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Los partidos discrepan sobre la vitalidad y los modelos de reforma del Estatuto

Podemos pide "un proceso constituyente" y un reconocimiento de derechos que el PSOE cuestiona, y la derecha pone menos énfasis en el cambio

La discordia política, esa que frustró todas las tentativas de reforma profunda del Estatuto de Autonomía del Principado, siempre vuelve cuando la pregunta habla de la vitalidad de la norma básica de la comunidad autónoma, del balance de su desarrollo normativo o de la hipótesis de su renovación. A punto de redondear 35 años de vigencia oficial -se publicó en el BOE del 11 de enero de 1982-, la cirugía aguda del Estatuto está en los márgenes de las prioridades de la agenda política y las interpretaciones sobre su necesidad varían en función del color del diputado que la valore. Después de varios trenes de reforma perdidos por falta de acuerdo, hay en la Junta de 2017 concepciones divergentes sobre la necesidad de la reforma, su grado de intensidad, su alcance...

En el método de la actualización y en el análisis de la vitalidad de la norma colisiona, por ejemplo, el balance "negativo" de Podemos con la interpretación del PSOE sobre "una norma que ha permitido sensata y razonablemente tener instituciones de autogobierno y un desarrollo legislativo razonablemente aceptable". El portavoz socialista en la Junta, Fernando Lastra, invita a "no atribuir a insuficiencias del Estatuto las dificultades que ha tenido la gestión y la relación política" y acepta el nivel de progreso que Asturias ha conocido a impulsos de su Estatuto sobre todo teniendo en cuenta que todo eso dependía "de los consensos, de los equilibrios y de la composición parlamentaria". Puesto ante la hipótesis de la reforma, Lastra abogaría por una fórmula de dimensión "más práctica", por dirigir la discusión hacia la gestión de las competencias de la autonomía y a la identificación de las disfunciones en esa gestión, pero siempre después de que sea la Constitución la que delimite con claridad las prerrogativas que asume el Estado y las que pueden ejercer las comunidades autónomas.

El discurso del PSOE se aleja así, conscientemente, del abordaje que considera "más conceptual", entendiendo por éste el que abrazan algunos de los grupos de su izquierda cuando señalan hacia la necesidad de incluir en la renovación el blindaje estatutario de un bloque de derechos subjetivos. En Podemos, el responsable de relaciones institucionales, Lluis Miguel Orviz, prefiere hablar de la necesidad de emprender todo "un proceso constituyente" que defina un bloque de derechos fundamentales y delimite competencias. Que aclare, concreta el dirigente, "qué derechos sociales están por reconocer, o qué competencias son necesarias para que nuestra situación económica mejore". Que se reconozcan explícitamente esos derechos sin definir, y cita los lingüísticos, o que los asturianos definan, "desde abajo", "cuál es el grado de competencias que quieren asumir". Orviz remata el argumento fundamentando esa necesidad en una mirada al pasado y a la convicción de que en estos 35 años de autonomía "los sucesivos gobiernos del PSOE, incluso con el beneplácito del PP, nunca creyeron realmente en la autonomía asturiana, asumieron todas las competencias que les venían impuestas y así es como Asturias ha estado siempre en el furgón de cola, porque nunca se quiso estar en la locomotora".

Poco complaciente sin llegar a esos extremos, en la valoración del portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, va por delante la constancia de que el Estatuto sirvió en su origen "para el reconocimiento de la comunidad autónoma, para la puesta en marcha de sus instituciones políticas, y para acercar la política a los ciudadanos". El desmarque de Asturias de la oleada de reformas en otras regiones también le hace pedir, no obstante, "participación y decisión democrática" en su reclamación de "una reforma estatutaria que tenga en cuenta la consolidación de los derechos sociales y de sus instituciones" y recupere así "la ilusión y la confianza de los ciudadanos en las instituciones autonómicas".

El énfasis en la reforma desciende a medida que se abandona la izquierda del hemiciclo. La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, la menciona al plantear que cualquier tentativa reformadora reclama una reflexión previa para "saber qué queremos reformar", de suerte que se tengan "objetivos concretos y claros. Las normas que marcan nuestra convivencia colectiva deben servir para todos y mantener un elevadísimo nivel de consenso, por no decir de unanimidad", apostilla Fernández después de calificar el Estatuto de "instrumento útil y eficaz".

En la versión de Ciudadanos, su portavoz parlamentario, Nicanor García, coincide en la sentencia sobre "un buen instrumento de regulación" que "a estas alturas", no obstante, está pidiendo "algún retoque". Se refiere a los que específicamente exige la propuesta de reforma electoral que la formación naranja ha llevado a la Junta, previo consenso con PSOE e IU, con el propósito de que "que se elija a los diputados mediante un mecanismo más proporcional en el que los votos tengan el mismo valor en toda Asturias". Añade su propuesta de suprimir aforamientos o modificación del régimen de incompatibilidades y abre una puerta a la esperanza sobre la posibilidad de alcanzar, esta vez sí, el consenso político que demandan esos cambios. A la vista del resultado de la reciente negociación presupuestaria y de la capacidad para el pacto en el Congreso de los Diputados, García dará por cierto que "la situación ha cambiado. Hay una mentalidad mayor de diálogo y consenso, otra cosa es que finalmente se logre".

En todo este proceso "el Estatuto no es el problema", concluirá la presidenta de Foro. Para Cristina Coto, la norma "no sólo ha hecho posible la convivencia y el desarrollo político, social y económico de Asturias, sino que también ha reforzado nuestra identidad, con la recuperación de nuestras instituciones y nuestros símbolos históricos". El problema, así las cosas, no está en el texto de 1981, sino en "la falta de respeto a los principios de igualdad y solidaridad entre los territorios de España, lo que ha propiciado, por ejemplo, esfuerzos inversores por parte de sucesivos gobiernos de España mucho mayores en otras comunidades autónomas". Y "no tolerar esas discriminaciones" ha de ser, remata, "la preocupación de un presidente del Principado responsable".

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