Un ganadero de Laviana será juzgado en las próximas semanas como presunto autor de los delito de atentado a la autoridad y amenazas graves, por haber amenazado y agredido a un guarda de la Consejería de Medio Natural. Es la primera vez que un ganadero se enfrenta a una acusación de este tipo. Además, el acusado se enfrenta a otro delito de lesiones. El juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal de Langreo.
El ministerio fiscal pide para el acusado un año y medio de prisión, 480 euros de multa e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El Principado de Asturias, que ejerce la acusación particular tras haber eludido asumir la defensa de su empleado, ejerce la acusación particular y solicita la misma pena de prisión e inhabilitación, pero eleva la multa a 600 euros. Eduardo Rueda, abogado de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), que representa al guarda agredido, añade un supuesto delito de amenazas graves, por lo que pide un total de cuatro años de prisión y multa de 4.200 euros.
Las presuntas amenazas y agresiones ocurrieron el 19 de diciembre de 2015, durante las tareas de extinción de incendios en un monte de Sobrescobio, en plena ola de incendios en el Principado. Al no estar presente en aquel momento ningún bombero (lo acompañaba un auxiliar), el guarda agredido era en aquel momento la máxima autoridad (director técnico de la extinción).
El guarda asegura que fue amenazado y agredido por el ganadero y presentó ante la Guardia Civil un parte de lesiones. En un primer momento el ganadero iba a ser juzgado como autor de un delito leve, pero el letrado de USIPA solicitó y obtuvo del juez la calificación de delito de atentado a la autoridad. Santiago Traviesa, delegado sindical en la Junta de Personal por USIPA, resaltó que se ha solicitado "reiteradamente" al Principado "un mínimo de atención y protección ante la indefensión" que padece la guardería del Medio Natural.
El silencio del Principado a la solicitud de que asumiera la defensa de su empleado ha causado hondo malestar en el colectivo, que cuando se enfrentan a un problema similar deben de pagarse el abogado o recurrir a la ayuda de los sindicatos. Traviesa calificó de "vergonzoso" que el Principado deje a sus guardas "al pie de los caballos". En este caso, el malestar es aún más intenso porque el Principado, después de obviar la petición de asistencia jurídica para su empleado y tras calificar el juez el delito de "atentado a la autoridad", se ha personado como acusación particular. "Somos agentes de la autoridad. ¿Cómo no nos va a ayudar el Principado", indicó Traviesa, quien señaló que si persisten las actuales circunstancias, sin el apoyo del empleador, "acabará habiendo guardas que se planteen seriamente denunciar". Criticó el "abandono" y la "dejadez" del Principado y exigió "protección" a la labor de la guardería.
