Al cierre de la convocatoria de los planes locales de empleo, participan 73 de los 78 ayuntamientos, todos salvo Siero, Valdés y Avilés, gobernados por el PSOE, y Mieres y Langreo, de IU. El ayuntamiento avilesino sí ha participado en la convocatoria regional relacionada con los contratos en prácticas, que son la de primera experiencia laboral y certificados de profesionalidad, pero no a los que conllevan un contrato por obra y servicio, que son los polémicos por la inseguridad jurídica que suponen para los ayuntamientos.

"Nos habría gustado que todos lo viesen claro y pusiesen a disposición de los ciudadanos la mayor oferta posible", aseguró sobre las ausencias el consejero de Empleo, que eludió valorar las decisiones de los descabalgados. Francisco Blanco mandó por delante la convicción de que el Gobierno regional ha hecho en las bases reguladoras "los cambios que nos permite la legislación laboral" del Estado y "el máximo esfuerzo por atender todas las sugerencias de los representantes de los municipios" a través de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), así como las de "los sindicatos y los agentes sociales".

En esas condiciones, subrayó, "nosotros ponemos esa convocatoria a disposición de los ayuntamientos" y a partir de ahí, "son ellos los que deciden". El Consejero aseguró que no se ve en disposición de valorar las decisiones que de forma autónoma adopta cada corporación local, pero sí remarcó que la legislación laboral desborda las competencias de la comunidad autónoma y que "tenemos que atenernos a los tipos de contratos vigentes, en este caso a la modalidad de obra y servicio" que despierta las reticencias de algunos de los ayuntamientos afectados.

Los que renuncian lo hacen por las denuncias y las sentencias favorables a los beneficiarios que reclaman su asimilación a las plantillas municipales y que ha costado cuantiosas indemnizaciones a los municipios.