12 de noviembre de 2016
12.11.2016
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Colectivos sociales defienden la agencia anticorrupción de las dudas sobre su utilidad

La oferta de Podemos recibe en la Junta aplausos con reparos jurídicos y políticos que piden reforzar los controles existentes

12.11.2016 | 04:34
Por la izquierda, Javier Álvarez Villa, José Ángel Gayol y Julio Martínez Zahonero, en su comparecencia de ayer en la Junta.

La conveniencia de recrecer la arquitectura institucional autonómica con una unidad específica de lucha contra la corrupción, designada y subordinada al parlamento, entró ayer en la Junta General del Principado con la confrontación entre los colectivos sociales que aplauden el proyecto de ley de Podemos por independiente y garantista y quienes recelan de la utilidad de pagar un organismo nuevo en lugar de reformar y reforzar los mecanismos de control que ya funcionan. La propuesta de la formación morada, de contenido cuestionado por la mayoría de sus antagonistas en la Junta, inauguró ayer las comparecencias con la ovación de representantes de movimientos ciudadanos contra la corrupción, convocados por el grupo proponente, y alguna opinión jurídica y política recelosa.

En el primer bando se apuntó José Ángel Gayol, presidente del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies y uno de los redactores del texto legal. Argumentó su defensa en la garantía de "independencia" que a su juicio otorgaría a la agencia su dependencia de la Junta y un mecanismo de designación en el que se requeriría una mayoría amplia de siete novenos -35 diputados- para elegir a tres inspectores, dos más que su único precedente, la acosada por la sospecha oficina catalana antifraude. Gayol reacciona a la objeción del coste con la cifra exacta estimada, 413.996 euros, y justifica el aplauso en la certeza de que "se demuestra en otros países que estas unidades funcionan".

Javier Álvarez Villa, del Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies, contempla el proyecto "no como la panacea, porque serían necesarias reformas estructurales", pero sí como un avance sustanciado en que "la creación de una oficina no sometida al gobierno como la actual Inspección General de Servicios propone mecanismos legales para proteger a los funcionarios que denuncien irregularidades", esos mismos que ahora, precisa, sufren "penurias" en el engranaje de una Administración autonómica donde mandan el nombramiento "a dedo" y a su estela el "intercambio clientelar de favores". Stephane Grueso, de la plataforma de denuncia ciudadana Fíltrala, dio la bienvenida a un proyecto del que espera "herramientas de denuncia anónimas" -la ley incluye una controvertida oficina virtual que las acepta- y coincidió en el aplauso con María José Rodríguez, de la Asociación de Vecinos de Llanes (AVALL).

Julio Martínez Zahonero, delegado territorial del colectivo Jueces para la Democracia, saluda "cualquier incremento de medios contra la corrupción" después de poner el acento en la precariedad de medios que azota a la justicia. Dado que en todo caso será ella el deseable destino último de los corruptos, valora que "poco habremos avanzado si previa o simultáneamente no se refuerza esta administración".

El jurista Javier Junceda se suma la convicción, subrayada ya por algunos grupos de la cámara -ayer sobre todo el PP-, de que sería "mejor, más rápido y barato reforzar los medios materiales y las personas" al servicio de los organismos ya existentes. A su juicio, las funciones de la unidad propuesta "se pueden desarrollar sin esta nueva arquitectura institucional".

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