El consorcio metropolitano que el Ejecutivo regional pretende crear como órgano de gobierno del área central tendrá sus competencias principales en materia de urbanismo, medio ambiente, vivienda y movilidad. Entre otras potestades, estará capacidad para emitir informes vinculantes sobre los planes de ordenación de los 29 concejos que lo integrarán, así como sobre los planes especiales de protección del patrimonio cultural. Además, será la administración urbanística de referencia en los espacios de gestión supramunicipal que se formen a partir del plan diseñado por el Principado, en el que se incluye una red metropolitana de infraestructuras verdes. También participará el ente en la gestión del parque público de viviendas, determinando prioridades en materia de rehabilitación o de generación urbana.
También prevé el Gobierno regional que este consorcio diseñe planes para la mejora de la calidad del aire en todo el eje central, incluyendo actuaciones conjuntas para luchar contra los efectos del cambio climático. Otra de las competencias del organismo será la gestión de una oferta integrada de turismo que aglutine los recursos de Oviedo, Gijón y Avilés. En transportes y movilidad urbana se plantea que el consorcio se encargue de la coordinación de las infraestructuras y de los servicios que afectan al área central.
La promoción de una oferta conjunta de los equipamientos públicos, procurando, por ejemplo, un sistema sanitario "en red", o el impulso a actuaciones de regeneración y reorganización de los polígonos y de los espacios industriales degradados cierran el catálogo inicial de competencias del órgano de gobierno del eje metropolitano.
El Gobierno regional se decantó por la fórmula del consorcio frente a la del consejo metropolitano, concebido como un órgano consultivo de asesoramiento, en una decisión basada en las experiencias exitosas de los consorcios en activo en materia de aguas, residuos sólidos y transportes. La previsión es que se constituya como una entidad pública sometida al Derecho Administrativo, cuya misión sería administrar la comunidad de intereses de los 29 concejos afectados por el proyecto, generando un área atractiva para vivir, trabajar e invertir, con una creciente relevancia en la fachada atlántica, según consta en la propuesta de la Administración autonómica.
Tras haber presentado el avance de directrices para el área el pasado mes de marzo, la Consejería de Ordenación del Territorio espera tener listo a comienzos del año que viene el documento para su aprobación inicial, en el que ya se concretarán objetivos, normativas y actuaciones específicas para el desarrollo del eje metropolitano. El proyecto ha recibido un importante espaldarazo al lograr el apoyo, aunque condicionado, del ayuntamiento de Gijón, el más poblado de Asturias.
La aprobación inicial de las normas para el área central se hará de forma simultánea a la revisión de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de 1991. Además, el Ejecutivo autonómico ha advertido de que deberá tramitar también un estudio ambiental estratégico y ha anunciado la creación de un "espacio de encuentro institucional" en la Federación de Concejos.
