Una residencia de la tercera edad del barrio ovetense de Montecerrao ha sido condenada por no poner los medios para impedir el suicidio de un interno que sufría de depresión y demencia. El hombre estaba ingresado en la unidad psicogeriátrica del centro, y a pesar de que había anunciado su deseo de quitarse la vida, pudo salir del área en la que estaba confinado, subir a un ascensor y acceder a la terraza, desde la que se precipitó al vacío el 29 de julio de 2013.
La sección cuarta de la Audiencia Provincial acaba de condenar al centro al pago de una indemnización a su prima política -cuyos intereses defendió el despacho ovetense Tejón y Areces-, que era la que le cuidaba y a la que se consideró perjudicada. El Juzgado de primera instancia número 6 de Oviedo había rechazado el pasado mes junio que se hubiese producido una negligencia por parte del centro geriátrico, pero la Audiencia revoca esta sentencia y declara la responsabilidad de la residencia.
El fallo resalta que, si el anciano pudo suicidarse, fue "debido a que el personal de la entidad residencial no cumplió con el debido control y supervisión del residente, respecto de quien conocían el grave deterioro físico que presentaba, sabían de su desinterés y cansancio por la vida, así como que había manifestado en ocasiones sus deseos de muerte y su intención autolesiva, siendo de presumir que pudiera observar una conducta suicida por más que no lo declarase abiertamente, pues son sobradamente conocidas las reacciones sorpresivas que acostumbran a observar estas personas".
Tomando como base una sentencia del Supremo, la Audiencia estima que se ha producido una omisión del deber de control, ya que "el deber asistencial del centro ha de cumplirse teniendo en cuenta las circunstancias que cada uno de los residentes exige. No es que tengan que tener una persona continuamente a su lado, sino que debe tenerse un control de donde se hallen. La omisión de ese control facilitó que el residente pudiese acceder a un lugar desde donde materializó su tendencia autolítica".
El anciano se había trasladado al centro en diciembre de 2012. La residencia le consideró apto para ocupar un apartamento, donde podía realizar una vida independiente, salvo en lo referente a la limpieza y el control de la medicación. Sin embargo, a comienzos de 2013 comenzó a evidenciar una conducta apática, dejó de comer y de tomar la medicación e incluso mostró interés por abandonar el centro residencia. En febrero de 2013, pasó a ocupar una habitación residencial, con mayor control del personal.
El informe de una médico del centro recoge "una situación claudicante y de abandono personal del paciente", con "ideación autolítica" y cuadro depresivo, motivo por el que, el 1 de marzo de 2013, el residente fue trasladado a la unidad de psicogeriatría, de tipo confinado, a fin de mantenerlo supervisado "para evitar autolesión". En ese área de instalaba a las personas con deterioros psíquicos importantes y también a los incapacitados judicialmente -aunque éste no era el caso del residente que luego se suicidó-, todos con tiempos reducidos de salida del área.
El 4 de marzo y el 12 de abril de 2013, el anciano fue trasladado al HUCA, donde, aunque no manifestó expresamente su deseo de matarse, sí se evidenció la gravedad de la depresión que padecía.
