17 de noviembre de 2016

El Principado exige que la comisión de comunidades del Senado aborde el fin de los recortes en dependencia

El Gobierno regional se suma a los de Andalucía, La Mancha y Extremadura en la reclamación de un foro para analizar conjuntamente la asfixia financiera estatal que sufre el sistema

17.11.2016 | 11:29

El Gobierno del Principado ha decidido elevar la presión para exigir al Estado una mejora de la financiación del sistema de la dependencia, sometido en su opinión a una situación de asfixia financiera como consecuencia del recorte aplicado por el Gobierno central en los últimos ejercicios. El Ejecutivo regional ha acordado solicitar al Senado la convocatoria urgente y extraordinaria de la comisión general de las comunidades autónomas para abordar la situación actual de este mecanismo y solicitar una mejora de su financiación.

Asturias se suma en este punto a otras comunidades de gobierno socialista, toda vez que Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura ya han planteado la misma petición esta semana y el Ejecutivo asturiano considera probable que se añadan otras próximamente. De acuerdo con ellas, el Principado considera que la reunión de esta comisión, prevista en el reglamento de la Cámara Alta para canalizar la participación de las regiones hacia la propuesta de recomendaciones, puede convertirse en un buen foro para la reflexión y el diálogo en el que las diferentes administraciones acerquen posiciones sobre el funcionamiento y financiación de la Ley de la Dependencia, "desde el respeto, el rigor y la defensa de los derechos de los ciudadanos", afirma la Consejería de Servicios y Derechos Sociales en un comunicado.

Entre otros asuntos, las autonomías quieren analizar en este contexto las consecuencias de las medidas de recorte aplicadas por el Gobierno de Mariano Rajoy desde 2012 y reflejadas en real decreto-ley de diciembre de 2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, así como en la norma del mismo rango que en julio de 2012 estableció las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y en los Presupuestos Generales del Estado. Todo eso, según la queja reiterada del Principado, ha dificultado su tarea de atención a los más de 19.000 dependientes registrados en la región.

Las pretensiones del Gobierno del Principado se completan con la exigencia de que se levante la suspensión del nivel de protección acordado con efectos retroactivos desde 2012 para restablecer de ese modo el nivel mínimo vigente antes de los recortes. El Ejecutivo calcula la reducción de ingresos que le ha supuesto ese recorte en unos cuarenta millones de euros en los tres últimos ejercicios completos. La cifra resulta de la suma de la supresión del nivel de protección, la cantidad que aporta el Estado a las comunidades autónomas según indicadores como la población o el nivel de renta, y su suma con la reducción de los fondos que la Administración central transfiere por cada dependiente

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha reivindicado en numerosas ocasiones la necesidad de que se revise la Ley de la Dependencia cuando ha cumplido diez años de vigencia y la urgencia de suscribir un pacto de Estado en esta materia que garantice el funcionamiento del sistema y asegure su sostenibilidad, puesto que la aportación económica media de las comunidades alcanza ya el 82 por ciento frente al dieciocho de la financiación estatal.

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