15 de noviembre de 2016

Los afectados por las liquidaciones del ERA ven "insuficiente" la solución del Principado

La Consejera acepta "un error, no un fraude", entre reproches de Podemos y PP, que la acusan de negarse a cumplir la ley

15.11.2016 | 08:34
Pilar Varela, a la derecha, ayer, en la Junta, con la directora general de Prestaciones y Recursos, Paula Álvarez.

Se lo dijeron en los pasillos de la Junta. Creen que su solución es un avance, pero que se les hace "insuficiente". Los herederos de fallecidos en residencias geriátricas públicas del organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) damnificados por la cuantía de las reclamaciones de deuda efectuadas por el Principado hicieron saber ayer a la consejera de Servicios Sociales que la propuesta de remedio de su departamento les sirve en parte, pero también que debería extenderse, que hay afectados más allá de los 3.376 casos que la Administración revisará con el propósito de devolver a los usuarios las cantidades que hayan sido abonadas en exceso.

Pilar Varela salía de explicar a los diputados, en la comisión parlamentaria de Servicios y Derechos Sociales, el remedio propuesto por su departamento para desliar la madeja. Es el ya anunciado, el que adopta la sugerencia de procedimiento del Consejo Consultivo para dotar de "garantía jurídica" al procedimiento para revisar los expedientes y reintegrar el dinero a los usuarios que, teniendo reconocida la condición de dependientes, no se les aplicó en su día el sistema de copago de la ley de Dependencia, en teoría el régimen más favorable económicamente para ellos. Varela prometió revisiones, todavía sin cifra ni plazo, a los que en su lugar y por "error" se les cobró la estancia conforme al modelo anterior a la ley del contrato de hospedaje, menos ventajoso. Sabe que ha tardado, asumió ayer, al menos un año, pero aduce que no podía hacer nada sin un soporte con "seguridad jurídica" para el procedimiento. Para conseguirlo, el Principado ha abrazado la solución sugerida por el Consejo Consultivo, la anunciada modificación del decreto que regula los precios públicos de la atención residencial para dotarlo de eficacia retroactiva en lugar de la simple revocación de un acto administrativo que en principio había barajado la Consejería.

El plazo de las devoluciones y la comunicación con los afectados sólo podrá afinar su duración cuando concluya la tramitación de la reforma del decreto, que Varela inició a finales de la semana pasada dando orden de que se inicie el proceso. La cantidad depende del análisis de cada caso concreto y de la actualización de las circunstancias personales de cada usuario, para lo que necesitarán, precisa Varela, "la colaboración de las familias" y también llamar a la puerta del presupuesto autonómico en espinosa negociación política: como tal devolución de dinero, el trámite "tendrá que tener un reflejo presupuestario", asume.

Mauro Cuesta, que siguió la comparecencia de la Consejera en la Junta con otros miembros de la plataforma de afectados, valoró el avance sin olvidar que el "universo" del que habla Varela ha de ser mayor. Que su verificación se dirige a 3.376 usuarios con dependencia reconocida, 2.791 fallecidos -a cuyos familiares aún no se han dirigidos- y 585 vivos, y que convendría buscar la fórmula para incluir también en la solución a "mucha gente que no tiene reconocido ese estatus, pero que sí son dependientes y están en las residencias". Su reclamación es esa y la "auditoría externa" que depure responsabilidades y dé respuesta a la pregunta de Cuesta -"¿cómo hemos llegado hasta aquí?"- y a las que ayer dejó en el aire Pilar Varela, tal vez porque ella también se las encontró en el aire al llegar a la Consejería: "El nudo de este problema es éste", dijo. A saber: "¿Por qué reconocimos a una persona como dependiente y no le aplicamos la ley? ¿Por qué estuvimos cuatro años sin un decreto y por qué no se hizo con carácter retroactivo? ¿Por qué confundimos a las personas diciéndoles que podían optar y quedarse en el régimen en el que estaban?" "Hay un error, un problema que estamos resolviendo", concluyó la Consejera. "Debemos desechar la palabra fraude".

Expedientes ejecutados

El caso es que ayer, en el día de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de la ley aprobada en la Junta a instancias de Podemos que obliga al Principado a suspender las liquidaciones mientras se revisan los expedientes, Varela dio por cumplida, "y bien cumplida", esa norma controvertida con esta solución que detalló ante de los diputados y que incluye, dijo, un compromiso de revisión y devolución "incluso de liquidaciones que no están reclamadas". Lo hizo entre reproches de la oposición, particularmente intensos los de Podemos y el PP, y después de aceptar que algunos afectados han seguido recibiendo comunicaciones de deudas al menos en "un par" de expedientes "porque prescribían en septiembre" y a riesgo de incurrir en responsabilidades propias "no podemos dejar que prescriba ningún derecho de la Administración".

La explicación convenció en parte a los grupos de la oposición y más a Foro, Ciudadanos e IU que a Podemos y PP. "Suspendan las reclamaciones hasta que se revisen", invitó a Varela la diputada de la formación morada Rosa Espiño, que la acusó de "sembrar confusión entre los afectados". "Hay personas pagando a plazos que siguen haciéndolo hasta el día de hoy", lamentó. Matías Rodríguez Feito (PP) advirtió que la moción previa a la ley "exigía la suspensión de todos los expedientes de suspensión y no lo han hecho" y pasó de una acusación de "mala gestión" a la de algo "podríamos llegar a calificar de corrupción" antes de emplazar al Principado a "dejarse de excusas y cumplir la ley".

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