11 de enero de 2017
11.01.2017

Rebaja de pena por el atasco judicial de 1.200 días en un caso

La fiscal recorta un año su petición de cárcel a dos acusados de inmigración ilegal y retira cargos a otros seis por la demora

11.01.2017 | 01:58

Mil doscientos días. O lo que es lo mismo, tres años y medio, desde septiembre de 2011 a julio de 2015. Eso es lo que estuvo parado un caso de inmigración ilegal en el Juzgado de Pravia. La Policía avilesina inició la investigación de este caso en 2006, pero no llegó a juicio hasta ayer, en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo. Las demoras en la instrucción del caso -no se movió un solo papel en tres años y medio- coincidieron con la estancia en Pravia del magistrado Luis Cuadrado, que suscitó algunas quejas por sus bajas y excedencias. El resultado no ha podido ser más beneficioso para los acusados. La fiscal Belén Rico se ha visto obligada a retirar los cargos contra seis de los acusados, vecinos de Cudillero y Avilés, a quienes se atribuía haber realizado falsos contratos de trabajo para que marroquíes solicitasen permisos de estancia en el país. Uno de los letrados de las acusaciones, Enrique Fernández, defendió que los hechos habían prescrito, y la fiscal no tuvo más remedio que darle la razón.

Y en el caso de los cabecillas de la red, los marroquíes Malika E. y Said B., el ministerio público redujo a un año su petición de condena inicial de seis. Evidentemente, los dos acusados, defendidos por Miguel Fernández Arango, decidieron aceptar ese año de prisión, así como el pago de una multa de 720 euros. Los acusados crearon una red para traer a España a compatriotas. El hombre trabajaba en la pesca y la agricultura en Cudillero, y fue allí donde consiguió el apoyo de siete vecinos, que, quizá poco conscientes del alcance de lo que estaban cometiendo, se brindaron a estampar su firma en los contratos, solo con la intención de ayudar. Ha pasado tanto tiempo desde los hechos, ocurridos en 2003 y 2004, que uno de los siete asturianos acusados inicialmente falleció, de forma que en el banquillo se sentaron seis.

Said B. tiene permiso de residencia permanente en España, pero va a ser condenado a un año de cárcel, motivo por el que la administración puede abrirle un expediente de expulsión. No ocurre lo mismo en el caso de Malika E., que tiene la doble nacionalidad marroquí y española.

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