El Estatuto de Autonomía de Asturias fue publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de enero de 1982. Ayer hizo 35 años que oficialmente Asturias es comunidad autónoma. Otro día 11, pero de junio de 1979, se había iniciado el proceso autonómico con la firma de un pacto político en el que todos los partidos con representación parlamentaria se comprometían a impulsar el proceso autonómico.
Dos años y medio para el cocinado del Estatuto asturiano, aunque los últimos veinte meses (abril de 1980 a diciembre de 1981) el texto autonómico hubiera deambulado por instancias parlamentarias madrileñas a la espera de su tramitación y estudio por la Comisión Constitucional.
El artículo 1.2 del Estatuto de Autonomía determina que la comunidad autónoma se denomina "Principado de Asturias". Hoy parece obvio pero pocos conocen que sobre el nombre de la comunidad hubo discusiones parlamentarias de amplio calado. Se barajaron al menos cuatro opciones.
Una de ellas, Principado de Asturias, es la que finalmente fue elegida. Pero el nombre gustaba muy poco a los representantes del Partido Comunista de Asturias. Y tardó en calar, una vez elegida y aprobado el Estatuto, entre la ciudadanía.
La segunda alternativa era denominar a la comunidad autónoma como Junta General del Principado, atendiendo al nombre de la institución que representó a los concejos de Asturias desde el siglo XIV hasta 1835.
La tercera posibilidad era la denominación de Consejo Regional de Asturias, casi coincidente con el nombre de la institución republicana durante la guerra civil, con vigencia en Asturias y León. También coincidía con la denominación del ente preautonómico.
La cuarta opción era el nombre de Asturias a secas. Lo planteó sin éxito el PCA como enmienda en la Asamblea de Parlamentarios y Diputados Provinciales, el organismo que votó finalmente el texto del Estatuto.
Esa asamblea estaba compuesta por los parlamentarios regionales y por aquellos que representaban a Asturias en el Congreso y el Senado. En total, 44 entre diputados, senadores y diputados provinciales. Tan sólo cinco mujeres en los escaños: las socialistas Ludivina García Arias y Nelly Fernández Arias; las comunistas Conchita Valdés y Laura González, y Carmen Ortiz Durán, de UCD.
Con una ausencia, el Estatuto de Autonomía fue aprobado en Asturias por 41 votos a favor (los 19 de UCD, los 17 del PSOE y los 6 del PCA) y dos en contra, que correspondieron a los diputados de Coalición Democrática (CD): Juan Luis de la Vallina y Francisco Álvarez-Cascos. Aquel "no" tuvo mucho que ver con la desaparición de la Diputación Provincial de Asturias, que CD (embrión de lo que después sería AP y, finalmente, el PP), quería mantener a toda costa.
Los diputados de la derecha también defendían que el Estatuto fuera refrendado en referéndum y que se rigiera por la vía del artículo 151 de la Constitución Española. Al 151 se oponían sin ambages los 19 representantes de UCD.
El gran debate del nombre de la comunidad tuvo lugar entre los meses de junio y diciembre de 1979 en la llamada Comisión de los Ocho, cuyos integrantes -pertenecientes a los cuatro partidos con representación parlamentaria- defendieron diferentes opciones. Uno de aquellos "padres del Estatuto", el socialista Bernardo Fernández, está convencido, 35 años después, de que "se acertó con el nombre, me sorprende el grado de arraigo que tiene en la sociedad asturiana la palabra Principado".
La decisión tomada en Asturias respecto al nombre de la comunidad no fue cuestionada en las Cortes Generales, pero para muchos la conjunción de las palabras "presidente" y "Principado" era un contrasentido.
Si hubo polémica con el nombre no la hubo con la sede. El artículo 5 establece que "la sede de las instituciones del Principado de Asturias es la ciudad de Oviedo, sin perjuicio de que por Ley del Principado se establezca alguno de sus organismos, servicios o dependencias en otro lugar del territorio".
Fue la opción elegida. El nombre entronca con el régimen monárquico, ya contemplado desde 1978 en la Constitución. Desde sectores parlamentarios de la izquierda asturiana había reticencias por esa razón. Desde el resto de los escaños se aludió a la necesidad de no renunciar a seis siglos de Historia.
