Cuentan que el Padre Rodrigo Molina, praviano de 1920, jesuita y fundador en 1967 de Lumen Dei -Luz de Dios-, falleció a causa del cáncer habiendo rechazado con ascesis sin límites cualquier tratamiento paliativo. Aquellos sufrimientos en las carnes de un hombre absolutamente austero y recto aquejan desde su fallecimiento a la entidad religiosa que había fundado, y precisamente cuando ésta comenzó a perder su austeridad y rectitud.
Comenzaron entonces unas descarnadas guerras bajo la Luz de Dios cuyo último episodio está siendo la querella que ex dirigentes y ex miembros de Lumen Dei -que deliberadamente decidieron dejar esta Asociación de Fieles en 2015-, presentaron contra el superior general designado por el Vaticano en 2009, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.
Se trata de un grueso fajo de temas, una multiquerella, en la que no falta punto de imperfección cristiana: apropiación indebida, administración desleal, daños, estafa, delito societario, hurto, coacciones, impago de cuotas de la Seguridad Social, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores, contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones postales y telefónicas e, incluso, contra la fauna.
La querella ha sido presentada por la abogada procesalista Teresa Marcos Millares (especializada en Práctica Jurídica Procesal con los Jesuitas de ICADE), y la Audiencia Provincial de Madrid ha mandado reabrir la causa después de que el Juzgado de Instrucción número 22 de la capital decretase su archivo.
Dicho juzgado estimó que debía archivarse al verificar que, en efecto, Sanz Montes es el Comisario Pontificio de Lumen Dei -con legitimidad de Roma y del Derecho Canónico-, y que los querellantes ya no pertenecen a Lumen Dei, por lo que no pueden demandar justicia en nombre de dicha asociación. Los ex miembros se denominan en la actualidad Ideal Lumen Dei o Prodein, pero están fuera de la obediencia al Vaticano.
De hecho, abandonaron la asociación para no acatar las órdenes del Papa Francisco, que hace años había expulsado a Lumen Dei de Buenos Aires por sus oscuros comportamientos.
Ello significa que el Pontífice conoce directamente lo que en este momento se ventila en España y ha comunicado al arzobispo Sanz que no se deje vencer por esa tela de araña que los ex dirigentes de la entidad ya utilizaron contra el ahora cardenal Fernando Sebastián. Éste había sido nombrado Comisario antes que Sanz, en 2008, cuando estalló el caso de las corrupciones de Lumen Dei, pero resultó ahogado por una docena de querellas como la actual -por lo penal, civil y social-, presentadas por los superiores que se veían expulsados de sus cargos. Pero como no existen luchas intestinas más crudas que las de la Iglesia -amparadas por el secreto, la conciencia y otros mecanismos de control-, Sebastián se vio traicionado por obispos españoles, incluido el neocardenal Carlos Osoro, que pidieron a Roma que frenase sus actuaciones correctoras.
Las graves desviaciones de Lumen Dei se habían iniciado tras la muerte de Molina, cuando accede a la presidencia general de la asociación el avilesino Francisco Javier Mahía Colao. A partir de ese momento, algunos miembros perciben la existencia de comportamientos terribles. Por ejemplo, las generosas donaciones que recibía la entidad -con obras en favor de los pobres en Latinoamérica- eran desviadas a la compra de lujosos inmuebles o la dotación de carísimos equipos para una emisora de televisión, así como la compra de una productora, canales y una estaciones de radio (algunos de los benefactores eran tan relevantes como Álvaro Armada Ulloa, conde de Revillagigedo).
Además de los desórdenes económicos, también los había en el plano moral. Todo ello provocó que en 2005 Juan Antonio Perteguer, presidente entonces del sector matrimonial de Lumen Dei, presentase acusaciones contra Mahía ante la vaticana Congregación para los Institutos de Vida Consagrada.
El proceso canónico penal fue iniciado entonces por José María Yanguas, obispo de Cuenca, diócesis de la que en ese momento dependía Lumen Dei. Su sentencia rezaba del siguiente modo: "Declaramos al reverendo Padre Francisco Javier Mahía Colao autor de un delito de abuso del cargo por la comisión de graves agresiones físicas de diverso tipo realizadas contra distintos miembros de Lumen Dei". Por ello el fallo imponía "una pena expiatoria atenuada prohibiéndole ejercer oficio alguno que comporte gobierno de personas". En concreto, las agresiones consistían, por ejemplo, en ataques a las religiosas de Lumen Dei introduciendo su cabeza bajo el hábito de las mujeres y realizando frotamientos en esa postura. Pero no sólo hubo ataques sexuales a las hermanas, sino también a los varones de su comunidad.
En definitiva, la sentencia sólo mostraba la punta del iceberg. En Lumen Dei había también relaciones de homosexualidad practicante, y de lesbianismo. La dirección de la asociación, encabezada por Mahía, toleraba la laxitud moral y la justificaba. Como llegó a decir un ex miembro expulsado entonces, "Mahía y María Teresa se encargaron de juntar una recua de malandrines impresionante".
María Teresa de Simone -que se halla en el fondo de la actual querella-, se autoconsideraba la madre espiritual de Lumen Dei y llegó a manejar al débil Mahía como a un títere. Ella explicaba que los comportamientos aberrantes del sacerdote eran causados por una posesión diabólica que Dios permitía para ponerle a prueba (esta doctrina se conoce como "molinosismo", en referencia a Miguel de Molinos, y fue condenada por la Iglesia a finales del siglo XVII ya que significaba afirmar que Dios permite el mal, un tema en el que, sin embargo, Juan Pablo II y Benedicto XVI discreparon).
En suma, la guerra interna iniciada en 2002 se recrudeció tras la sentencia de Yanguas. Se presionó a los miembros para que guardaran silencio; bastantes fueron expulsados e incluso algunos sacerdotes de Lumen Dei quebrantaron el sigilo sacramental de la confesión para delatar a los críticos con Mahía.
Además, los mandatarios razonaban que, al ser el obispo Yanguas "del Opus Dei, lo que pretende es destruir Lumen Dei, una entidad de la Iglesia que hace la competencia a la obra de Escrivá".
En ese clima destructivo llegó el comisariado de Sebastián, aprobado por el Papa Benedicto XVI. Pero, además de acabar con él, los mandatarios desplazados retiraron rápidamente dinero de las cuentas de Lumen Dei y la asociación quedó con una deuda total, adquirida en los tres años anteriores, de más de seis millones de euros.
En ese momento llega Sanz Montes al comisariado, y decide aplicar guante de seda. No lleva a los sustractores de fondos ante los tribunales, pese a tratarse de un alzamiento de bienes. Tampoco esgrime la sentencia de Yanguas ni los informes psiquiátricos sobre Mahía. Y de acuerdo con el consejo de la asociación decide la venta de bienes para recuperarse del quebranto económico previo. Sin embargo, la vieja guardia percibe a través de la seda el puño de hierro. Y comienzan las hostilidades, que incluyen hasta grabaciones ocultas en la propia curia arzobispal de Oviedo utilizadas en la querella.
Pero no hay nada nuevo bajo el sol. En el presente, el Vaticano tiene intervenidas nada menos que 80 asociaciones y grupos católicos. La pauta de desviaciones es siempre la misma: primero, autoritarismo y dominio de las conciencias; segundo, desórdenes morales en el plano sexual; y, tercero, opacidad económica. Lumen Dei es la demostración de todo ello, pese a que sus ex dirigentes -que por vía de conciencia tienen abducidos a unos 200 ex miembros-, tratan de arrojar querellas para salvarse.
