aún mayor, del 450 por ciento.

La falta de personal puede conducir a que un solo funcionario tenga que encargarse de la vigilancia de un módulo de 160 reclusos (ahora suelen ser dos), algo que ya se da a veces. Los últimos enfrentamientos, con funcionarios heridos, llevan a Acaip a pedir una mejor clasificación de los internos. Por otro lado, la exclusión de los funcionarios de prisiones del protocolo de agresiones de la administración -pese a que son ellos los que sufren el 60 por ciento de los ataques- sigue siendo una asignatura pendiente denunciada ante la Defensora del Pueblo. Ciudadanos ha planteado una pregunta en el Congreso sobre esta situación. En cuando al conflicto de la UTE, Acaip estima que tiene un cariz político y personal, y que solo se ha reglamentado su actividad.

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