Después de un año perdiendo el tiempo, en el Congreso está cambiando el tiempo. Por confluencia de intereses, por necesidad o conveniencia mutua de los dos actores principales. Al PSOE le urgía intentar demostrarse a sí mismo, o a la parte de sí mismo que se ha enfrentado consigo misma, que la abstención no era sólo la única alternativa posible, sino también una salida útil. Al Gobierno le acuciaba la necesidad de adaptarse minimizando los daños al medio hostil de la minoría mayoritaria, acaso también de "escoger" oposición y alejar al PSOE de Podemos, o incluso de tratar de atizar las discordias y ahondar la brecha que ha partido por dentro a los socialistas. Ahí se han encontrado, paradójicamente. En un sitio intermedio donde la nueva jerarquía del PSOE presumirá de haber arrastrado al PP hacia la renuncia a algunos de sus postulados básicos y el PP de ser haber sabido ser flexible para llegar a acuerdos. El caso es que se ha empezado a desmontar la ley educativa y la de seguridad ciudadana, que los populares aceptan sentarse a discutir un pacto por la educación y que vienen de intercambiar, este jueves, la subida del salario mínimo y del margen de déficit de las comunidades autónomas por el apoyo al techo de gasto y quién sabe si por los presupuestos.
El resultado es un inicio de legislatura en el que los dos partidos mayoritarios se han reconocido ya varias veces en un lugar al que los dos pueden sacar provecho y que ambos intentan rentabilizar, en varios acuerdos que tal vez apremiaban especialmente a este PSOE roto en el que Pedro Sánchez acaba de iniciar entre multitudes su gira de reconquista. El asunto era buscar pruebas de que aquella abstención que partió el partido era la muela que duele al salir, pero luego cicatriza y cura. El "¿veis como era bueno abstenerse?" nadie lo ha pronunciado así, pero el mensaje va evidentemente implícito hacia los todavía numerosos adeptos del "no es no". Puede que pensaran que coser también era esto. La versión oficial es la conveniencia de hacer una oposición "leal, rigurosa y útil" que ayer agitaba el diputado asturiano Antonio Trevín al explicar la moción socialista para echar abajo la "Ley mordaza" del PP. "Nuestro reto", así apuntaló el razonamiento, "era demostrar que somos un partido que sigue siendo útil, y empieza a haber datos que prueban que sí, que el PSOE empieza a lograr alcanzar objetivos", o que "con un control riguroso y estrecho del Gobierno es posible cambiar las cosas".
El guiño hacia los que siguen siendo críticos con la abstención queda para las entrañas de la fontanería, pero el nuevo clima de entendimiento tiene una inexorable clave interna que la jerarquía socialista necesitaba además articular en torno a cuestiones planteadas como esenciales, poco discutibles en sus filas. La educación, la llamada "ley mordaza", o eso que el argumentario socialista repite una y otra vez desde anteayer: "Es la primera subida del salario mínimo en doce años". En el otro lado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiraba ayer de su especialidad, de la fuerza evidente de los números que dice que "para sacar adelante una ley en una cámara de 350 diputados hacen falta 175 votos más uno. Siempre es mejor que nos entendamos con los que suman y no nos pongamos a buscar el voto marginal", añadía sin citar a Ciudadanos. "La aritmética parlamentaria es más inexorable que la hacendística".
Les van a pitar los oídos, y lo saben. Sobre todo a los socialistas desde dentro y fuera de sus propias filas. Volverá el nunca derrotado fantasma de la gran coalición, en Asturias "pacto del duernu", y en esa clave Podemos ya cuestionó ayer que el PSOE presente como un logro haber arañado unas "migajas" de salario mínimo interprofesional, recordando que la subida del ocho por ciento no llega al nivel de la proposición de ley sobre el asunto aprobada hace unos días. Hay quien lo ve mejor, e incluso aunque desde algún punto de vista se haya identificado a Ciudadanos como interlocutor preferente descabalgado por el Gobierno, ayer el portavoz de la formación naranja en la Junta General del Principado, Nicanor García, veía en el entendimiento un camino que podría haber sido reproducible a este lado del Pajares.
Mirado desde Asturias, "el escenario de Madrid" es, a su juicio, "como mínimo, sensato". Mientras se negocia en el Principado un proyecto de presupuestos que no tiene de su lado más que en solitario al grupo que sujeta al Ejecutivo, mientras todos se invitan a negociar sin resultados visibles y mientras el tiempo se echa encima y el margen de discusión se vuelve cada vez más estrecho, García saluda como ejemplo este ambiente "de diálogo entre las fuerzas que están dispuestas a dialogar y a mejorar en un sentido concreto las condiciones de vida de los españoles y de los asturianos". Debería ser ésta, se cierra el argumento, "la dirección que se debería haber seguido aquí desde el principio" en lugar de la opción por las negociaciones "teatralizadas" -y la versión de Ciudadanos le toma prestado el calificativo a Podemos-, "para no llegar a nada".
Queda tal vez lo más importante, lo que más puede quemar en Madrid y en Asturias, el presupuesto. En el Principado, sin embargo, el Gobierno que preside el presidente de la gestora lo ha negociado hasta ahora de espaldas al PP y ha incluido en la versión final un mínimo guiño a la estrella del repertorio de los populares, el Impuesto de Sucesiones, que no acaba de satisfacer a sus antagonistas. La última valoración del PP asturiano, que siempre ha descartado de entrada el intercambio de apoyos en escenarios parlamentarios distintos, contiene una censura frontal al proyecto presupuestario del Ejecutivo autonómico y, más allá, a su misma actitud en la negociación. El PSOE, asumido su fracaso en la conversación concentrada en la izquierda, ha abierto de palabra la próxima fase a todos aquellos que quieran hacer aportaciones, incluido obviamente el PP, pero aquí ya no caben cambios en la dimensión presupuestaria del tributo sobre las herencias, de suerte que lo más probable es los encuentros en esta segunda fase ya empiecen a pedir cesiones de calado.
