Discurso íntegro de Javier Fernández

Comienzo con un agradecimiento. Agradezco a los diputados de Izquierda Unida, el Partido Popular, Ciudadanos, Foro y el Partido Socialista que hayan permitido aplazar esta sesión para que pudiera atender otras responsabilidades. Ha sido un gesto cortés que no menoscaba las funciones de la Junta General.

Sé que los acontecimientos nacionales impregnarán este debate. Resulta ineludible y adecuado, porque ni Asturias es un compartimiento estanco ni debe serlo. Empeñarse en alzar un muro impermeable entre la política estatal y la autonómica sería un trabajo absurdo, una construcción artificiosa e inútil, tanto como poner puertas al campo.

Ocurre, no obstante, que también hay un espacio propio de acción y de responsabilidad. Lo delimitan las capacidades de esta Junta General y del Gobierno de Asturias y es un dominio donde se ejercen potestades que inciden, directas e inmediatas, sobre la vida de la gente. Desde la calidad de las escuelas rurales, las plazas en las residencias de mayores o la cuantía del salario social hasta el instrumental quirúrgico que utilizan nuestros cirujanos.

Por lo tanto, si parecería ridículo aislarnos de la coyuntura nacional también sería tramposo y cobarde cobijarnos en las circunstancias del Estado para pretextar tácticas y decisiones eminentemente autonómicas. Vendría a ser un ejemplo de aquel sucursalismo político que tanto se maldijo, cuando se afeaba que los intereses de nuestra comunidad se supeditasen a las consignas centrales. Asturias exige más coraje. La partida no se juega sólo en sus 10.600 kilómetros cuadrados, del Eo a Tina Mayor, pero no la convirtamos en un naipe que se sacrifica en ofrenda a la estrategia de cada partido. Pongámosla en primer plano y asumamos nuestras responsabilidades, sin emboscarnos en la cuestión nacional. Con esa propuesta inicio este discurso.

Una comunidad enganchada a la recuperación.

El 25 de julio de 2016 empecé mi último mandato. Un mes antes, a finales de junio, había expuesto el discurso de investidura, entallado por una oferta continua de diálogo. De principio a fin, estaba moldeado por la invitación al acuerdo. Las elecciones habían otorgado representación a seis grupos en esta Junta General. Mi propuesta explícita consistía en hacer productiva esa pluralidad, que no agrietase en una diversidad yerma.

La cita de las fechas tiene su porqué. Cuando pronuncié aquella intervención, aún no habíamos alcanzado el pacto de investidura con Izquierda Unida. Ese entendimiento fue el primer gran acuerdo. Después vendrían la concertación suscrita con los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras y la Federación Asturiana de Empresarios y, más reciente, el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres, negociado con todos los grupos.[1][1] Ha habido otros, no tan significativos.

La disposición al diálogo era cierta, no una impostura. Sigue siéndolo, por convencimiento y por pragmatismo: no hay otra manera de gobernar cuando uno necesita apoyos parlamentarios. E incluso si tiene mayoría absoluta, nunca debe confundirla con una trinchera. La política se hace con los otros, no contra los otros. El aislamiento nacional del Partido Popular es un buen ejemplo para escarmentar en cabeza ajena.

Pese a esa voluntad, no hemos logrado que la hegemonía de izquierda existente en el parlamento se haya soldado en una mayoría política para el progreso de Asturias. Ya ven que distingo entre derecha e izquierda, categorías que hasta hace bien poco Podemos se afanaba en arrrinconar al desván y hoy vocifera con furia de converso. Despreciar un año la potencia de esa suma de 28 escaños ha sido un fallo; persistir la convertiría, con el paso del tiempo, en un error grave. Asumo la cuota de responsabilidad del Gobierno, pero niego que tenga la mayor culpa de que esa alianza haya resultado imposible. Sería cínico si lo dijera. La verdad no es equidistante: ha habido dos grupos, el socialista y el de Izquierda Unida, que se esforzaron por el consenso; y otro, Podemos, que se desentendió del compromiso a fuerza de excusas. Quiso cercar al Partido Socialista con un cordón sanitario de supuesta pureza ética, a tanto llegó su soberbia.

Todo esto ha sucedido al compás de meses inauditos en la política española. Cuando asumí la presidencia estábamos en los prolegómenos de la campaña de las generales de diciembre de 2015. Luego se encadenaron los hechos que conocemos. La prolongada tensión que acompañó este período ha actuado como un condicionante lógico pero opresivo sobre la política autonómica. Sospecho que más de una decisión relevante para Asturias se ha tomado calibrando su posible efecto electoral, con un celo tan romo como inevitable.

Esbozado el contexto, en esta intervención tengo dos deberes principales: explicarles qué ha hecho el gobierno y anunciarles iniciativas. Como otros años, no seré extensivo hasta el detalle. Intentaré también demostrar algunas falsedades, con la esperanza, seguramente vana, de que quienes las propalan recapaciten.

Arranco con la primera. En 2015, Asturias creció un 3,1, según el Instituto Nacional de Estadística. Se quedó a una décima del aumento medio nacional, superó todas las previsiones y registró el mayor incremento desde 2006. Lo repito porque es llamativo: en una década, el Principado no había alcanzado semejante desarrollo. De acuerdo con los últimos cálculos de la Autoridad Fiscal Independiente, Asturias creció de junio a septiembre un 0,8%, una décima por encima de la media. La tasa interanual volvería a situarse en un 3,1, tal como el año pasado. [2][2]

¿Cómo hemos de interpretar esos números? La crítica habitual subraya que Asturias va en el furgón de cola -hay una acreditada afición por la metáfora ferroviaria- y que aumenta el diferencial negativo respecto a la media nacional. Lo primero es falso, porque hay comunidades con peores registros. Lo segundo es una verdad parcial: la tasa media de Asturias en el período 2008-2015 suma un -1.5, la más negativa del Estado, pero es precisamente la evolución de los últimos años la que da pie a pensar en una mejora de posiciones relativas.

Ciertamente, es difícil sostener que un aumento del PIB del 3.1 sea un mal dato. Hay que leerlo con las gafas de distorsionar para llegar a semejante conclusión, y más si se tiene en cuenta que es un índice muy superior al de la zona euro y, lo que resulta de bastante interés, similar al de otras comunidades del Noroeste.

A lo largo del último año, también se ha reducido el desempleo y ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social. Cerramos octubre con 83.674 parados registrados, un 8,78% menos que el mismo mes de 2015, en tanto que el número de afiliados ha aumentado un 1,5%. Las perspectivas para el cierre de 2016 son, se lo aseguro, bastante buenas: acabaremos el año con una caída notable del desempleo.[3][3]

De nuevo, la visión negativa destacará que el ritmo de reducción del paro es menor que la media, sin pararse a considerar las constricciones que imponen nuestra estructura económica y poblacional. Obviarán que encadenamos 37 meses consecutivos de bajada interanual del desempleo, que la inversión extranjera se ha multiplicado, que las grandes empresas como Arcelor Mittal han elevado su apuesta por sus plantas en Asturias y que tanto la industria como la construcción acumulan indicios de recuperación. De hecho, las reducciones más destacadas del desempleo se dan en ambos sectores.

Lo último es muy importante. El exceso de optimismo alimenta muchas frustraciones, así que no caeré en esa tentación, pero piensen que la construcción aporta el 6% del PIB regional, casi la mitad de lo que representaba en 2008. Esto nos indica que aún sin llegar a los niveles propios de la burbuja, su potencial de recuperación es muy notable. Son los propios empresarios quienes constatan que el crecimiento ya está en marcha.[4][4]

No estamos para congratularnos. Tenemos más de 83.000 parados en una comunidad de poco más de un millón de habitantes: no hace falta decir más para advertir el color de la realidad. Lo que aseguro es que los indicadores más importantes revelan que Asturias está plenamente enganchada a la recuperación, una afirmación tan humilde, importante y contrastable como esa. No obstante, pese a la evidencia, estoy convencido de que mañana asistiremos a una nueva declamación del discurso de la calamidad, aunque también es perdonable.

La mejora, en todo caso, no es un triunfo exclusivo del Gobierno autonómico. Cuando las cosas estaban peor decía que la situación del Principado era inseparable de la marcha económica nacional. Lo mantengo, porque ni antes ni ahora tiene sentido hablar de la evolución económica de Asturias sin considerar el contexto estatal e internacional. Es un absurdo que aboca a conclusiones irrisorias.

La pregunta adecuada es si este gobierno contribuye en la medida de sus posibilidades a impulsar la economía y reducir el paro. También, si gestiona bien los servicios públicos, si favorece la regeneración, si lidera la construcción de una Asturias mejor. Dicho de otro modo, con qué calidad, con cuánto pulso y con qué orientación política gobierna aquello sobre lo que tiene atribuciones.

Trataré de responderles agrupando cinco bloques, todos ahormados por el cumplimiento de la concertación y del pacto con IU. Se refieren a la regeneración democrática, el impulso económico, la lucha contra la desigualdad, la gestión del territorio y la acción cultural. Los cinco resumen las políticas que dependen de las competencias efectivas del Gobierno. La precisión interesa porque después me acercaré a otras cuestiones.

Con coraje contra la corrupción.

Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, reconocía durante la campaña de sus autonómicas que el piélago de corrupciones había costado tres millones de votos al Partido Popular. No discuto esa suma, lo que añado es que nos está pasando a todos una factura altísima en calidad y credibilidad democrática.

Debemos estimular una sociedad intolerante con los corruptos, donde la corrupción no quede impune ni sea asumida como una avería propia del sistema. Por eso sostengo que este problema no se soluciona únicamente con la letra de nuevas leyes y reglamentos. En el discurso de investidura afirmé que también es necesario el coraje. Si uno se encoge de hombros y espera a que escampe, pierde, porque la podredumbre se enraíza.

Coraje que no descarta mejoras legales. En julio, el gobierno remitió a esta Junta el proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Es uno de los grandes compromisos en esta materia, para cuya aprobación reitero la oferta de acuerdo que ya expresé en esta Cámara. Ese texto prosigue los avances sobresalientes de la anterior legislatura, cuando se hicieron públicos los bienes patrimoniales del Gobierno, la nómina del Presidente y de los consejeros y se puso en marcha el Portal de Transparencia. Este último año se han publicado las declaraciones de intereses y actividades de los consejeros, los currículos de los cargos de libre designación y otros contenidos, como las listas de espera de pruebas diagnósticas y los gastos de publicidad institucional. Actualmente, trabajamos en el remate del Plan Estratégico de Transparencia

También hemos impulsado la participación, otro pilar de apoyo a la calidad democrática. Este mismo año esperamos finalizar el Libro Blanco de Participación Ciudadana, preludio de la ley que procuraremos presentar en 2017. Aquí mismo, en el parlamento, los grupos del PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo para reformar la ley electoral, otro avance para el que recabo el máximo apoyo.

El despliegue de iniciativas del Gobierno de Asturias en este capítulo es innegable y mejora cualquier comparación. Nos avalan las propuestas y los hechos: ni hemos tenido condescendencia ni hemos mirado para otro lado ni hemos echado las culpas de los errores a tramas conspiranoicas de poderes siniestros ni hemos dejado de ejercer nuestras responsabilidades. Reitero, al paso, la propuesta que hice en otras ocasiones: asumamos todos el mismo listón, comprometámonos a que cualquier cargo público deba abandonar su puesto en el caso de apertura de juicio oral.

El valor de la buena gestión

Inicio otro apartado, dedicado a la gestión y el desarrollo económico. La capacidad gestora es indisoluble de la política. Gobernar es más que gestionar, pero un gobierno no puede hacer política sin gestionar. La alternativa es quedarse en florituras de gestos, verborrea y propaganda; todo habitual, pero poco productivo. Las palabras tienen muchísima relevancia, pero no bastan para transformar la realidad. Es falso que cualquier problema se solucione con una invocación a la política, como si la capacidad de gestión fuera secundaria, algo de lo que ya se ocupa por sí sola la Administración en su rutina burocrática de expedientes y trienios, indiferente a quien gobierne. Pongo tres ejemplos que requieren tanto voluntad como capacidad: reducir el déficit, gestionar la deuda y pagar bien y a tiempo.

Del déficit hemos hablado en bastantes ocasiones y todos ustedes saben que Asturias es una de las comunidades más cumplidoras con los límites fijados por el Ministerio de Hacienda[5][5]. El desvío circunstancial en 2015 debido al cómputo de operaciones no recurrentes, como el contrato de la autovía AS-II entre Oviedo y Gijón. De no haber mediado cambios en los criterios de consolidación, Asturias hubiera vuelto a situarse entre las comunidades más adecuadas al margen de déficit.

Este asunto reaviva un debate paradójico. Por un lado, se nos reprocha que seamos cuidadosos con el déficit pero, al mismo tiempo, se clama al cielo cuando se difunden los datos de deuda. ¿En qué quedamos? Tengamos en cuenta dos cosas. La primera, que el Gobierno de Asturias discrepa abiertamente de los repartos discriminatorios entre administraciones establecidos por el Ministerio de Hacienda, pero esa diferencia no nos excusa para incumplir la ley. La segunda es una obviedad: el déficit genera deuda, y no se nos puede estar pidiendo con una mano laxitud en el equilibrio presupuestario y exigiendo con la otra rigorismo en la deuda.

Del endeudamiento también se ha debatido bastante. Asturias cerró 2015 con un porcentaje de deuda del 18% sobre el Producto Interior Bruto. Es el cuarto índice autonómico más bajo. Si la referencia la tomamos en deuda por habitante, se sitúa en 4.110 euros, la quinta menor. Es un problema inferior al que sufren la mayoría de las comunidades, y muchísimo menor que el de la Administración central. No hay razones que soporten el alarmismo. Prueba de nuestra solvencia es que hemos logrado financiarnos en el mercado siempre, incluso en los momentos de mayor desconfianza hacia las administraciones autonómicas, y que la agencia Fitch nos continúa otorgando la calificación triple be con perspectiva estable (BBB)[6][6]. La Administración autonómica es, además, una buena pagadora. De media, tarda algo más de trece días[7][7]. Es de las más ágiles de todas las comunidades.

Por cierto, y en relación tanto con el déficit como con la deuda, reparen en cuántas veces le instan al gobierno a que aumente el gasto o que reduzca los ingresos y que, simultáneamente, reduzca el endeudamiento. Incluso se le pide todo a la vez, en un triple salto, mortal de necesidad: más gasto, menos ingresos y menos deuda.

Puedo afirmarles que el Gobierno -y, en concreto, la Consejería de Hacienda- gestiona bien, con seriedad y rigor. Asturias, señorías, enfrenta dificultades, pero no derivadas de un mal manejo de los recursos públicos, sino de cuestiones complejas que requerirán un esfuerzo continuado para ser corregidas, como el envejecimiento demográfico, el peso de las pensiones en la renta o el pequeño tamaño empresarial, por citar algunos.

El lugar común, reitero, es que la buena gestión se hace sola o, si acaso, con la ayuda de unos cuantos contables con los manguitos puestos. Esa forma de argumentar responde al imperio de la confusión entre acción política y ruido mediático que hoy existe. No obstante, es evidente que un gobierno que tiene entre sus metas principales promover el dinamismo económico y combatir el desempleo deber hacer más. A ello voy.

Me referí antes a la concertación, con la que UGT, Comisiones Obreras y la patronal FADE demostraron su capacidad de negociación y acuerdo, virtudes de las que dejo constancia. El documento suscrito recoge novedades largamente demandadas por sectores empresariales, como la inclusión de cláusulas sociales y otros requisitos en la contratación pública, de modo que el precio no sea el único baremo. Ya estamos considerándolas en algunos contratos y se extenderán en los próximos meses. Esto, que así enunciado parece sencillo, es trabajoso porque debe hacerse con plenas garantías jurídicas. El mismo e intenso esfuerzo les anuncio respecto a la agilización administrativa iniciada la pasada legislatura, a la que también daremos un fuerte impulso mediante la aprobación de una guía que conlleve la simplificación normativa y la supresión de trabas a las empresas. Por tanto, al acabar este mandato habremos acometido dos avances sustanciales para favorecer la actividad empresarial.

En el primer año de la legislatura, el Gobierno ha acreditado su compromiso con los empleados públicos. Hemos caminado en la recuperación de sus derechos con la aplicación de un aumento salarial del 1%, el abono de la mayor parte de la paga extra suprimida en 2012 y la recuperación de días de permiso y de vacaciones ligados a la antigüedad. A ese objetivo responde también la aprobación de la oferta pública de empleo[8][8], que aprovecha al máximo la tasa de reposición, con 1.037 plazas, 777 de ellas para el Servicio de Salud. Sumamos también el proceso selectivo llevado a cabo por la Consejería de Educación que, con 418 plazas, ha sido el mayor de los realizados desde 2000. En la medida de sus posibilidades, el Gobierno proseguirá con la mejora del empleo público toda la legislatura.

En paralelo, el abanico de políticas activas de empleo desplegado por el Gobierno beneficia a unas 34.000 personas. Es, lamento constatarlo, un esfuerzo sin reconocimiento, pese a su dimensión social y presupuestaria. Son programas que dan prioridad a quienes llevan mucho tiempo en el paro, a jóvenes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y, en general, a los colectivos más desfavorecidos. Estamos renovando la orientación profesional a través del Servicio de Empleo para adecuarla mejor a la oferta laboral y también hemos trabajado con la Federación de Concejos para reducir la incertidumbre sobre los planes locales. Para dar idea del esfuerzo, fíjense que sólo en los tres últimos Consejos de Gobierno hemos aprobado más de 36 millones para políticas de empleo.[9][9]

Las medidas de promoción empresarial, el desarrollo de la estrategia industrial y de la especialización inteligente están anotadas en el haber del primer ejercicio. Mantendremos esas líneas de trabajo al mismo tiempo que reforzaremos el respaldo a los emprendedores. Actualmente está en revisión el Plan de Fomento de la Internacionalización de las empresas y trabajamos para finalizar el Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora para los años 2016-2019.

Las políticas de apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación forman parte del mismo objetivo. Se están cumpliendo los compromisos del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que será evaluado a final de año. También les confirmo que volveremos a convocar el Programa de Retorno del Talento, con las mejoras que podamos incluir.

Les advertí de que no haría de esta intervención un relato de detalles, un vicio que la alargaría en un rosario interminable. Entiendan que seleccione, que las faltas no son olvidos, sino que responden a un intento de abreviar. No obstante, hay cuestiones que debo subrayar. Una de ellas es la sobresaliente evolución del turismo, que durante dos años consecutivos está batiendo sus propias marcas.[10][10] Un solo apunte: en los primeros nueve meses alcanzamos 1,8 millones de visitantes, la mayor cantidad de toda la serie histórica. Es un dato excelente.

Este crecimiento va ligado a la situación internacional. La depreciación del euro y, sobremanera, la inestabilidad de otros países han favorecido una concentración de la demanda en España de la que Asturias ha salido muy beneficiada. Por lo tanto, estamos en una coyuntura excepcional, con todos los riesgos de volatilidad que apareja. Pero también podemos asegurar que hemos hecho bien bastantes cosas. Pienso en la mejora de las conexiones aéreas, que ha pasado de 14 a 21 aeropuertos de destino, sumados los londinenses de Heathrow y Gatwick y a los que se añadirá el previsto enlace con Munich a partir de la primavera. Esa gestión, unida al refuerzo de los vuelos nacionales, ha permitido lo que ya conocen: un notable crecimiento de viajeros, mayor competencia, precios más baratos y la posibilidad de conectar con grandes centros de conexión (hubs). En septiembre, el aeropuerto de Asturias acumuló 19 meses de crecimiento ininterrumpido y desde enero hasta octubre, el número de pasajeros había aumentado un 13,2% sobre el mismo período del año anterior.

Esa ampliación de las conexiones ha repercutido en el notable aumento de visitantes extranjeros: en los primeros ocho meses, un 14.3% respecto a 2015. La aprobación del Programa de Turismo Sostenible, elaborado y consensuado con el sector, y el decreto de viviendas de uso turístico para garantizar la calidad y evitar la competencia desleal, son otros hitos en la gestión de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.

Hablaba antes de la aportación de otros sectores. Bien, hoy el turismo alcanza el 9,8% del PIB -probablemente, este año superará ese porcentaje- y el 11% del empleo. Estamos ante uno de los ámbitos más dinámicos de nuestra economía y el Gobierno contribuye mucho a ello.

El sector primario también reclama apartado propio. Es obvio que el desarrollo de las ocupaciones ligadas al mundo agrario incide en el equilibrio territorial. Después regresaré a este asunto pero asumamos que la mejor garantía para ese propósito, para la supervivencia de una parte esencial de Asturias, es su rentabilidad. Lo demás es necesario pero la rentabilidad es imprescindible. Con esta preocupación planteamos la anterior legislatura la Estrategia de Desarrollo del Medio Rural y el Programa de Desarrollo Rural. Enfatizo que no se trata de administrar subvenciones para apuntalar malamente actividades que declinan, sino de favorecer su dinamismo y competitividad. La Consejería de Desarrollo Rural está asumiendo un rol principal en la promoción económica del Principado.

Al desarrollo del PDR corresponden precisamente medidas como la convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones, que con 26,6 millones es la más cuantiosa que se ha hecho nunca. Otros 8,3 millones han sido dedicados a favorecer proyectos de industrias agrarias y forestales que generarán una inversión de 35,5 millones. También añado a este catálogo la puesta en marcha de las convocatorias Leader: Aunque tienen una vocación más amplia, parte de las ayudas irán destinadas a inversiones productivas, incluido el novedoso ticket del autónomo rural, con subvenciones de hasta 25.000 euros. Que cerca de 300 proyectos opten a los 10,2 millones de la convocatoria de este año es buena prueba de su acierto.

Todas esas actuaciones comparten un objetivo, que es robustecer y ampliar el tejido empresarial vinculado directa o indirectamente al sector primario. Para ello también es necesario defender adecuadamente lo que tenemos, como la ganadería láctea. La eliminación del sistema de cuotas y las restricciones internacionales -el veto ruso, el cierre parcial del mercado chino- han provocado una situación difícil de la que Asturias está saliendo mejor librada que otras comunidades, con menos reducciones de producción y con precios más altos. Es algo que debemos a la vertebración cooperativa de nuestro mercado, pero también puedo afirmar que la consejería siempre ha estado a la altura de las circunstancias con planteamientos críticos y responsables. La constitución de la Mesa del Sector Lácteo es, en este sentido, otra muestra de la voluntad de diálogo y de la capacidad de interlocución del Gobierno de Asturias.

En lucha contra la desigualdad.

Mayormente he venido citando indicadores económicos. ¿Son los únicos válidos para calibrar la situación de Asturias y la capacidad del Gobierno? En absoluto, y menos cuando la lucha contra la desigualdad -educativa, laboral, asistencial, de género- es prioritaria. El trabajo por la igualdad de partida que redunde en una disminución de la brecha social es transversal a todas las políticas de este Ejecutivo.

Tenemos una debilidad evidente en la mengua de la inversión, debida a la escasez de recursos, pero también a una elección consciente: hemos antepuesto las necesidades sociales. El resultado es que hoy, después de años de crisis, los asturianos tienen a su disposición uno de los sistemas de servicios públicos más potentes de España. Podemos mirar a los ojos a la gente y decirles que Asturias está enganchada a la recuperación con mejor sanidad, mejor educación y mejores servicios sociales que antes de la recesión. Como ya dije alguna vez, superamos la prueba del contraste con otras comunidades. Hay diferencias que se notan y queremos que se noten a favor de Asturias.

Nuestro índice de abandono escolar temprano se sitúa en el 15.9%, inferior en 3,5 puntos a la media nacional. Mantenemos escuelas rurales con cuatro alumnos. El porcentaje de titulados universitarios o con grado superior de formación profesional entre quienes tienen de 30 a 34 años alcanza el 52.9%, doce puntos sobre la media.

Son datos que retratan el funcionamiento del sistema educativo. Si desviamos el foco hacia la sanidad, les recuerdo que los pacientes en lista de espera tardan en operarse 22 días menos que la media. O que según el Barómetro Sanitario de 2015, el 83% de la población piensa que la red sanitaria funciona bien o muy bien. Si hablamos del salario social, Asturias tiene la cuarta tasa de cobertura por cada mil habitantes y somos también la cuarta en la cuantía de la prestación. En ambos casos, incluidas Navarra y el País Vasco, que juegan en otra liga presupuestaria.

Es una descripción favorable hecha a brochazos. Soy consciente, pero mi propósito no es convencerles a lo Pangloss de que vivimos "en el mejor de los mundos posibles", sino subrayar que hay un buen sistema, que no existe por casualidad y que mejorarlo consume muchos recursos y abundante iniciativa.

Acabo de enumerar unos indicadores educativos. Quiero relacionarlos con algunas de las medidas adoptadas en el último año. La convocatoria de empleo público de Educación a la que ya hice referencia ha permitido reducir el porcentaje de interinidad en todas las especialidades afectadas. El impulso a la formación profesional dual -en el ámbito educativo, quede claro- ha dado pie a la participación de 28 centros, 265 alumnos y 169 empresas.

Esos avances son notables. Como lo es mantener la congelación de tasas en la primera matrícula universitaria, consolidar la red de escuelas de 0-3, abordar con prudencia la reordenación del mapa educativo o tener ya en fase de contratación la redacción de los proyectos para nuevos institutos en La Corredoria, La Florida (Oviedo) y La Fresneda. A mí también me hubiera gustado adelantar más en cada uno de estos asuntos, pero la falta de dinero, que no de empuje, es un límite imposible de franquear. Así, el próximo año debería ser muy importante para avanzar en la negociación del contrato programa con la Universidad. Si nos fijamos en una cuestión de mayor fuste político, la oposición a las reválidas previstas en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo (LOMCE), que ha derivado en la presentación de un recurso ante el Supremo, ha sido ejemplar, por rigurosa y responsable a un tiempo.

A finales de septiembre, el Gobierno aprobó casi un millón para redactar el proyecto de ampliación del hospital de Cabueñes, un paso más en una ambiciosa política de mejora de los equipamientos sanitarios que tiene sus mayores hitos en el Álvarez-Buylla y el HUCA. Resultan inversiones muy costosas pero necesarias, pensadas para mejorar la atención a la ciudadanía. Hay una crítica simple que las tacha de faraónicas, como si fueran exhibiciones de relumbrón y no esfuerzos presupuestarios para asegurar la calidad de la sanidad pública. Tomemos como referencia el HUCA: hoy estamos en mejores condiciones que hace dos años para valorar el impulso que su puesta en marcha está suponiendo para la sanidad y la investigación biomédica. Invito a que ante la ampliación de Cabueñes no repitamos los vicios de miopía y sectarismo estrecho que se dieron ante el estreno del Hospital Central. Ese mismo ruego hago ante el desarrollo de la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias (FINBA), una vez que hemos alcanzado el acuerdo con la Universidad para formar conjuntamente el Instituto de Investigación Sanitaria.

La mejora de centros de salud -Lastres, Villayón, el de Colloto en obras-, la extensión del programa de cribado de cáncer de colon, el decreto de coordinación sociosanitaria acordado con la Consejería de Servicios Sociales y la preparación de la ley de Salud que queremos aprobar a lo largo de 2017 están entre el repertorio de consecuciones de la Consejería de Sanidad. La recuperación de derechos laborales, la culminación del concurso de traslados y la convocatoria de oposiciones también se añaden a las realizaciones de este año, caracterizado por una conveniente normalización de las relaciones laborales a la que han contribuido sindicatos y asociaciones profesionales. El consejero continuará esforzándose en este objetivo.

Una comisión parlamentaria investiga las listas de espera. Con respeto a las conclusiones que resulten del trabajo, destaco que Asturias sigue al pie de la letra la normativa estatal y publica las listas mes a mes. Ni todas las comunidades cumplen ni todas publican datos homologables; Asturias, sí. En nuestra comunidad, las derivaciones a la sanidad privada son anecdóticas, los tiempos son inferiores a la media y confiamos en que antes de 2017 hayamos eliminado la espera quirúrgica.

Hablaba antes de la imposibilidad de obviar las limitaciones económicas. Este año, el salario social absorberá 109 millones, unos 25 más de los presupuestados. Hay unos 20.000 perceptores de esta renta, de la que se benefician 45.000 personas. Es un esfuerzo presupuestario que supera al de cualquier otra comunidad del régimen fiscal común. La pregunta que les quiero hacer es si debemos avergonzarnos de ello, si hemos de considerar que ese dinero se desperdicia o, al contrario, tenemos que enorgullecernos de contar con esta herramienta de inclusión. Conozco la crítica, vergonzosa y despectiva, de que es un seguro de vagos, y lo rechazo de plano. Ojalá la prosperidad redujera al mínimo el salario social. En efecto, la actividad económica y el trabajo digno son la mejor alternativa. El problema es que cuando aumenta la pobreza, como ha sucedido en Asturias y en España durante la recesión, los poderes públicos han de responder a los más necesitados. De ahí el aumento del salario social, las ayudas de emergencia y los programas contra la pobreza infantil y energética, puestos en marcha también durante el último año. Las políticas de vivienda completan este elenco de medidas dispuestas para combatir la desigualdad.

La mejora de la gestión de la dependencia ha sido otro de los logros de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Suma en una gestión que incluye el plan concertado con los ayuntamientos, la ampliación de oferta de plazas en residencias -a finales de este año se habrán creado 386- y la puesta en marcha del programa para personas sin hogar (housing first), entre otras medidas.

Los conciertos sociales para conceder un tratamiento especial a las entidades del tercer sector y la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, ya citadas, están en el listado de prioridades de la consejería y muestran bien a las claras su grado de compromiso.

También conocen el trabajo que estamos haciendo para resolver el problema de las liquidaciones de deuda reclamadas por el ERA (Establecimientos Residenciales de Ancianos). Como el asunto ha sido debatido en esta Junta no les desgrano los detalles. Les aseguro que el Gobierno es el primer interesado en corregir esta situación, con seriedad y certidumbre jurídica. Se lo aseguro a ustedes y a todos los afectados.

He hablado de educación, de sanidad y de servicios sociales. Son los pilares clásicos del Estado de bienestar. No obstante, para una visión más amplia del horizonte de este gobierno es preciso que subraye las medidas relacionadas con la igualdad. Mañana se puede dar un hecho histórico: que tres grandes potencias -Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania- pasen a estar gobernadas por mujeres. Ninguno de ustedes es tan joven como para minusvalorar esa coincidencia. Es el resultado de un combate continuado desde hace tres siglos por los derechos de la mujer, un combate en el que estamos involucrados. Los crímenes contra las mujeres son la prueba más dramática del gran trecho que aún resta para desterrar el machismo incrustado en el corazón mineral de nuestra sociedad.

En Asturias podemos presumir de haber alcanzado este mismo año un Pacto contra la Violencia contra las Mujeres, fruto del consenso entre el Gobierno, los grupos parlamentarios y diversas asociaciones, organismos e instituciones. Es un acuerdo pionero en España que demuestra nuestro liderazgo compartido en el rechazo a la violencia de género. Desde el primer momento, el Principado ha estado a la cabeza de las comunidades autónomas en la lucha por la igualdad. Vamos a mantenernos en esa vanguardia, que es la primera línea de avance por una sociedad mejor. Con esa voluntad, guiada por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, hemos aprobado[11][11] el segundo Plan de Igualdad, con un presupuesto de 40,3 millones: para impulsar la plena equiparación entre hombres y mujeres. Es el mismo planteamiento que guía la Estrategia contra la Brecha Salarial, que será presentada las próximas semanas. Somos una referencia nacional en las políticas de igualdad y todos debemos contribuir a fortalecer esta primacía, porque, recalco, todavía queda mucho por hacer.

Cuidamos de nuestra tierra.

A la promoción económica y la defensa de la igualdad añado un tercer bloque de políticas vinculadas al territorio, también responsabilidad directa del Gobierno de Asturias. Vuelvo a aplicar una perspectiva amplia: no se trata sólo de ordenación, sino también de preservación y equilibrio territorial.

La grandilocuencia no es mi estilo. Procuro ser prudente con los adjetivos, tanto porque los carga el diablo como porque el abuso los devalúa. Sin embargo, no exagero al asegurar que el futuro de Asturias es el de su área metropolitana, al de los 29 concejos que agrupan el 85% de la población. Tampoco dramatizo si afirmo que el tiempo nos apremia. Las subdirectrices presentadas en marzo con iniciativa y ambición por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente son más que un punto de partida para avanzar con diálogo en la ordenación de un espacio vital: constituyen una oportunidad para subir a un tren ya en marcha antes de que sea demasiado tarde.

Las ventajas de escala derivadas de esa deseada colaboración entre administraciones -los ayuntamientos, la estatal, la autonómica- resultan obvias: mejorar las comunicaciones, aprovechar los equipamientos, favorecer a los emprendedores€ Ninguna de las grandes objeciones planteadas, como el ahogo a la autonomía local o la postergación de las alas, se sostiene. El área metropolitana será fruto de la cooperación con los ayuntamientos, de la participación ciudadana e institucional -que ha sido alentada al máximo- y en modo alguno colisiona con los intereses del oriente y del occidente. Así, el avance de la revisión de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio, que abarca toda Asturias, está en información pública hasta mañana, precisamente. Nuestra intención es que ambos documentos, el del área metropolitana y el de las directrices regionales, caminen de forma simultánea.

Me extiendo porque me refiero a un proyecto necesario para la Asturias del siglo XXI y que no se concreta de un día para otro, que requiere tiempo para madurar y ese tiempo es el que se consume cada día. Está en nuestras manos que la zona metropolitana tenga coherencia y aproveche sus sinergias o continúe siendo un potencial en bruto, desordenado, disperso y poco funcional. Les pido que exprimamos lo que queda de legislatura para que se convierta en una realidad irreversible. El Gobierno sigue trabajando en ese objetivo, tanto con el diseño del área, que el próximo año puede recibir la aprobación definitiva, como con la adopción de medidas concretas que mejoren el funcionamiento actual. El 19 de octubre aprobamos la contratación de un plan para mejorar la movilidad[12][12], una pieza esencial, y a lo largo de 2017 pondremos en marcha el abono joven en el Consorcio de Transportes, de modo que se beneficien de descuentos todos los usuarios de 12 a 30 años.

La prevención de los efectos del cambio climático también forma parte de nuestras preocupaciones. La alerta científica exige que empecemos a prepararnos y con esa voluntad de anticipación ha sido redactada la Estrategia Portuaria Litoral, que será aprobada en el primer semestre de 2017. Sé que a menudo se recela de estos documentos como constructos burocráticos, pero gracias a iniciativas de este tipo disfrutamos la costa mejor conservada de España. Precisamente, a finales de septiembre fue aprobado el Plan del Suelo No Urbanizable de Costas, que mantiene los esfuerzos realizados hasta ahora con ese rumbo.

El año pasado se cumplió el trigésimo aniversario del lema Asturias, Paraíso Natural. Al referirme al territorio he de reflexionar sobre este asunto. Durante las últimas décadas hemos ganado una merecida fama de comunidad capaz de preservar su impresionante riqueza natural. Sobran muestras en España de lo contrario. Los esfuerzos hechos para la protección de especies y la declaración de espacios naturales son notables.

Esos logros no son económicamente inanes. Por ejemplo, aumentan el valor de mercado de los productos asturianos. Por ser alimentos producidos en Asturias son alimentos del paraíso, asociados a alta calidad, saludables, y formas de producción respetuosas con el medio ambiente. Hace unos días conocimos un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que acreditaba las cualidades de la leche asturiana, considerada una de las más sanas de Europa. Es una buena noticia que nos dará pie a explorar con los ganaderos y las empresas la mejor manera de sacarle partido. Pero, además, no es un dato aislado. Pensemos que tal vez las conclusiones fuesen peores sin que hubiese mediado un esfuerzo continuado de décadas para preservar nuestro patrimonio medioambiental. Las excelentes credenciales de nuestros productos son una de sus grandes ventajas de mercado, una idea con la que engarza la marca de calidad Alimentos del Paraíso promovida por el Gobierno. Estamos sacándole provecho a haber sabido hacer bien las cosas sin rendirnos a la cicatería mental de quienes equiparan protección a freno económico.

Lo mismo cabe asegurar del turismo. Deteriorada, descuidada, con menor riqueza natural, el atractivo de Asturias no sería el mismo. Ésta, supongo, también es una certeza con la que todos estamos de acuerdo.

Sin embargo, pese a estos ejemplos palmarios, a lo largo de los últimos años se ha ido expandiendo como una mancha de aceite un discurso que abomina de las políticas de conservación. Es ése que plantea una burda disyuntiva entre "el lobo y el paisano", el mismo que proclama como gran hallazgo que "hay que proteger al paisano, que es la especie realmente en peligro de extinción". Eso es simplismo grosero. El paraíso natural nunca excluyó la actividad humana, entre otras cosas porque ese paraíso es el resultado de la intervención humana.

Son unos planteamientos muy propios de la derecha, que nunca creyó en las ventajas de las políticas sostenibles ni comprendió que la conservación apareja desarrollo socieconómico. Es una dicotomía falsa y tosca que intenta presentar al Gobierno como el enemigo de la actividad humana y del enriquecimiento productivo, cuando sucede lo contrario. Nunca hubo un Ejecutivo tan decidido contra el exceso de población de lobos, por ejemplo. Pero eso no nos ha hecho ni nos va a hacer renegar de las políticas medioambientales de las que Asturias ha sido pionera. Allá otros si quieren arriar esa bandera.

La búsqueda del equilibrio territorial exige además una atención particular a las comarcas que más lo necesitan. Es lo que intentamos con el Plan Especial del Suroccidente, que incluye los concejos de Tineo, Cangas del Narcea, Allande, Degaña e Ibias. Las dificultades que persisten en sus comunicaciones, el agudo declive demográfico y su vulnerabilidad económica, agudizada por la situación de la minería, lo justifican de sobra. Ese plan, redactado y consensuado con aportaciones de los ayuntamientos que comprende y de todas las consejerías, agrupa 183 acciones respaldadas con una previsión presupuestaria de 253 millones.[13][13] El plan, como saben, será expuesto en la Junta General. Como les he solicitado respecto a otras propuestas, también en este caso les pido colaboración y acuerdo. No creo que nadie ponga en duda que es una iniciativa de justicia con esos municipios y sus habitantes.

Tampoco entiendo que quepan dudas sobre cuál es el problema mayor de Asturias. Ese invierno demográfico que se ceba en el suroccidente se extiende a muchos otros concejos. La baja tasa de población activa, el aumento del coste de los servicios sociales y la pérdida de habitantes son expresiones del mismo mal. La legislatura pasada nos aliamos con otras regiones españolas y europeas para reclamar medidas específicas a la Unión Europea y al Gobierno del Estado. Mantenemos esa petición porque el declive demográfico amenaza con convertirse en uno de los rasgos más acusados de Europa.

También trabajamos con esta Junta General para alcanzar un Pacto Demográfico. Sólo Galicia y Castilla y León cuentan en España con una estrategia demográfica y en ninguno de los casos, por las causas que fueren, ha sido fruto de un acuerdo. El Gobierno de Asturias cree que en este asunto, igual que ha sucedido en la alianza contra la violencia machista, debe imperar el consenso. Aspiramos a que en el primer semestre de 2017 ese documento haya sido ratificado por el Ejecutivo y remitido a esta Cámara.

Acción cultural.

Señorías, el quinto bloque lo dedico a aspectos relacionados con la política cultural. Le concedo un relieve particular porque también en este capítulo hay una robusta labor que merece ser resaltada. Estamos trabajando para que el Camino de Santiago, con sus diferentes rutas, tenga por primera vez una estrategia integral, coherente y realista. Al libro blanco [14][14]preparado por la Viceconsejería de Cultura le seguirá en los próximos meses la concreción presupuestaria de sus iniciativas. No es algo que abordemos de nuevas: ya se ha hecho mucho y ahora se trata de sacar partido a todo lo realizado y sumar nuevas iniciativas para fortalecer un potencial turístico y cultural de primer orden. Una perspectiva amplia e inclusiva que aplicaremos también a lo largo de la legislatura al prerrománico y demás patrimonio de la humanidad.

La primera fase de la ampliación del Museo de Bellas Artes, inaugurada en marzo de 2015, ha tenido una excelente acogida. Aunque arriesgue al otorgar categorías, probablemente sea la piedra angular de nuestros equipamientos. Estamos obligados a pensar en iniciar en esta legislatura la segunda fase de la ampliación. La consolidación de un pentágono cultural basado en la coordinación del Bellas Artes, el Niemeyer, LABoral, el Barjola y la Sala Borrón es otro proyecto encomiable.

La promoción del asturiano y del gallego asturiano figura en el haber de la Consejería de Educación y Cultura. De acuerdo con ese objetivo, seguiremos trabajando para que se reconozca la especialidad de profesorado de Lengua Asturiana y Literatura, así como para fomentar su uso institucional y en los medios de comunicación pública.

Más iniciativa que teatro.

Finalizados los cinco bloques, inicio un capítulo distinto dedicado a otras reflexiones. Tal vez me he excedido con la concreción, pero he intentado cumplir los dos deberes que enuncié: explicarles qué ha hecho el gobierno y adelantarles algunas iniciativas. Los parlamentarios de Izquierda Unida habrán reconocido su impronta a menudo porque el cumplimiento del pacto de investidura y de la concertación marca la gestión del último año. Sinceramente, el balance demuestra que ha habido una gestión intensa y que los acuerdos firmados han merecido la pena y siguen mereciendo la pena.

Ante la réplica de mañana, no les pido, pura lógica, que aplaudan ni compartan la orientación del Ejecutivo, pero sí les ruego que sus críticas salgan del lugar común: la iniciativa del Gobierno está fuera de duda, completamente. Si existe alguna parálisis, ésa es la argumental, la facilidad con la que se recurre al tópico para repetir cansinamente lo mismo sin darse por enterados de los desmentidos de la realidad.

Digo esto porque vivimos tiempos rendidos al espectáculo. Aleado con el populismo y el infantilismo, achica la política al palabreo y el aspaviento, entiende que la gestión es oficio aburrido de burócratas y que los problemas se resuelven con declaraciones como conjuros. Todo es simpleza y las dificultades se hacen humo a la voz de "es cosa de voluntad política". Para ese teatrillo no cuenten conmigo. Este presidente y este gobierno se preocupan más de gestionar bien que de regalar titulares, qué le vamos a hacer. Pensamos que la labor de un Ejecutivo no se mide en función de su capacidad para invadir los medios de comunicación, que la acción política exige recursos, conocimiento y capacidad para utilizarlos pulcramente para el bien de la ciudadanía; en especial, de los más necesitados. Y, por supuesto, atención al análisis concreto de la situación concreta. Si uno sostiene que el sector público es disparatado, debe proponer qué organismos suprime y qué destino reserva a sus trabajadores. Si se reclama más déficit, no se puede montar una escandalera por el aumento de la deuda. Si alguien defiende una fiscalidad que reduce los ingresos también debe aclarar cómo y dónde recorta el gasto. Si otro engaña a los afectados por algún problema ofreciéndoles soluciones ilegales, ha de prevenirles ante las consecuencias judiciales de esa alternativa. Lo demás es filfa, patraña y otro tipo de corrupción: la de quien miente a sabiendas y hace del embuste su regla de práctica.

Ante nuestras responsabilidades.

En este año largo hemos tenido dos serios problemas. Uno ya venía de lejos: al igual que la anterior legislatura, no hemos conseguido que el Gobierno del Partido Popular haya atendido como hubiese sido de justicia las necesidades del Principado.

-No logramos que rectificara su política para con la minería y con las cuencas, que ha frustrado el cobro de los fondos mineros y que ha sido incapaz de garantizar el consumo de carbón nacional.

-No conseguimos que las comunicaciones avanzasen a una velocidad razonable. Con la variante de Pajares, con la autovía al suroccidente y con la autopista del mar, por citar tres casos, todo ha sido una sucesión tortuosa de engaños, retrasos y tropiezos. La red de cercanías ferroviarias se deteriora en un olvido apenas parcheado, cuando es una infraestructura angular.

-Tampoco pudimos modificar la política energética, clave para las industrias que son grandes consumidoras. Los planteamientos que nosotros defendemos, al otorgar más estabilidad, hubieran favorecido más inversiones y evitado la duda reiterada que padecen los trabajadores de Alcoa. Si con la autopista del mar el Gobierno del Partido Popular optó por primar a otros territorios, repitió igual planteamiento con la regasificadora de Gijón.

-En el caso de la política agraria, se han mantenido criterios injustos en la asignación de cuotas de pesquera y no se han asumido las peticiones del Gobierno de Asturias para con las especificidades de nuestra ganadería.

¿Para qué alargar más el listado? ¿Hablamos de la caída a plomo de las inversiones en el Principado, de la fijación de los límites de déficit, de la gestión de los fondos del plan Juncker, de los trucos de trileros con la estación intermodal de Gijón? No hace falta. Con mayor o menor cortesía y diálogo, según los casos, el resultado ha sido el mismo: un Gobierno contumaz en su desinterés hacia las necesidades de Asturias. Para los amantes de los indicadores, consideren que algunos de los asuntos bastarían por sí solos para que el crecimiento del PIB autonómico hubiera superado la media nacional.

Con cada una de estas cuestiones, el Gobierno del Principado ha defendido su planteamiento. Ha ofrecido diálogo, ha trasladado resoluciones de esta Junta General, ha promovido iniciativas en el Congreso, ha enviado cartas, se ha quejado frente a frente en los despachos. Es verdad que no hemos agredido al mobiliario -no nos dimos a puñetazos con las mesas, tampoco pateamos las sillas-, pero la exigencia política ha sido continua, insistente y por todos los cauces. Negarla es mentir.

El segundo gran problema, en cambio, es responsabilidad exclusiva nuestra. Me refiero a esta Cámara. No hemos conseguido que su pluralidad haya sido productiva. Lo que sucedió hace un año es una buena prueba: cuatro enmiendas a la totalidad impidieron que Asturias tuviese presupuesto. O, lo que es lo mismo, que aprovechásemos al máximo nuestra capacidad económica para ponerla al servicio de Asturias y de quienes más lo precisan. Por cierto, si se hubiera aprobado aquel proyecto, consensuado con Izquierda Unida, ya se habría abordado el "error de salto" del impuesto de Sucesiones.

Recuerden lo ocurrido. El Partido Popular presentó su enmienda sin leer el proyecto de presupuestos. Podemos se camufló en un simulacro cobarde para retrasar la enmienda a la totalidad hasta los últimos minutos, después de que ya se hubiesen celebrado las elecciones generales. En ningún caso se consideró la posibilidad de presentar enmiendas parciales.

Esto nos incumbe a todos, también al Gobierno. Nos atañe y retrata a cada grupo con su cuota de responsabilidad. Hoy vuelvo a ofrecer diálogo a todos, sin excepciones. Lo reiteraré hasta la extenuación: hay objetivos, como la ordenación del área metropolitana, afrontar la reforma de la financiación autonómica o combatir el declive demográfico que deben agruparnos sin mayor problema.

Especialmente, me preocupa la izquierda. Me preocupa que por juegos tácticos, por cálculos internos o por resentimiento incrustado contra el Partido Socialista, la mayoría de 28 escaños que hay en esta Junta sea incapaz por segunda vez de acordar un presupuesto nutrido de políticas de progreso para Asturias.

Regreso a la aritmética porque es un empeño de razón. Aquí, en este parlamento, al igual que en el ayuntamiento de Gijón, la izquierda suma la mayoría; en otras instituciones, no. Estoy aludiendo a la situación nacional, la abstención del grupo parlamentario socialista en la investidura de Mariano Rajoy y la falsedad que supone homologar la realidad parlamentaria autonómica con la nacional. Son radicalmente distintas; tanto como que aquí existe una mayoría de izquierdas imposible en el Congreso. Qué paradoja que se rechace en la Junta lo posible -el acuerdo mayoritario de la izquierda- mientras se agita un espantajo en las Cortes, porque allí no hay números para ese pacto.

El engaño y la falsedad son espantables. Me cuesta mucho aceptar con el fariseísmo como guía para la supervivencia de los dirigentes que hablan con medias verdades. Lo que acabo de decir -que la situación de Asturias no es homologable a la nacional- lo sabemos todos. Que las alternativas se habían reducido a permitir un gobierno de Rajoy o forzar unas terceras elecciones, también.

¿Quién quería una tercera convocatoria? Se lo pregunto porque ésa era, evidentemente, una opción. Yo les doy mi propia respuesta.

No las quería por respeto a la comprensión sustancial de la democracia: después de dos elecciones, alargar el bloqueo y volver a las urnas hubiese sido dañino para nuestra arquitectura institucional. Los partidos habrían demostrado una gestión primaria y visceral de los resultados, quizá celebrada por los más fervientes, pero inútil para responder a las necesidades de los ciudadanos.

Tampoco las quería porque España tiene problemas que se imponen. Es un argumento que emociona muy poco o nada, que suena casposo a muchos. Preocuparse por el Estado es de derechas, pretextan. Pues no estoy de acuerdo. A mí no me incomoda advertir que las presiones independentistas hacen más necesario que las instituciones del Estado funcionen con plena normalidad. Tampoco me asusta decir que la fragmentación territorial perjudicaría más a los desfavorecidos. En Asturias hay 175.455 pensionistas. Hay que hablarles claro y decirles la verdad, que el triunfo del soberanismo conllevaría la ruptura de la caja única de la Seguridad Social y pondría en riesgo el sistema de pensiones. Es más, reivindico que ésta debe ser una preocupación capital de la izquierda, que la izquierda no puede estar callada y mirando para otro lado o sonriendo mientras se quiebra la solidaridad porque se imponen los territorios a las personas. ¿O es que esa presunta izquierda que no es más que un escaparate, una franquicia en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia y que ha interiorizado para ser políticamente correcta el marchamo independentista no está fragilizando el Estado del bienestar? ¿Y luego hay que tolerar que vengan aquí a expedir certificados de moralidad pública, de progresismo y hasta de lucha obrera, que se arroguen la voz de la calle y desprecien a los votantes de todos los demás partidos? ¿Con qué clase de bula actúan? ¿Por qué suponen que ha de tolerarse tanta indigencia política?

Desde luego, continúo, no quería que gobernase el Partido Popular. Ni lo deseaba para España ni para Asturias. Pero aún temía más a otro gobierno: a un gobierno de un Partido Popular recrecido de votos, reforzado en su mayoría por unas hipotéticas elecciones. Me tachan de pesimista, pero los datos no me cuestionan. Las elecciones de junio y las autonómicas de Galicia y el País Vasco han debilitado a la izquierda y fortalecido a la derecha. Constatar que mis deseos van por un lado y la realidad por otro es un ejercicio de realismo. Para mí, por mala gestión, por su entusiasmo austericida y por su actitud ante la corrupción, el PP no merecía el respaldo electoral, pero la realidad es que ha obtenido ocho millones de votos acreedores de todo respeto.

Son razonamientos simples, ya ven. Quizá algunos los compartan, de sencillos que son, y reconozcan que en el árido terreno del mal menor esto era también lo que mejor les venía, pero no se atrevan a decirlo en público. Puertas afuera, gran escándalo fingido; en la intimidad, alivio. También por esto hablaba antes del fariseísmo.

Señorías, tengo el deber de que el Gobierno de Asturias continúe su labor. Lo asumí cuando recibí la confianza de esta Cámara y continuaré ejerciéndolo, con igual capacidad y tesón que los demostrados hasta ahora, o más si cabe. Mantendremos la iniciativa ocurra lo que ocurra en las próximas semanas, con intensidad, sin flojear ni el último minuto. No concedan márgenes a la duda a esa afirmación ni a la que añado: la gestión realizada tiene una inequívoca orientación progresista y ni entre mis deseos ni mis planes está buscar otro Norte.

Pero también soy consciente, de que juntos podríamos hacer más. Al fin y al cabo, eso es lo que les ofrezco y les pido son este discurso: acuerdos para hacer más y mejor.

Estoy convencido de que la mayoría de la ciudadanía nos quiere útiles para resolver sus problemas. Para que haya ordenadores en las aulas, centros de salud abiertos, quirófanos en servicio, ayudas para los más necesitados, incentivos a los emprendedores€ Para dejar una Asturias mejor a nuestros hijos.

Ése es nuestro afán y ésa es la responsabilidad principal del Gobierno y de este parlamento. Señorías, les hago una invitación expresa a negociar y acordar por el bien de Asturias. Es una invitación dirigida a todos los grupos parlamentarios, y especialmente a la izquierda. Con ustedes, con los diputados de Izquierda Unida y Podemos, hemos abierto una negociación fiscal que vincula, lógicamente, el próximo presupuesto. A estas alturas no es necesario destacar la importancia de ambas cuestiones, que merecen un serio esfuerzo de entendimiento. Les aseguro que el Gobierno está dispuesto a hacerlo, a intentarlo hasta la fatiga, pero no a perder el tiempo. Si entienden que es imposible, no hagan simulacros, no engañen. Yo, insisto una vez más, quiero dialogar y pactar con ustedes.

Señorías, mañana tienen la tribuna y escucharé la respuesta a este ofrecimiento. Lo que digan y decidan marcará los próximos meses. Mi responsabilidad es la mayor, pero no se escondan a su sombra. El futuro de esta tierra les concierne.