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La crisis demográfica pone en riesgo el octavo diputado de Asturias en el Congreso

El Principado perderá un representante en el Congreso en 2020 si se cumplen las proyecciones de población del INE

La marea del envejecimiento y la demografía regresiva de Asturias está a punto de llegar al Congreso de los Diputados. Si se cumplen las proyecciones de población y es en 2020 cuando vuelven a salir las urnas, el vecindario menguante de la región habrá puesto en serio riesgo el mantenimiento de los ocho escaños que ahora representan al Principado en la Cámara Baja. El traslado de los pronósticos de población recién divulgados a la distribución de espacios en el hemiciclo retiraría un asiento a Asturias y otro a Valencia, sumaría uno a Madrid y otro a Tenerife y aportaría pruebas, en opinión de algún experto, a la convicción de que el sistema de distribución de diputados por provincias también está pidiendo una revisión urgente.

El octavo escaño asturiano no aguantará más si, como ha vaticinado el Instituto Nacional de Estadística (INE), la región pierde otros 30.000 habitantes de aquí a 2020. Sería el equivalente a contar dos veces la población actual del concejo de Villaviciosa, con 1.010.990 habitantes equivaldría a una peligrosa aproximación al millón -cifra que Asturias no toca desde los primeros años sesenta del siglo pasado- y una insólita constatación práctica de que la demografía asturiana tiene algo más que un problema. De confirmarse, además, la circunscripción electoral asturiana bajaría de ocho diputados por primera vez en la reciente historia democrática, que hasta ahora le ha asignado diez representantes de 1977 a 1982, nueve hasta las elecciones de 2000 y ocho desde entonces hasta los comicios del pasado junio. La región también tocaría fondo pues en cuanto a su peso político e institucional.

El escaño de Asturias volaría hacia algún lugar de la España demográficamente próspera, a Madrid o a Santa Cruz de Tenerife, y sería el Principado la provincia más perjudicada en términos de representación política, toda vez que la otra circunscripción que restaría un diputado, Valencia, viene de incrementar en uno su asignación en las pasadas elecciones del 26-J, en detrimento de León. Una vez aplicada al Congreso la demografía-ficción de las predicciones estadísticas del INE, la política-ficción dirá que en Asturias el escaño de menos lo habría perdido la coalición PP-Foro si el nuevo escenario de siete diputados se hubiese aplicado a los resultados de las elecciones de junio. En ese caso, el reparto igualaría a dos a los populares, el PSOE y Podemos y mantendría el representante único de Ciudadanos. Pero el problema, al decir de los especialistas, tiene más fondo. El método de reparto actual de los 350 diputados del Congreso, que asigna un mínimo de dos a cada provincia peninsular e insular, uno a Ceuta y Melilla, y únicamente reparte en función de la población residente los 248 restantes, se habrá quedado obsoleto si se aceptan las tesis de algún experto constitucionalista. Reparando por ejemplo en la paradoja de que, conforme a este criterio, Melilla podría llegar a tener en 2020 más población que Soria, pero un escaño menos, o de que Ceuta también sobrepasaría en habitantes a la provincia castellana en 2021, el profesor de la Universidad de Oviedo Miguel Presno urge la revisión de un sistema que permanece intacto desde la realidad demográficamente diferente de los años ochenta del siglo pasado. Independientemente de modificaciones de mayor calado que en aras de la equidad representativa defienden algunos grupos en el Congreso, con particular intensidad Ciudadanos, él sostiene que "lo razonable sería bajar a uno el mínimo actual de dos" asientos que no está sujeto a la población, precisando que esa reforma no requeriría modificación alguna de la Constitución, que se limita a establecer "un mínimo de escaños por provincia, pero no específica cuántos". "Lo democrático es que los representantes lo sean en proporción a la población", se justifica Presno, asumiendo que ese incremento en el número de diputados asociados a la cifra de habitantes de cada territorio mermaría aun más la representación de las demarcaciones que comparten la penuria de Asturias y tienden a perder vecinos a un ritmo superior a las demás.

La representatividad del sistema vigente de asignación de la representación política lleva un tiempo en entredicho y tiene pendiente de concreción el patrón de la corrección, dado que por ejemplo la reforma electoral está simplemente enunciada en el pacto de investidura suscrito entre Ciudadanos y el PP. La formación naranja, promotora de la iniciativa, ha puesto como objetivo esencial la necesidad de aumentar la proporcionalidad e igualar el valor de los votos independientemente del lugar en que se emitan, pero admite que hay varios caminos para conseguirlo.

En el modelo actual, mientras tanto, Soria ya es la única circunscripción que únicamente cuenta con dos escaños, el mínimo, sin derecho a ninguno adicional por su población. En la España que dibujan las proyecciones del INE, la provincia castellana mantendría la representación pese a tener menos habitantes que Melilla, que sólo podría disponer de un diputado, y Asturias restaría uno para quedar en la teóricamente próxima convocatoria electoral por debajo de Baleares y Las Palmas, que ahora comparten sus ocho, e igualada a siete escaños con Pontevedra, Granada y Zaragoza.

El "sorpasso" de la España demográficamente creciente sobre el sector de la población menguante, que Asturias abandera junto al resto del Noroeste, quedaría materializado de modo simbólico en los cambios del Congreso de 2020: según esta hipótesis, Santa Cruz de Tenerife, que en la situación actual tiene algún habitante y un escaño menos que el Principado, adelantaría a Asturias para pasar a tener un representante más si se cumplieran los vaticinios del INE.

El riesgo de pérdida del octavo diputado es un síntoma de la grave enfermedad de una región a la que el último salto estadístico en el tiempo ejecutado por el INE atribuye un empeoramiento sustancial. Esas cifras, fruto de la aplicación de modelos matemáticos que prolongan hacia el futuro las tendencias demográficas actuales, retirarían a Asturias uno de cada diez de sus habitantes en 2031 y harían que la región rebajase la barrera del millón de vecinos en torno a 2022. Dentro de quince años, dice el oráculo estadístico, Asturias tendrá más de tres muertes por cada nacimiento, exactamente 3,30 -la proporción actual es de 2,13- y seguirá siendo de largo la comunidad autónoma con peor balance entre nacidos y fallecidos y la tercera provincia, tras Zamora y Orense.

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