El Parlamento asturiano inició ayer el debate sobre la creación de la unidad anticorrupción del Principado con la comparecencia de expertos en transparencia y juristas. El debate permitió el contraste de posiciones tan diferentes como ricas en contenidos, que abordaron desde la necesidad de que la ley dé cobertura a quien informa de un supuesto delito de corrupción hasta los riesgos que plantea la delación anónima, reclamada por algunos colectivos para combatir esa lacra.
Manuel Villoria, miembro del capítulo en España de Transparencia Internacional y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, se mostró favorable a la creación de entidades como la unidad anticorrupción del Principado porque permitirán "denunciar más e investigar mejor".
Villoria no vaciló en la importancia que tiene dar cobertura a quienes ponen al descubierto prácticas ilegales en el ámbito de la administración. "Hay que proteger a los denunciantes, en especial a los funcionarios; para Transparencia Internacional es uno de los elementos clave. España es uno de los países que peor regulada tiene esta protección", afirmó este experto en su comparecencia ante los grupos políticos del parlamento asturiano. "En España no hay una estrategia general de lucha contra la corrupción. España tenía que haber creado la Agencia contra la corrupción", reprochó Villoria.
Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, advirtió del avance histórico que supuso acabar con los sistemas de delación. "La lucha frente a la corrupción es muy enarbolable pero tiene costes. Me preocupa organizar una superestructura de lucha anticorrupción basada en la delación", planteó Villaverde.
Jesús García, profesor de Economía en la Universidad de Oviedo, señaló la conveniencia de crear un sistema que sirva de "alerta temprana y sea recolector de información e informantes", una posición compartida también por Villoria, quien reconoció que "la percepción sobre la corrupción en España está disparada pero no es la realidad. En España los sobornos en la administración están al nivel de Alemania y Holanda, muy bajos". Villaverde dejó patentes muchas "dudas" sobre la creación de unidades de ese tipo y mostró su preferencia por "reforzar y rediseñar la inspección general de servicios".
