"España necesita una ley general de sanidad del siglo XXI, que supere las carencias y lo obsoleto de la que se aprobó hace 30 años, y que tenga en cuenta problemas tales como la financiación, el personal, la universalización o el turismo sanitario". A esta conclusión llegó ayer el asturiano Pedro Sabando Suárez, quien fuera subsecretario de Estado de Sanidad y estrecho colaborador del ministro Ernest Lluch durante la planificación y el diseño de la Ley General de Sanidad de 1986, tras repasar en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) el tortuoso proceso seguido para sacar adelante un marco legal inspirado en el modelo inglés y que, en su génesis, no despertó especial entusiasmo ni en los partidos políticos de la derecha ni tampoco en los de la izquierda, incluido el propio PSOE, según indicó el doctor gijonés, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. A su juicio, la ley de 1986 ya "está fuera de la realidad y es un texto terminal", en el que "el 60% del contenido o es inadecuado o está derogado". La nueva, añadió, debe salir adelante "tras mucho trabajo y muchas consultas"

Recordó Sabando que fue tras la aplastante victoria electoral de Felipe González en 1982 cuando se incorporó al equipo de Lluch (asesinado posteriormente por ETA) y que, de inmediato, se puso a trabajar en un plan sanitario basado en la universalidad y la gratuidad, a través de una ley básica que, a su entender, debería ser y servir para todas las comunidades autónomas. Sin embargo, las intensas labores para sacar adelante la norma se vieron frenadas en febrero de 1983, debido a que, según explicó el doctor gijonés, el inicio de la reconversión industrial planteó unas necesidades económicas diferentes. Pese al revés, Lluch nombró a Sabando presidente de la comisión redactora de la ley general de sanidad en septiembre de ese mismo año. Para diciembre ya estaba listo el primer anteproyecto, iniciándose entonces un debate político y profesional en el que, como recordó Sabando, la Organización Médica Colegial llegó a "conspirar" para tumbar la iniciativa legislativa en lo que se denominó como la "operación primavera".

"En el partido no había demasiado entusiasmo, ni tampoco en el Gobierno. Y desde el PCE se nos decía que nuestra ley le iba a gustar a Manuel Fraga", rememoró Sabando para ilustrar las dificultades que afrontó el equipo de Lluch para sacar adelante esta iniciativa. Y es que, por si fuera poco, "desde Hacienda no se veía clara la financiación y se abogaba porque las personas con mayor poder adquisitivo pagarán por la asistencia en los hospitales y centros de salud". Fue el propio Felipe González quien, en marzo de 1985, medió entre ministerios para salvar el proyecto de ley que, finalmente, llegó al Parlamento. En la Cámara Baja fue otro histórico socialista asturiano, Marcelo Palacios, entonces diputado nacional, quien desempeñó un papel muy relevante en la defensa del texto, aprobado con los únicos votos en contra de los diputados del PP (entonces AP), formación que anunció su intención de derogar la ley en cuanto llegara al Gobierno central, compromiso que no llegó a cumplir.

"La ley fue muy bien acogida a nivel internacional", afirmó Sabando, que, además de consejero de Sanidad de Madrid, fue presidente de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y jefe de Reumatología del Hospital de la Princesa.

Al acto en el RIDEA asistieron, entre otros, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto; su predecesor en el cargo, Faustino Blanco, y el expresidente del Principado, Juan Luis Rodríguez-Vigil.