La defensa de Villa está dispuesta a agotar todos los medios a su alcance para evitar que el ex secretario general del SOMA se siente siquiera ante la jueza que instruye la demanda por apropiación presentada por el sindicato. El pasado día 21, la magistrada Simonet Quelle Coto acordó tomar declaración a Villa con todas las garantías posibles en atención a la enfermedad neurológica que padece. La cita se fijó para el próximo jueves, día 12, pero la defensa de Villa presentó otro recurso de reforma y subsidiario de apelación (y ya van once, según la jueza) frente a esa decisión, solicitando el sobreseimiento por demencia sobrevenida de su cliente, así como la anulación del examen realizado por el doctor Alfredo Robles Bayón, en el que la jueza se basó para ordenar la declaración del investigado, entre otras cuestiones.
La jueza acaba de rechazar esas alegaciones -de nuevo-, pero al tratarse de un recurso de apelación, necesariamente tiene que ser valorado ahora por la Audiencia Provincial, de forma que, al final, la defensa ha conseguido su objetivo: suspender la declaración prevista en tanto el órgano superior decide qué hacer. Ya es la segunda vez que la defensa consigue retrasar una declaración de Villa previamente establecida. Hace justo un año consiguió evitarla al alegar que el exsindicalista no estaba en condiciones de prestarla. A estas incomparecencias hay que sumar el plantón al doctor Robles Bayón del pasado mes de noviembre, aduciendo que no se le había comunicado la cita con el neurólogo.
Para la jueza, los argumentos esgrimidos por la defensa de Villa "carecen de toda fundamentación jurídica y por lo tanto no procede más que su desestimación". Boto planteó una vez más la anulación de la última prueba neurológica, aduciendo que la misma se había ratificado antes de que la Audiencia se pronunciase sobre su legalidad. La jueza vuelve a desestimar las pretensiones de la defensa, al señalar que no concurre causa de nulidad. Boto también pidió anular la comparecencia aduciendo que el auto que la establecía se dictó sin haber sido trasladados a las partes contrainformes sobre el estado de salud realizados por el neurólogo Belarmino Blázquez Menes y el psiquiatra Julio Bobes. La jueza responde que los citados informes, que califica de parte, podrán presentarse en el juicio. Boto también planteó que la forma en que se ha planteado el interrogatorio de Villa -le serán formuladas preguntas sencillas y no se tomarán en cuenta aquellas respuestas incoherentes- vulnera el derecho de defensa. La letrada se pregunta quién valorará si las respuestas son incoherentes, y añade que si el investigado no está en condiciones de declarar debe suspenderse el procedimiento. En este último punto, la jueza se remite al informe del neurólogo Robles Bayón. La letrada también se refiere a las decisiones de la jueza, que considera que han sido tomadas de forma "errónea, con desacierto, introduciendo innovaciones en la Ley". La jueza tan solo responde que ninguna de sus decisiones ha sido revocada por la Audiencia. Eso sí, condena a Villa a pagar las costas, de nuevo.
