El Tribunal de Cuentas acaba de desestimar la reclamación contable planteada por la Abogacía del Estado contra el presidente de Feve durante el último Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el leonés Ángel Villalba, así como el entonces director general, Juan Díez López, por un supuesto perjuicio de casi 1,2 millones de euros por la compra de los locales del tren turístico "Transcantábrico" en Oviedo y la venta de 1.583 toneladas de chatarra. Fomento estimaba que los locales, en la calle Ingeniero Marquina, se compraron en 900.000 euros por encima del precio de mercado, y que la chatarra se vendió a la mitad.
En abril de 2013, la entonces ministra Ana Pastor anunció la presentación de una denuncia por "estafa y malversación de fondos públicos". Ésta derivó en un procedimiento de reintegro por alcance tramitado por el departamento segundo de la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, del que ha sido ponente Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia con Aznar.
La consejera estima que no ha quedado probado que Villalba y Díez causasen un perjuicio a Feve, tal como sostenía el Abogado del Estado en nombre de Adif y Renfe Operadora, las demandantes, que han sido condenadas a pagar las costas. Los locales de Ingeniero Marquina tuvieron varias tasaciones. Una primera, de la arquitecta Belén Cuesta, tasaba el inmueble en 2,5 millones. El 30 de agosto de 2011 se acordó la compra por 2,2. Félix Gordillo tasó en septiembre de 2011 los locales en 2,4 millones, y luego, en octubre, la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (SEGIPSA), los valoró en algo más de 1,2 millones.
Según Mariscal de Gante, "no se considera probado que el precio pagado estuviera por encima del valor razonable del inmueble". El Abogado del Estado puso en duda la fiabilidad de los tasadores, por no estar inscritos en el Registro del Banco de España. Arguyó además que la primera (Cuesta) tomó sus datos de internet, y que el segundo (Gordillo), no era independiente, al haber facturado antes con Feve. La sentencia estima que no se aprecia que las valoraciones se hiciesen con una metodología inapropiada. Resalta por otro lado los errores en la valoración de Segipsa. Por otro lado, en el informe de ésta se habla de hipotéticas comisiones por 355.000 euros, pero el Tribunal de Cuentas cree que no hay prueba de ellas. Y no entra a valorar los posibles errores de procedimiento.
En cuanto a la venta de la chatarra (eran sobre todo carriles), ésta se hizo a 150 euros la tonelada, pero el Abogado del Estado argumentó que el precio medio era de 307. El fallo indica que no está probado que ese fuese el precio medio, ya que, a la vista de otras ventas, las cifras eran muy variables, Además, el hipotético bajo precio se compensaba con que el comprador se comprometía a recoger el material. El fallo tampoco pone pegas al procedimiento para esta venta.
