La Fiscalía Anticorrupción se quererllará contra José Ángel Fernández Villa por apropiación indebida y falsedad documental, según publica la edición digital del diario "El País". Fuentes jurídicas indican que el fiscal acusará a Villa de quedarse durante años con las dietas destinadas a los miembros del comité intercentros de Hunosa, y también con certificaciones engordadas del geriátrico del Montepío Minero en Felechosa, un proyecto de 30 millones de euros que contó con ayudas públicas.

De esta forma concluirá una investigación de dos años que se inició tras conocerse que el exsindicalista había legalizado 1,4 millones de euros en la amnistía fiscal de 2014. La base de la acusación será el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que detalla el cobro por parte de Villa de las dietas destinadas al comité intercentros. Su secretaria detalló cómo durante años acudía a cobrar esas cantidades a una entidad bancaria, al tiempo que Villa le pedía discreción.

Por otro lado, José Ángel Fernández Villa ha vuelto a plantar al Juzgado. El exsecretario del SOMA tenía que presentarse a las once de esta mañana para ser examinado por el neurólogo Alfredo Robles Bayón, para determinar si está en condiciones de declarar, pero, media hora antes de la cita, su abogada, Ana García Boto, ha presentado un escrito en el que aduce que dicha comparecencia fue comunicada únicamente a su procuradora, pero no a él personalmente, según señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). La juez instructora, Simonet Quelle Coto, ha dictado una providencia en la que da a las partes traslado del escrito presentado, dándoles un plazo de dos días para que presenten las alegaciones que consideren oportunas y, una vez que expire ese plazo, la magistrada procederá a resolver. Villa estaba aprecibido de que, si no comparecía con una causa justificada, podría incurrir en un delito de desobediencia.

Ninguno de los letrados que han acudido esta mañana a los Juzgados, tanto Boto, que ha dicho que las actuaciones son secretas, como Luis Llanes y Miguel García Vigil, que defienden los intereses del SOMA, como Alfredo García, defensor de Pedro Castillejo, el otro demandado por malversación por el sindicato minero, han desvelado las razones de la incomparecencia ni el tenor de la providencia dictada por la juez. García indicó que, visto que Villa no ha comparecido, podría ser condenado a una multa por desobediencia.