Sandra T. O., la vigilante a la que su exmarido, también guarda, clavó un destornillador cuatro veces en la residencia de Perlora (Carreño), en agosto de 2014, describió ayer -en el juicio celebrado en la sección tercera de la Audiencia- un infierno de vejaciones. "Estaba harta de amenazas e insultos, pero nunca pensé que fuese a hacerme esto", indicó. A raíz del divorcio, ella quería una relación cordial, pero él no la dejaba en paz. Justo antes del ataque, el exmarido le escribió en Facebook: "Me has hecho tanto daño que has abierto la caja de Pandora y a ver quién la cierra"; y otro más críptico: "Game over" ("Fin de partida", en inglés).

José Manuel F. M. estaba destinado en los Juzgados de Gijón, pero hacía horas en la residencia de Perlora. Su exmujer era la que tenía que darle el relevo. En la garita empezó una discusión. Según él, por la manutención del hijo que tienen. Le habían bajado el sueldo, dijo él, y no le llegaba para la hipoteca y la pensión de alimentos. Él se fue poniendo cada vez más violento, hasta que agarró un destornillador de estrella. Ella estalló: "¿Qué, me lo vas a clavar? A ver si tienes cojones". Se sabe porque grabó la escena con el móvil. El hombre lo estrelló contra el suelo, pero se pudieron recuperar los datos. Entonces la empezó a apuñalar. La herramienta, de 13 centímetros, no pudo entrar mucho en el cuerpo de la mujer, que llevaba faja elástica por una operación. "Me salvó el cinturón, y también mi compañero, que lo agarró", dice la mujer. Ella pidió ayuda a una conductora que pasaba por allí y que la llevó a Gijón.

El acusado, defendido por Javier Busto, negó cualquier intención homicida. "Si hubiese querido matarla, tuve mil ocasiones de hacerlo. Ahora estaríamos hablando de otra cosa. Me buscó las cosquillas e intenté asustarla", dijo. Los forenses dijeron que, con el destornillador utilizado, no le hubiese resultado difícil clavárselo más profundamente.

"Tuvo intención de matar", sostuvo la fiscal, Esperanza González Avella. Pedía inicialmente un año de cárcel por malos tratos, pero cambió de parecer tras escuchar los testimonios y solicitó cinco años por homicidio frustrado, igual que la víctima, defendida por Mercedes Estrada. Ésta resaltó que el hombre no paga sus obligaciones, lo que ha llevado a la mujer al borde del desahucio.

Ante los Juzgados hubo una concentración de apoyo a la víctima y contra la actitud de UGT y CC OO en este caso. Y es que, según Mario José Alonso, de USIPA, aunque los sindicatos pidieron el despido del agresor, cuando estaba destinado en los Juzgados de Langreo, realmente hicieron poco por apartarlo. Los trabajadores de la empresa Alcor pidieron unas elecciones para echar al atacante de su cargo de delegado sindical, pero UGT y CC OO se unieron para impedirlo, y el acusado completó su mandato.