El gran pacto de Estado contra la violencia de género acordado por PP y PSOE hace tres semanas será presentado este mes de diciembre para su aprobación en el Pleno del Congreso, tras la creación de una subcomisión para analizar las deficiencias que en esta materia vienen detectándose. El pacto fue uno de los frutos del deshielo entre los dos grandes partidos, que propició la investidura de Mariano Rajoy. En un principio, tanto el PP como el PSOE tenían su propia propuesta sobre esta materia, pero han decidido unificarlas. La idea, según indicó uno de los promotores del pacto, el diputado socialista asturiano Antonio Trevín, portavoz en la Comisión de Interior, es "garantizar los medios para la lucha contra la violencia de género independientemente de quién gobierne".
El pacto recogerá diversas medidas y reformas para actuar en diferentes ámbitos. "Por un lado tenemos que coordinar mejor el trabajo policial, tanto a nivel estatal como autonómico, y también la actuación de los diferentes poderes del Estado, con especial hincapié en la administración de Justicia. Los agentes de la Policía y la Guardia Civil tienen que tener conocimiento de las medidas de alejamiento que imponen las sentencias a los agresores. Incluso debe incrementarse la coordinación con Instituciones Penitenciarias, para que se tenga conocimiento puntual de permisos y excarcelaciones de los autores de este tipo de delitos, que deben ser conocidos por los responsables policiales", explicó Trevín.
Otro de los aspectos que abordará el Pacto de Estado es el problema general de la falta de agentes destinados a la lucha contra la violencia de género, que Trevín relaciona con la drástica reducción de las plantillas. "Que haya 20.000 policías y guardias civiles menos en el conjunto del Estado se nota en la lucha contra la violencia de género", aseguró el diputado.
El acuerdo se desplegará en varias vertientes. Por un lado, la seguridad de las víctimas. Por otro, la ya citada coordinación. También se abordará la prevención y la reparación del daño a las víctimas. Con el pacto se pretende además ampliar el reconocimiento de otras formas de violencia, como la trata de personas, las agresiones sexuales o la mutilación genital, en la línea de que lo que determina el convenio de Estambul. Estos delitos pasarían a considerarse como violencia de género.
Trevín añadió que la intención de los grupos es alcanzar un pacto institucional amplio de carácter político y social, que dé cabida además a las organizaciones de mujeres y aquellas entidades que trabajan contra la violencia de género. Una queja general de estas entidades es que se han sentido apartadas en los últimos años.
Recortes
Y una vertiente importante será el seguimiento del pacto, de forma que se evalúen las cuantías en presupuestos para afrontar las decisiones que se tomen. "Se trata de unas políticas que más recortes ha sufrido en los últimos años y hay que recuperar esa disminución de fondos", estimó Trevín. El presupuesto para luchar contra la violencia de género es actualmente un 16 por ciento inferior al que dedicaba el Gobierno de Zapatero. En 2012, se recortó un 26 por ciento.
El diputado socialista asturiano hizo hincapié en la necesidad de concienciación, que enlaza con la vertiente de prevención del pacto. "Sigue siendo un problema reducido a la intimidad de la vivienda y existe la necesidad de romper ese círculo vicioso", indicó. Según Trevín, el pacto pondrá el acento en la difusión del problema y el desarrollo de sistemas de apoyo a las mujeres que sufren la violencia, de forma que puedan recuperar sus vidas.
Buena parte de las medidas que se incluirán en el acuerdo entre PP y PSOE pueden encontrarse en documentos como el elaborado este año por la Junta de Andalucía, una de las entidades proponentes del Pacto de Estado.
