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El calvario de la jueza De Lara

Crecen las críticas, incluso de la judicatura, a la instructora de "Pokémon", con nueve causas abiertas y ningún condenado

Pilar de Lara. MIKI LÓPEZ

La filtración del informe de Vigilancia Aduanera en el que se vierten graves insultos contra la jueza Pilar de Lara -un magistrado llega a referirse a ella como "loca y torpe"-, lejos de generar una ola de solidaridad hacia la instructora del "caso Pokémon", ha profundizado aún más las críticas hacia esta magistrada vinculada a Gijón. Y es que algún magistrado gallego ha llegado a deslizar que el informe del servicio dependiente de la Agencia Tributaria estaba hecho para ser difundido en los medios de comunicación, y ha resaltado la estrecha relación entre el Juzgado y Vigilancia Aduanera. Parece haberse abierto la veda contra una magistrada que hace unos años era alabada como el azote de la corrupción en Galicia y a la que ahora se echa en cara que no termine de cerrar las investigaciones que tiene en curso, con el consiguiente daño para las decenas de políticos -de todas las tendencias- implicados en sus casos. De las diez grandes causas abiertas por De Lara, nueve están abiertas, y no hay ningún condenado. Hay 200 cargos políticos investigados, a los que hay que sumar funcionarios de todo tipo y empresarios. Por contra, hasta ocho piezas separadas del "caso Pokémon" han sido archivadas, una de ellas en el Juzgado número 3 de Avilés.

Sólo el exjuez Baltasar Garzón y la secretaria general de Igualdad de Galicia, Susana López Abella, han salido en defensa de la magistrada. Garzón indicó que es necesaria una protección frente a los ataques que la jueza está recibiendo, y López Abella tildó de lamentables las descalificaciones a la magistrada. Entre sus compañeros jueces, sin embargo, algunos han indicado que, de lo filtrado de las conversaciones grabadas por Vigilancia Aduanera, no se desprende ninguna amenaza a la jueza, tal como sostiene el servicio en su informe. Hay quien expresa temor a lo que haya podido estar grabando Vigilancia Aduanera, y quien critica un supuesto afán de espectáculo de la jueza.

"Todo el mundo dice que empezó bien, que era muy laboriosa, pero ahora la opinión general es que ha perdido la cabeza y que no deja de hacer barbaridades e incluso ilegalidades, sobre todo en lo que se refiere al derecho de defensa", indicó un magistrado. Ya no se trata sólo de la psicosis que se ha instalado en Lugo, donde nadie se cree libre de que le estén grabando las conversaciones. "El problema es que un juez no puede erigirse en fiscal o policía. No se puede extender la tinta de calamar hasta los extremos que lo está haciendo, ni imponer la pena de banquillo de la forma que lo está haciendo", añade el mismo magistrado. El Consejo del Poder Judicial jamás podrá entrar en cuestiones procesales, pero hay magistrados que vaticinan que terminarán "cogiendo" a De Lara por el tema de "las escuchas indiscriminadas". Y es que, según indican, ha llegado a ordenar que se grabe a jueces.

Los abogados gallegos presentaron una queja contra la jueza ante el Consejo General del Poder Judicial por un registro en el despacho del abogado Carlos Seoane, que defiende al exalcalde de Ribadumia "Nené" Barral, investigado por blanqueo de dinero, y la Fiscalía Superior de Galicia ha abierto diligencias preprocesales. Los fiscales ya han expresado en alguna ocasión su crítica a la dilación del "caso Pokémon". "La mejor manera de no llevar nada es querer llevarlo todo", indicó el actual fiscal superior, Fernando Suanzes, y el anterior, Carlos Varela, advirtió de los "ingobernables" de algunas macrocausas.

En la queja antes citada de los abogados gallegos, éstos exigían celeridad en el "caso Pokémon", que mantiene en vilo a decenas de políticos de Galicia, Asturias, Cataluña, Madrid y Orense. Los abogados sostienen que la causa dura ya cinco años y vaticinan una cascada de nulidades.

Incluso el presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido públicamente a De Lara que agilice la causa de "Pokémon". Ni siquiera Feijóo se ha librado del celo de una jueza que ha puesto contra las cuerdas al sistema en Galicia. Recientemente pidió al Tribunal Supremo la imputación del presidente gallego por aceptar supuestamente -como el exministro José Blanco- vinos caros de regalo por parte de un empresario.

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