El diputado de FORO en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, ha formulado varias preguntas escritas al Gobierno sobre las pensiones que ha dejado de pagar el Gobierno venezolano a los emigrantes españoles retornados y a los residentes en España. A juicio de Oblanca, el Gobierno español ha de exigir a Venezuela el cumplimiento del convenio bilateral “en relación con el incumplimiento a lo largo de 2016 del Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela que reconoce el derecho al cobro de las pensiones, subsidios e indemnizaciones venezolanas a los residentes en España y a los emigrantes españoles retornados”.

Oblanca ha señalado que “se estima que unos 4.000 españoles están afectados por esta decisión unilateral del Gobierno venezolano” y que “desde enero de 2015, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no está autorizando el traslado de prestaciones al extranjero a quienes deciden abandonar el país por las limitaciones e inseguridad que se vive allí”.

Este es el escrito presentado por el diputado Oblanca para su contestación por el Gobierno:

Los emigrantes españoles retornados de Venezuela se encuentran con grandes inconvenientes para el cobro de las pensiones que, en su caso, les corresponden:

• El Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, de 12 de mayo de 1988, en vigor desde el 1 de julio de 1990, reconoce el derecho al cobro de las pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones venezolanas a los residentes en España y a los emigrantes españoles retornados sin que estén sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por ninguna de las partes.

• En todo lo que va de año 2016, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no pagó las pensiones a los venezolanos residentes en el exterior, entre los que se encuentran los pensionistas emigrantes españoles retornados a España y los pensionistas venezolanos residentes en España. Se incumple, por tanto, con el Convenio citado anteriormente.

• El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no reconoce oficialmente que haya dejado de pagar las pensiones a dichos ciudadanos, pese a que la entidad bancaria que tramita las mismas lo puede acreditar.

• Se estima que unos 4.000 españoles están afectados por esta decisión unilateral del Gobierno venezolano.

• Además, desde enero de 2015, el Gobierno de Venezuela no está autorizando el traslado de prestaciones al extranjero a quienes deciden abandonar el país por las limitaciones e inseguridad que se vive allí. Se estima que estamos hablando de más de 600 personas en tal situación.

• Numerosos son los emigrantes retornados asturianos que han padecido esta situación hasta el punto de que el Gobierno del Principado de Asturias ha tenido que incrementar en un 150% las previsiones presupuestarias en concepto de apoyo a emigrantes retornados, por la irresponsabilidad e incumplimiento del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con quienes son tanto sus compatriotas como nuestros.

Por lo expuesto se formulan las siguientes preguntas al Gobierno para las que se desea respuesta escrita:

1. Ante su incumplimiento, ¿qué acciones y medidas concretas ha tomado o piensa tomar el Gobierno de España para hacer cumplir el Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, de 12 de mayo de 1988, en vigor desde el 1 de julio de 1990?

2. ¿Dispone el Gobierno de España de cifras oficiales que midan el impacto de este impago y el número concreto de afectados?

3. ¿Qué medidas está tomando el Gobierno de España para ayudar a los emigrantes retornados a quienes no se les paga las pensiones venezolanas a las que tienen derecho?

4. ¿Ha recibido el Gobierno peticiones, reclamaciones o advertencias del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias o de otras Comunidades Autónomas en relación con los impagos que están sufriendo los emigrantes españoles retornados de Venezuela?