La defensa de José Ángel Fernández Villa presentó ayer un nuevo recurso en el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo en el que solicitó la nulidad del examen neurológico que se le realizó al exsindicalista y que se suspenda la declaración ante la juez el próximo 12 de enero. La letrada Ana García Boto, que asegura que se han vulnerado todos los derechos fundamentales de Villa, ha pedido el sobreseimiento de la causa por demencia sobrevenida de su representado y, en todo caso, un nuevo examen pericial que, afirma, sería el tercero.
La abogada del exlíder minero mostró su disconformidad con la decisión de la juez instructora, la magistrada Simonet Quelle, de llamar a declarar a Fernández Villa basándose únicamente en el informe del neurólogo Alfredo Robles Bayón, y más cuando está pendiente de resolver por la Audiencia Provincial un recurso de apelación que había interpuesto previamente. Si la resolución es favorable a sus intereses, la defensa entiende que quedarían anuladas todas las pruebas posteriores.
El recurso de García Boto también se refiere a las dificultades con las que se encontró para entregar por medio digital (Lexnet) un nuevo recurso y otro informe pericial del neurólogo Bernardino Blázquez Menes y que, pese a hacerlo a tiempo, no fue entregado a todas las partes personadas en la causa. Sin embargo, al día siguiente se rechazó el archivo de la causa y se fijó la declaración del exsindicalista, sin que tampoco se llamara al perito de la defensa para contrastar el contenido del informe pericial, cuando sí se había hecho con el perito de la acusación.
La defensa también se muestra contraria a las indicaciones establecidas por la magistrada para tomarle declaración a José Ángel Fernández Villa, exsecretario general del SOMA que ahora le acusa de un presunto delito de apropiación indebida. La juez estableció que el interrogatorio se debe realizar bajo determinadas premisas, con preguntas simples, sin presión y garantizando un tiempo para la respuesta y su descanso mental.
La letrada García Boto entiende que la legislación ya establece cómo se deben realizar los interrogatorios e incide en que en otros casos similares de demencia sobrevenida, la decisión se resolvió con el informe del forense confirmando la existencia de la enfermedad y evitando llegar a juicio. Esta situación sería un acto de "encarnizamiento judicial", cuando la legislación lo que establece es la protección de las personas una vez que se demuestra que está enfermo.
Según el examen neurológico realizado por el doctor Blázquez Menes y aportado por la defensa, Villa no podría recordar las instrucciones de su abogada; su estado mental no le permite leer ni comprender la querella a la que se enfrenta por contener numerosos datos económicos y de auditoría y tampoco sería capaz de entender ni recordar las declaraciones de otros testigos para defenderse. La letrada Ana García Boto propone a la magistrada que, si tiene dudas sobre cuál informe neurológico es el que más se ajuste a la realidad, nombre un tercer perito que delibere con los otros dos y que emita un informe de conclusiones propias.
