"Es una nueva cortina de humo para embarullar la realidad y camuflar la inoperancia y el derroche que han llevado a Asturias a perder casi el 70% de los fondos mineros que se deberían haber invertido en la región". Esta es la valoración que hace Ramón García Cañal, diputado asturiano del PP, de la demanda judicial que ha emprendido el Gobierno regional para reclamar al Ministerio de Industria 21,5 millones de euros de las partidas de reactivación de las Cuencas. Y es que, según indica, "la gran mayoría de los convenios que ahora se exigen corresponden al primer Plan de la Minería (1998-2005), con un horizonte de financiación que finalizaba en 2006 y 2007, pero que la torpeza del Principado ha hecho que algunos estén todavía en ejecución y otros ni siquiera hayan comenzado". Es más, el parlamentario subraya que" aunque gran parte de esos mismos convenios se firmaron cuando ya había concluido aquel primer plan, y aunque otros fueron renovados posteriormente, llegaban como mucho hasta 2011, pero ninguno se finalizó ni se justificó ante el Instituto del Carbón en ese plazo".

Cañal se detiene en el caso concreto del polígono industrial de Cabañaquinta, que, según indica, tenía un plazo de finalización establecido en 2004 y para el que posteriormente se firmó un convenio para su ejecución por valor de 2,7 millones de euros. "¿Quién es el responsable de que a fecha de hoy el polígono no se haya ni iniciado a pesar de tener disponible la financiación?", se pregunta el parlamentario, que también, y entre otras actuaciones, se interroga por las causas de que "diez años después de su tramitación inicial de los convenios de redacción de los proyectos de los polígonos de Degaña y Caso éstos sigan sin iniciarse". A su juicio, se trata de la "incompetencia y la nefasta actuación de los socialistas" que "han frustrado lo que fue una buena idea" para las comarcas mineras. Y a este respecto cita el informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado, que constata la gestión "poco eficiente", el "bajo grado de ejecución presupuestaria", la "lentitud" y la ausencia de una "contabilidad específica de los gastos", algo que "impide conocer y considerar las desviaciones de financiación a nivel individual de cada proyecto".

Otra cuestión que pone de manifiesto Cañal sobre la reclamación judicial del Principado, es que la Administración autonómica "no dice la verdad" cuando afirma que ha ganado el contencioso planteado para reclamar al Estado hasta 213 millones de euros de los fondos mineros. "Lo que dice el fallo, tal y como marca la abundante jurisprudencia al respecto, es que los convenios deben ser cumplidos en sus términos por ambas partes", subraya el parlamentario popular. "El Gobierno siempre apela a la sentencia de octubre de 2013 que dice que ha ganado, pero a pesar del tiempo transcurrido desde entonces no ha planteado la exigencia de su ejecución, y, ahora, para embarullarlo todo insiste en contenciosos para diferentes convenios que, en teoría y según sus planteamientos ya tiene ganados", sentencia García Cañal.