La Mesa y la junta de portavoces del Parlamento regional han frenado el intento del Gobierno autonómico de tramitar por la vía de urgencia el anteproyecto de ley que reforma la actual normativa urbanística para abrir la puerta a la reconversión en 100% pública de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa). El PSOE solo encontró el apoyo de IU para una iniciativa que Cristina Coto calificó ayer de "chantaje" a la Cámara. Es más, la presidenta y portavoz de Foro tildó de "gran mentira" que la Unión Europea (UE) obligue a eliminar el 42% de accionariado privado en la entidad. "A lo único que insta Bruselas es a que Sogepsa actúe en el mercado en igualdad de condiciones con el resto de operadores. Por tanto, se ha intentando engañar a la Junta General", añadió Coto, en la misma línea que mantiene el PP.

En esta tesitura, la dirigente forista ya avanza que su formación "no va a apoyar que el Gobierno compre con el dinero de los asturianos una empresa con un pufo que se acerca a los 188 millones de euros y con casi 100 millones en avales por las marrullerías de la consejera Belén Fernández, apoyadas cual mandato imperativo por Javier Fernández".

Otra de las cuestiones sobre las que Cristina Coto se muestra especialmente crítica es con el encargo de una auditoría de la sociedad a una empresa ajena a la Administración, que cobra unos 21.000 euros por un trabajo que no estará listo hasta dentro de cuatro meses.

Tras insistir en que el "modelo de funcionamiento de Sogepsa es ilegal, como ha dejado claro la UE al obligar a cambiarlo", la portavoz de Foro cargó duramente contra el "desmán sin precedentes" que aprecia en la gestión realizada por los gobiernos socialistas en una entidad de suelo que, según dijo, "coquetea con la insolvencia". "Existen responsabilidad claras que aún no podemos calificar", sentenció.

Frente a las críticas de los partidos de centro-derecha, fuentes de la Consejería de Ordenación del Territorio precisaron ayer que hay varias razones que respaldan la urgencia de sacar adelante el anteproyecto de ley. Así, apuntan que Bruselas "ha planteado la necesidad de establecer como prioridad la modificación del texto legal, así como fijar un calendario para su tramitación a completar en 2016". Es más, posponer la cuestión, según la Administración, aumenta el riesgo de sanción; prolonga en el tiempo las restricciones a la capacidad de actuación de Sogepsa, limitada ahora a la mera comercialización de solares, y agrava aún más su endeudamiento.