El Gobierno del Principado acogió ayer con satisfacción contenida y no exenta de reproches la flexibilización del objetivo de déficit para 2017 con el que la presión del endeudamiento autorizado a las comunidades autónomas se afloja del 0,5 al 0,6 por ciento del PIB. La elevación del límite, acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se traduce a dinero permitiendo a Asturias disponer de 23 millones de euros más el año que viene y ahí hay una inyección "importante" al decir de la consejera de Hacienda. Dolores Carcedo festeja el "desbloqueo de una situación" de incertidumbre "que incidía en las finanzas de las autonomías", pero deplora que se mantengan tanto el desequilibrio a favor del Estado en el reparto entre administraciones de los límites de déficit como la ocultación de los criterios que lo rigen.

En esa distribución, el Estado "se sigue reservando la mayor parte, el 51 por ciento, frente al 17 de las autonomías", cuando son éstas las que deben asumir el 33 por ciento del gasto público, lamenta. Esa descompensación explica que Asturias se abstuviera en la votación de ayer, igual que otras cinco comunidades -se opusieron Cataluña, Valencia y Baleares-, pese a asumir que la medida da aire a las finanzas de la región en este momento trascendental de tramitación parlamentaria del presupuesto de 2017.

Las cuentas registradas en la Junta se formulan sobre un objetivo del 0,5 por ciento, de suerte que estos 23 millones adicionales deberán ser incorporados en una ley extraordinaria que, según las previsiones del Principado, se tramitaría en enero y vendría a completar el proyecto de presupuestos. El Gobierno prevé destinar esta partida suplementaria a "medidas de estímulo de la economía e inversión" y espera que este auxilio financiero pueda erigirse en "un instrumento para negociar" y tratar de vencer los recelos expresados hasta ahora por toda la oposición parlamentaria hacia su diseño presupuestario.

La elevación al 0,6 era el objetivo "mínimo" que el Principado llevaba al encuentro del CPFF, que también dio de paso la senda de consolidación en los términos previstos, un 0,3 por ciento para 2018 y el objetivo de estabilidad anclado en 2019. Todos estos acuerdos, también el límite del 0,7 por ciento ya ratificado para 2016 -objeto de un suplemento de crédito de 64 millones para el que el Principado pedirá este mes autorización a la Junta- han de ser aprobados en el Consejo de Ministros y en las Cortes antes de volver al CPFF para fijar individualmente el tope de cada autonomía. En el caso del de 2016, el Principado precisa que ese trámite esté completo este mes, de lo contrario decaería el permiso de la Junta.

En el consejo de ayer, la Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciaron además que en la conferencia de presidentes autonómicos prevista para enero arrancará la revisión del sistema de financiación autonómica, largamente demandada por Asturias y que Mariano Rajoy anunció en su investidura.

Más información en pág. 40