El Principado se ha sumado a un frente autonómico integrado ya por Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura para exigir al Gobierno central que modifique la financiación del sistema de la dependencia para asegurar su mantenimiento. El Estado sólo aporta el 18% para el sostenimiento de estos servicios, que en Asturias se reduce al 14%, según el Observatorio Estatal de la Dependencia. La Ley establece que la aportación debe de ser del 50% por parte de cada una de estas administraciones.

La Consejera de Servicios Sociales, Pilar Varela, ya denunció en varias ocasiones las dificultades presupuestarias para cubrir la financiación de la dependencia que el Estado dejó de atender con la política de recortes. El último Consejo de Gobierno del Principado aprobó solicitar la convocatoria "urgente y extraordinaria" de la comisión general de comunidades del Senado para abordar en ella la financiación del sistema de la dependencia, y exigir al Estado que aporte el 50% que le corresponde por ley. Según el Ejecutivo, la rebaja de la aportación estatal -una cantidad fija en función de parámetros como la población y el nivel de renta-, sumado a la reducción del 13% del nivel mínimo, que es la cuantía que debería abonar el Estado por cada persona dependiente, le ha supuesto a Asturias una merma de ingresos de más de 42 millones de euros en 2013, 2014 y 2015. Los recortes acumulados por el Gobierno de Mariano Rajoy en dependencia asciende en el conjunto del país a 2.865 millones de euros, según consta en el Plan de Estabilidad y en los planes de reformas enviados a Bruselas.

Según un estudio realizado por el Observatorio Estatal de la Dependencia, el gasto público total certificado ascendió a 6.256 millones de euros, de los que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aportó 1.130. El gasto certificado en 2015 en Asturias, la región más envejecida, ascendió a 161,5 millones de euros, de los que el Estado aportó 22,9 y 138,6 el Principado y los usuarios. Es decir, el Gobierno central abonó el 14,2%. Sólo Valencia, Extremadura y La Rioja recibieron menos. El Principado es, según el Observatorio de la Dependencia, la segunda comunidad con menor lista de espera, con aproximadamente un 20% cuando la media estatal llega al 35%.