Al final Villa pasó ayer el examen, pero ha hecho falta una amenaza expresa de la juez, que llegó a advertir de que ningún recurso lograría evitar que fuese visto por el doctor Robles Bayón. Las maniobras "dilatorias" constatadas por la juez trataban de evitar lo que finalmente ocurrió. Y es que Villa logró completar todas las pruebas planteadas en el examen neurológico ordenado por el Juzgado para saber si realmente está tan mal como para no prestar declaración, tal como sostienen su defensa y las forenses que lo miraron en su casa el pasado mes de enero.
El doctor Alfredo Robles, perito designado por la juez Simonet Quelle Coto, que instruye la querella del SOMA, estuvo hora y media a solas con el exsindicalista, entre las once de la mañana y las doce y media del mediodía. Villa prestó toda su colaboración. De no ser así, la prueba hubiese durado muchísimo menos tiempo, según las fuentes consultadas. Robles ya ha iniciado la redacción de su informe, que presentará presumiblemente la semana que viene. Dependiendo de su valoración, la juez adoptará o no la decisión de llamar a declarar, de nuevo, a Villa.
El fiscal del caso, Enrique Valdés-Solís, acudió junto al neurólogo y el secretario judicial para velar por que se cumpliese una resolución judicial adoptada ya el pasado mes de abril. La defensa de Villa recurrió ante la Audiencia, que en septiembre ratificó la necesidad de hacer el examen. Finalmente se fijó una fecha para que se realizara, el viernes de la semana pasada, pero la defensa esgrimió un supuesto defecto de forma para evitar la comparecencia de Villa: que no se le había comunicado el lugar y la fecha de la cita de forma personal. En una providencia del pasado miércoles, la juez rechazó los argumentos y los tildó de maniobra dilatoria, al tiempo que llegó a la conclusión de que no podía abrir diligencias por desobediencia contra Villa, al ser la primera vez que incumplía una resolución judicial. Y es que este tipo de delito solo se cometería en caso de dos incumplimientos.
El agujero del geriátrico
La comitiva judicial no encontró ayer obstáculo alguno. Ni el fiscal ni el secretario, ni ninguno de los familiares estuvieron presentes durante la práctica de la prueba. Tampoco estuvo presente la letrada de Villa, a la que la juez había advertido de que incurriría en desobediencia si se presentaba en el piso. Al final del examen, el fiscal Valdés-Solís se mostró de lo más satisfecho. "Es una gente muy agradable, que ha prestado muchísima colaboración. La verdad es que es un gusto venir con esta gente", indicó. En las inmediaciones del piso de Villa en la calle Pravia del barrio de La Florida, una patrulla policial estaba al quite, para proteger a los medios de comunicación.
Por otro lado, el constructor del geriátrico minero de Felechosa, al que el Montepío reclama dos millones de euros en obras que no se realizaron pero sí se pagaron, se puso ayer de lado. "Ni confirmo ni desmiento esas acusaciones, que sí, son graves. Hablaré cuando tenga que hablar", indicó Juan Antonio Fernández, de Alcedo de los Caballeros.
