06 de noviembre de 2016
06.11.2016
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Los afectados del ERA llevarán a cabo acciones legales si no se suspenden los cobros

"Se deben revisar desde ya todos los expedientes", demanda Podemos

06.11.2016 | 04:24
Un momento de la reunión de la plataforma de afectados del ERA, ayer, en el centro municipal Gijón Sur.

La ley aprobada el pasado viernes en la Junta General del Principado para suspender los cobros de las liquidaciones a las familias con deudas contraídas por residentes fallecidos en los geriátricos públicos podría abrir una nueva batalla legal. La norma, apoyada por Podemos, el PP e IU, no gozó del respaldo del Gobierno del PSOE, que la calificó como "inaplicable", aunque garantizó dar "en diez días una solución" para los afectados. Ayer, en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón-Sur tuvo lugar una reunión de la Plataforma de Afectados, en la que también participó Podemos, y en la que ambos mostraron su predisposición a emprender acciones legales en caso de que no se cumpla esa ley y se revisen los expedientes. "Nuestra proposición es hacer un recurso a la administración por el tema de nulidad de los contratos, ya que hay infinidad de irregularidades", indicó Ángel Rodríguez, presidente de la Plataforma. "No se informó adecuadamente a la gente, nunca constó el precio público del alojamiento que tenían los residentes, y las ayudas no aparecen por ningún lado", resaltó.

La diputada de Podemos, Rosa Espiño, denunció que "es insólito que el Gobierno tenga, al minuto de aprobarse, la osadía de decir que no va cumplir la ley" y añadió que "haremos los recursos legales convenientes para que se lleve a cabo ese cumplimiento". La cifra de afectados se sitúa en casi 3.400 casos. Espiño resaltó que no conocen la cifra exacta que se estaría cobrando de forma irregular, y pide que desde la Administración se deje de reclamar las deudas a los afectados. "Debe pararse desde el primer minuto que salga su publicación en el BOPA, para que la Administración se ponga a posteriori a revisar todos estos expedientes, se aplique el copago, al que tenían derecho, y se les haga el ajuste de cuenta de lo que realmente debían o no debían estas personas", indicó.

La solución de la Consejería pasaría por modificar un decreto autonómico que permitirá revisar esas deudas y que Pilar Varela explicará en una comparecencia el próximo 14 de noviembre. Desde Podemos, Rosa Espiño, resaltó ayer que "nuestro objetivo sigue siendo resolver las reclamaciones de estas 4.000 personas. Nunca nos opusimos al método por el que se lleve a cabo, pero no se puede esperar más".

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