El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró ayer que el Gobierno no va a "rescatar" las ocho autopistas de peaje en quiebra, pero que se ve obligado por ley a asumir su gestión. En todo caso, afirmó que el coste de la responsabilidad patrimonial que deberá abonar a sus concesionarias por la inversión que realizaron para construirlas será inferior a los 5.500 millones calculados por la patronal de la construcción Seopan.
Además de la AP-63 de Ocaña a La Roda, han quebrado las radiales de Madrid, la autopista que une la capital de España con el aeropuerto de Barajas, la vía Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera.
La ruina de estas autopistas de peaje, la mayor parte de ellas impulsadas cuando Francisco Álvarez-Cascos estaba al frente de Fomento, se explica fundamentalmente en tres factores: unas previsiones de tráfico muy por encima de las reales; errores de bulto en las expropiaciones, que derivaron en sentencias judiciales a favor de los propietarios que han incrementado los costes hasta en un 600%, y la existencia de vías alternativas paralelas y totalmente gratuitas.
"No hay decisión política de ningún tipo sino una obligación de cumplir la ley", subrayó De la Serna, para quien "lo único que hace el Estado es garantizar que el usuario de una autopista, al día siguiente de que quede disuelta por una cuestión que forma parte de un procedimiento concursal, pueda seguir circulando". Así, añadió que esta circunstancia es fruto de "un procedimiento judicial que concluye en un proceso concursal y acaba en una liquidación". "Una vez que se disuelve la empresa que la gestiona, el gestor es el titular de la infraestructura, en este caso, el Estado", explicó el titular de Fomento.
El coste, defendió Íñigo de la Serna, "será muy inferior de lo que le hubiera supuesto al Estado hacer estas autopistas para que hubieran estado en funcionamiento este tiempo". Sin embargo, apuntó que adelantar una cifra en estos momentos es "complejo".
