La consejera de Derechos Sociales prometió ayer dar "en diez días una solución" a familias con deudas contraídas por residentes fallecidos en los geriátricos públicos del Principado. Pilar Varela anunció esa medida apenas unos minutos después de que la Junta General del Principado aprobase una ley para suspender los cobros de las liquidaciones hasta que no haya una auditoría y se revisen más de 3.600 expedientes de los afectados.
La aprobación de esa nueva ley no estuvo exenta de polémica. El PSOE, Foro y Ciudadanos reprocharon a Podemos, el PP e IU, que será "inaplicable" porque el Principado carece de competencias para revisar de oficio todos los expedientes. La nueva ley, promovida por Podemos, salió adelante con los 25 votos de la formación morada, el PP e IU, suficientes para imponerse a los 20 del PSOE, Foro y Ciudadanos. El diputado forista Pedro Leal se mostró contundente en la critica a los grupos que apoyaron la nueva ley: "ha vencido el engaño y el fraude político". Y dirigiéndose a las familias, que seguían el pleno desde la tribuna de invitados, les dijo: "lo siento, les han engañado". Rosa Espiño, de Podemos, defendió la aprobación porque "ahora la solución está mas cerca". La Consejera lamentó en los pasillos de la Junta General que esos grupos de la oposición no aceptasen la oferta que les trasladó el jueves sobre una solución consensuada, basada en el informe del Consejo Consultivo, que defiende aplicar la retroactividad. Varela comparecerá el día 14 para explicar la solución, que consiste en un cambio del decreto autonómico.
